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El
peso de la democracia en Cuba
Arnaldo Fernández Díaz.
El
Nuevo Herald, 14 de enero de 2004.
Las conjeturas informativas sobre la caída
del presidente del grupo empresarial Cubanacán
se refieren a cierta ''auditoría general'',
que traería su causa de la obligación
impuesta por el gobierno a las empresas cubanas
de ''cambiar las divisas por pesos convertibles''.
La nota correlativa del Ministerio del Turismo
niega toda ''relación con el mecanismo
de control cambiario vigente, [que] está
funcionando con absoluta normalidad''. De este
modo el funcionamiento de aquel mecanismo permite
acercarse al criterio gubernativo de lo normal
en la economía de la isla.
La resolución 65-2003 del Banco Central
de Cuba (BCC) ordenó a las empresas cubanas
pesificar sus cuentas en moneda dura con arreglo
a la tasa oficial de cambio, que fija la equivalencia
(de suyo anormal) entre el peso cubano convertible
(válido ya sólo dentro del país)
y el dólar. Así el BCC concentró
las divisas y, en consecuencia, las entidades
económicas tienen que comprarle los dólares
necesarios para satisfacer, por ejemplo, las deudas
con proveedores extranjeros. Además de
la comisión bancaria del 1 por ciento sobre
el monto de la operación, semejante compraventa
entraña el trámite burocrático
correspondiente, que retarda todavía más
los pagos a los acreedores.
Al entrar en acción este mecanismo se
pusieron de manifiesto imprecisiones e imprevisiones
que forzaron a tomar medidas de urgencia. Las
empresas mixtas (de capital cubano-extranjero)
no tenían de antemano cuentas bancarias
en pesos cubanos convertibles, y pidieron enseguida
autorización excepcional para abrirlas.
Al momento de concedérsela, quedaron exentas
de pagar la comisión por el cambio, que
para ellas se realiza automáticamente.
Los trámites de transacciones inferiores
a cinco mil dólares se tornaron flexibles,
pero hubo que dictar la resolución complementaria
68-2003 para revalidar las cartas de crédito
emitidas antes de promulgarse la norma básica
cambiaria. No obstante, varias ''instrucciones
transitorias'' del BCC pudieran ilustrar mejor
el criterio de normalidad manejado por el poder
administrativo en la Isla.
La primera puso límites a las cuentas
bancarias bloqueadas como garantía de ejecución
del pago, pero la sexta instrucción permitió
de nuevo usarlas, siempre en pesos cubanos convertibles,
con la advertencia de acelerar los pagos y la
certeza de que las solicitudes de compra de divisas
se tramitarían directa e inmediatamente.
Para otros casos cabría entonces ya sólo
la certidumbre (no la certeza) de inmediatez.
Parecida sospecha se alza frente a la cuarta
instrucción, que establece el procedimiento
de aprobación previa de letras de cambio
por montos superiores a 150,000 dólares.
Sin esta garantía del BCC, las demás
letras pierden credibilidad y se transforman,
también para los acreedores foráneos,
en papel periódico (ampliamente utilizado
dentro de la isla como papel higiénico)
si negocian con clientes que sólo disponen
de pesos convertibles cubanos en sus cuentas bancarias.
Cuba no publica los estados de sus reservas en
divisas. La única compañía
estadounidense de prestigio (Moody Investor Services)
que analiza el manicomio económico de la
isla ha recurrido a la interpretación de
las directivas del BCC para montar el escenario
más probable de la deuda exterior cubana:
impago sempiterno. Tal pronóstico pudiera
desbaratarse con la réplica del canciller
Felipe Pérez Roque al embajador norteamericano
en la pasada sesión de la asamblea general
de la ONU: "Ha dicho que Cuba no paga sus
deudas. ¡Mentira!''.
El gobierno de José María Aznar
ha informado que la isla acapara casi la tercera
parte de la deuda de los estados soberanos con
España. Según la firma CESCE, que
asegura por cuenta del estado las exportaciones,
la indemnización como consecuencia de los
impagos de Cuba sobrepasó los 80 millones
de dólares (2002) y duplicó la erogación
por igual motivo de Argentina, sumida en la profunda
crisis que los expertos de la economía
socialista derivan rectamente de las prácticas
neoliberales. Por supuesto que las empresas cubanas
con buen historial de crédito prosiguen
pagando bien; sólo que aquéllas
de mala paga pueden abroquelarse ahora con la
demora de los trámites dispuestos por el
BCC.
Así como en junio del 2002 se modificaron
los precios al público de infinidad de
productos ofertados por las tiendas que operan
con divisas, sin mediar la participación
de todos los afectados, en julio del 2003 se pasaron
por alto la consulta y la discusión dentro
del ámbito social más amplio posible
para echar a andar el nuevo mecanismo de control
financiero, que desde luego viene concitando numerosas
observaciones críticas de las entidades
económicas.
Algo que debe preocupar mucho al presidente de
la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón,
quien asegura que en Cuba impera la parlamentarización
de la sociedad, mientras "en otras partes
se adoptan medidas que afectan radicalmente a
toda la gente sin cumplir siquiera los rituales
de la democracia formal''.
Abogado y profesor universitario, reside exiliado
en Miami.
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