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El Nuevo Herald

Firme la Casa Blanca en mantener el embargo

Rui Ferreira , El Nuevo Herald.

La Casa Blanca emitió ayer una firme advertencia de que vetará cualquier intento legislativo de facilitar las visitas de estadounidenses a la isla, en momentos en que se debate nuevamente una enmienda legal que condicionaría el uso de fondos federales para combatir esos viajes.

''La administración cree que es esencial mantener las sanciones y las restricciones de viajes para retirarle recursos económicos al régimen brutal de Castro'', indicó una Declaración de la Política de la Administración, un documento legal donde usualmente la Oficina Ejecutiva precisa sus intenciones hacia algún material legislativo que este siendo discutiendo en la Cámara o Senado.

En este caso, se refiere a una enmienda que el congresista republicano por Arizona, Jeff Flake, ha vuelto a incluir en las leyes de presupuesto de las secretarias de Transporte y Tesoro, y que limitaría a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el uso de esos fondos para combatir las violaciones por visitas de estadounidenses a la isla.

''Levantar las sanciones ahora, o limitar nuestra capacidad de obligar a su cumplimiento, sería extender una mano de ayuda a un régimen represivo y desesperado a costa del pueblo cubano. Si la versión final de la ley [de presupuesto] incluye una enmienda así, los más altos asesores del Presidente le recomendarán que la vete'', añadió la declaración.

Pero es posible que eso nunca suceda, recordó el representante republicano por el sur de la Florida Lincoln Díaz-Balart. ''Hace tres años que [Flake] hace lo mismo y no ha habido un solo veto'', apuntó.

De hecho, a Flake no le ha sido fácil imponer sus criterios en este sentido. En la noche del miércoles para el jueves, el también congresista republicano sufrió un poderoso revés en el Comité de Reglamento --donde se discuten el lenguaje y los detalles de los proyectos de leyes y enmiendas-- cuando la mayoría de su partido se negó a secundarlo.

''Realmente lo que Flake quería hacer era lograr una autorización para cambiar la ley, no sólo limitar su aplicación'', explicó Díaz-Balart. La diferencia estriba en que un cambio en la ley obliga a su cumplimiento, mientras que limitar su aplicación puede ser negociado y eventualmente retirado del documento en la Comisión de Reglamento.

Al cierre de esta edición aún no se había votado sobre la enmienda, contenida en un paquete de 26 similares referentes a otros temas, lo cual se esperaba ocurriera antes de la medianoche.

En la oficinas de Flake, el optimismo era moderado.

''Este año las cosas son más fáciles. Tenemos también un grupo de política hacia Cuba en el Senado, con el cual se ha mantenido una comunicación fluida y lo cual manda un mensaje claro al Presidente [George W. Bush]. Hay una unidad de intenciones aquí. Si él quiere vetar estos viajes, tendrá que vetar toda la ley'', dijo Matthew Specht, portavoz del congresista.

Según el portavoz, los defensores del levantamiento de sanciones tienen este año una posibilidad, porque además de haber sido aprobado en la Cámara en los años anteriores, esta vez, el número de congresistas favorables se ha reforzado.

''El lenguaje es el mismo, pero tenemos más gente'', dijo Specht.

El Presidente ejercería su veto sólo después que el Senado haya votado sobre la medida. Lo más probable es que una vez aprobada en la Cámara, antes de ser elevada al Senado, en el Comité de Reglamento se llegue a un acuerdo de compromiso.

Este año, se han desplazado por el Capitolio muchos más cabilderos abogando por el levantamiento de las restricciones de viajes y el comercio turístico, en el marco de una lucha por recobrar las pérdidas pos 11 de septiembre.

Según la Asociación de Profesionales de las Industria de Viajes, la cual encabeza los esfuerzos de cabildeo en Washington, D.C., con el levantamiento de las restricciones a la economía estadounidense ingresaría anualmente unos $1,600 millones y se crearían 23,000 nuevos empleos.

''No tiene sentido. ¿Cuándo el gobierno estadounidense terminará admitiendo que la política hacia Cuba no funciona y debe cambiarla?'', dijo Flake.

Es difícil, piensa su colega Díaz-Balart. ''El Presidente está muy firme en esto. No hay dinero enviado al tirano mientras no haya elecciones libres y liberen a los presos políticos'', dijo.

rferreira@herald.com

Fiscal confiado en la condena a anticastristas

Agence France Presse, PANAMA.

El fiscal que acusa al anticastrista Luis Posada Carriles y a otros tres cubanos de planear el asesinato del gobernante cubano, Fidel Castro, en Panamá en el 2001 dijo estar convencido de que serán condenados en el juicio.

''Existen evidencias suficientes para culpar a los acusados de posesión de explosivos, asociación ilícita para delinquir, alteración de documentos y contra la seguridad colectiva'', dijo el fiscal panameño Arquímides Saenz .

Posada Carriles, de 76 años, Pedro Crispín Remón, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, enfrentan este jueves el segundo día de juicio acusados de atentar contra la seguridad interna del estado, posesión ilegal de explosivos y tenencia de documentos falsos.

El atentado iba a ser cometido con una bomba durante la presencia del líder cubano en la Cumbre Iberoamericana realizada en Panamá en noviembre 2001.

El propio gobernante Castro reveló el complot y los cuatro anticastristas fueron arrestados.

Rogelio Cruz, defensor de Posada Carrilles, insistió en la inocencia de cliente y aseguró que demostrará "la patraña de la seguridad cubana, quienes operan libremente en Panamá sin autorización''.

Posada Carrilles aseguró recientemente a la AFP que fue víctima de ''una trampa'' de los servicios secretos de Cuba porque fue inducido a viajar a Panamá para garantizar la deserción de un general cubano, hecho que nunca se produjo.

La fiscalía panameña dijo que solicitó asistencia judicial a Estados Unidos, Cuba, México, Venezuela y Costa Rica que refuerzan las acusaciones contra Posada Carriles y su grupo.

''Tenemos pruebas físicas, pruebas químicas y de campo. Los explosivos (tipo C4) encontrados no fueron introducidos por Fidel (Castro). No cayeron del cielo'' advirtió el fiscal Saenz.

Durante la investigación, se le encontraron a Posada documentos salvadoreños falsos y el explosivo sepultado en un campo baldío, en las afueras de la capital.

El juicio, que concluirá hoy, transcurre con la fuerte vigilancia de unos 200 policías, entre ellos agentes de un escuadrón élite del servicio de protección institucional.

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