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El fondo y la forma del
dilema cubano
Por Ricardo Lafferriere. Para
LA NACIÓN.
Argentina, 29 de diciembre de 2004.
¿Puede tener un cerebro humano otro dueño
que la persona que lo porta?
La pregunta viene a cuento del argumento que
la doctora Hilda Molina afirma que se le ha invocado
por parte de las autoridades cubanas para prohibirle
su salida del país: que su cerebro es propiedad
del Estado cubano, atento a la inversión
que éste habría hecho en su desarrollo
o formación.
La sola enunciación de la cuestión
tiene un sabor ultramontano, similar a las caricaturas
que en los 60 se hacían de la Revolución
Cubana por parte de los emigrados de Miami. En
aquella época, quienes hoy transitamos
los 50, generalmente estábamos inclinados
a creer que las acusaciones del exilio cubano
nacían de las ideas ultramontanas de la
derecha norteamericana, que no vacilaba en elaborar
los más reaccionarios "clichés"
para desprestigiar a "la revolución".
Pero ha pasado mucha agua bajo el puente, y la
simpatía que en esos tiempos generaba "la
revolución" en muchos argentinos fue
declinando al compás del anquilosamiento
y la tozudez autocrática del gobierno cubano.
Las contradicciones permanentes que los argentinos
venimos sufriendo desde hace décadas por
parte de Fidel Castro (desde apoyar a la dictadura
militar, hasta habernos estafado en casi dos mil
millones de dólares) han contado con una
opinión pública que por entrañables
razones de afecto con el pueblo cubano, ha estado
inclinada muchas veces a mirar con matices diferentes
al gobierno del Partido Comunista de Cuba que
a las cerradas burocracias autoritarias de Europa
del Este, disimulando sus extravíos y conservándole
algo de crédito.
Cuba, como la Argentina, es firmante de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, la que en
su artículo 13 dispone con toda claridad
que: a) Todos tienen derecho a la libertad de
movimiento y residencia dentro de los límites
de cada Estado; y b) Todos tienen derecho a abandonar
cualquier país, incluyendo el propio, y
el derecho de retornar a su país.
No existe por parte de Cuba reserva a esta cláusula,
que obliga a sus Estados firmantes y genera a
sus ciudadanos la protección internacional.
Es conveniente recordar estas normas de fondo
para evitar que las circunstancias administrativas
de la Cancillería o del juego político
interno lleven a olvidar la base jurídica
del caso internacional.
No puede ignorarse que hay aún quienes
invocan la intangibilidad de la soberanía
y de la propia "autodeterminación"
de los Estados.
Sin embargo, el artículo 75 inc. 22 de
la Constitución al darle rango constitucional
a los tratados de Derechos Humanos, como nuestra
propia Corte Suprema, en su actual composición,
ha sostenido la vigencia supranacional de las
leyes de persecución penal frente a las
violaciones de derechos humanos, en una clara
afirmación de que la "soberanía"
y la "autodeterminación" de los
Estados cede ante la necesidad de construir una
humanidad más respetuosa de las personas.
Ello es así porque el derecho penal actúa
protegiendo bienes jurídicos valiosos y
sería incoherente imaginar la vigencia
de una ley penal sin un bien previamente protegido.
Así lo hizo en el caso "Arancibia
Clavel", ciudadano chileno que participó
en el asesinato del General Prats como integrante
de un organismo parapolicial chileno, aún
frente al recelo de muchos penalistas que temen
cualquier debilitación al principio de
legalidad penal conquistado por la ilustración.
En esta causa, la Corte dejó de lado garantías
individuales de rango constitucional establecidas
por el derecho argentino por entender que existe
un interés superior de la humanidad que
obliga a la protección supraestatal de
los derechos humanos y a la persecución
supraestatal de quienes los violen.
Estos conceptos requieren ser aplicados por el
país como una integridad filosófica
y no como una medida calificada por la ideología,
la simpatía o la conveniencia interna.
* * *
Luego de la dramática experiencia de la
dictadura, nuestro país ha sostenido que
los derechos humanos tienen vigencia universal,
por encima de las soberanías estatales,
y que la humanidad entera puede defenderlos y
reclamar su vigencia, se violen donde se violen.
En esa línea, una de las primeras decisiones
del presidente Alfonsín fue firmar el Pacto
de San José de Costa Rica, que el Congreso
ratificó. Desde allí, la Argentina
ha adoptado una actitud protagónica en
la vigencia de los derechos humanos en el mundo.
Por encima de las desprolijidades diplomáticas,
que aunque importantes no son sustantivas sino
adjetivas, nuestro país ha sido una vez
más burlado por un jefe de Estado que así
como ayer insultó a nuestro presidente
de entonces con una calificación despectiva
porque el país decidió asumir su
obligación internacional de apoyar la verificación
de la vigencia de los derechos humanos en la isla,
a la que está comprometido por tratados
que debe respetar, hoy agravia a nuestro presidente
actual, con quien juega al gato y el ratón
manteniendo una decisión caprichosa ante
una petición humanitaria realizada con
respeto -me atrevería a decir, hasta con
sincera simpatía y admiración por
parte de su firmante- sin importarle en lo más
mínimo no sólo cumplir con su obligación
como jefe de Estado, sino tampoco el daño
político que su actitud pueda ocasionar
a una administración considerada "amiga"
y que ha hecho no pocos gestos para atenuar el
aislamiento latinoamericano autoimpuesto por Castro
a su país.
Al margen de los detalles, el pedido de Kirchner
estuvo en línea con la tradición
argentina. La respuesta de Castro, en línea
con su esencia autoritaria."Strictu sensu",
sin embargo, quizás el gobierno cubano
tenga razón: el procedimiento no debería
ser pedirle como favor que cumpla con su obligación.
Debería ser apoyar ante la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la
vía que los tratados prevén en estos
casos: una inspección de la ONU para que
verifique "in situ" el cumplimiento
o no de obligaciones a las que Cuba se sometió
al integrar el sistema internacional de defensa
de derechos humanos.
Nadie podría sospechar, con los antecedentes
del Presidente, que exista una concesión
"al imperialismo" y sí quedaría
claro que nuestro país habría retomado
su trabajo, su prédica y su lucha para
que los seres humanos sean respetados como el
centro de toda construcción política
o económica en el mundo. Dueños
de su vida, de su destino y de su integridad,
incluyendo su cerebro.
El autor fue embajador argentino en España,
ex senador y ex diputado nacional por el radicalismo.
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