PRENSA INTERNACIONAL
Noviembre 29, 2004
 

Aprobada en Venezuela "ley mordaza"

Martinoticias.com, 26 de noviembre del 2004.

El pasado miércoles el parlamento venezolano aprobó una polémica ley que regula el contenido de las transmisiones de los medios audiovisuales.

Llamada "Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión", la pieza legislativa consta de 35 artículos y fue apoyada y aprobada solo por mayoría oficialista adepta al régimen de Chávez.

La nueva reglamentación se mantuvo en discusión en la Asamblea Nacional por casi tres años. Tras su aprobación, varios legisladores chavistas dijeron que "democratizará" a los medios, mientras que la oposición afirmó que "amordazará" la libertad de expresión.

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch (HRW), alertaron que peligra la libertad de expresión en Venezuela, país que durante los últimos cinco años viene enfrentando una alta inestabilidad social y política.

En un comunicado de HRW, José Manuel Vivanco, Director Ejecutivo de esa organización para las américas, declaró: "imponer una camisa de fuerza a la prensa no es una manera de promover la democracia".

Chávez a acusado a la mayoría de las radios y televisoras del país de practicar el "terrorismo mediático", mientras sus adversarios califican el instrumento legal chavista como "ley mordaza".

La nueva ley crea un "Directorio de Responsabilidad Social" bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el cual se encargará de imponer sanciones y multas.

Como ejemplo de las severas penalidades a las que estarán expuestos los medios radioeléctricos, la ley dice que una emisora podrá ser sacada del aire o se le revocará su concesión para transmitir, cuando los mensajes difundidos "promuevan, hagan apología o inciten" a la guerra, al desorden público, al delito, sean discriminatorios o promuevan la intolerancia religiosa. También habrá sanciones cuando los mensajes sean contrarios a la seguridad de la nación o sean anónimos.

Especialistas consideran que este tipo de causales podrían establecer un terreno subjetivo que permitiría a los censores aplicar sanciones desproporcionadas al usar la ley como instrumento político contra medios y periodistas.

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