REPRESION
Hostigamiento a opositores en toda la isla
LA HABANA, 13 de noviembre (www.cubanet.org)
- Cuando apenas han transcurrido ocho meses de
la última ofensiva de arrestos y encarcelamientos
a 75 defensores de la democracia en Cuba entre
los que se hallan periodistas independientes,
miembros y lideres de la disidencia, el aparato
policial de Fidel Castro lanza otra cruzada contra
el resto de los grupos de la isla.
Desde las provincias de Pinar del Río,
La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey,
Holguín, Ciego de Avila y Las Tunas llega
información sobre actas de advertencia,
amenazas de desalojo, interrupción en las
líneas de comunicación por Internet
y teléfono e impidiendo llamadas directas
o salidas por fax, acoso, chantajes, algunos de
los métodos con que la policía política
intenta callar y eliminar a la oposición.
''Vamos hacer una recogida masiva mayor que la
sucedida en marzo'', advirtió un oficial
a Arsenio Pérez León, delegado municipal
de Habana del Este y miembro del Partido Ortodoxo
Cubano.
León y además, Jorge Luis Matías
Lemus delegado por Pinar del Río y quien
se hallaba de visita fueron amenazados con revocarles
su causa de libertad condicional (por supuesta
piratería y salida ilegal) de continuar
asistiendo a actividades "subversivas".
Igualmente Andrés Nápoles, María
de los Angeles Borrego, Jorge García Torres,
miembros de Hijos de la Virgen de Regla recibieron
recientemente amenazas. Torre fue puesto en aviso
de perder su trabajo de paramédico si continuaba
apoyando las vigilias por los presos políticos
y la reconciliación nacional.
A Juan Fernández Wichy, de Acción
Democrática y firmante del Proyecto Varela,
un agente de la policía le dijo que se
había suicidado con firmar el referendo
de esa iniciativa.
Miguel García, activista pro Derechos
Humanos también fue citado por el Capitán
Eduardo. Mientras Idanis del Rosario Martínez
Martín, de pro Justicia Social, fue conducida
por tres veces a los cuarteles de interrogación
de la Seguridad.
Benito Soler Molina, miembro de Hijos de la Virgen
de Regla y empleado de comunales sufrió
rebaja en su salario y traslado de puesto.
Yolanda Quintana Estupiñán, de
la agrupación Pedro Luis Boitel, fue amenazada
con la Ley 88 por atentar contra la integridad
del país.
Los opositores pacíficos Julia Cecilia
Delgado, presidenta en funciones del Partido Liberal
Democrático de Cuba, y Rogelio Menéndez,
presidente del Movimiento Municipios de Cuba de
Derechos Humanos, fueron citados. La policía
política advirtió a Menéndez
que estaba en libertad debido a una medida cautelar,
pero que sobre él pesan graves acusaciones.
También fueron citados a interrogatorios
Henry Saumell, que encabeza el Movimiento Alternativa
Republicana, promotor de las peñas disidentes,
y su esposa, Yadira García.
Por otra parte, a agencias periodísticas
en la isla, como el proyecto de Nueva Prensa Cubana,
les están bloqueando sus teléfonos
para impedir comunicarse con el exterior. De igual
forma en La Habana han cancelado teléfonos
con llamadas directas al exterior, lo que impide
la comunicación por fax.
En Isla de Pinos el comunicador Carlos Serpa
Maceira presenció el segundo intento de
desalojo de su vivienda, que podría dejar
en la calle a su esposa e hija enfermas.
Severa advertencia fue realizada a la periodista
Claudia Márquez por el lanzamiento de la
revista De Cuba, a quien comunicaron que podría
correr igual suerte de su esposo, Osvaldo Alfonso,
presidente del partido Liberal, condenado a 18
años. También fueron "visitados"
con iguales intenciones intimidatorios los periodistas
independientes Anna Rosa Veitía, Ernesto
Roque, Juan Carlos Linares y Fara Armenteros.
En Morón, provincia de Ciego de Avila,
estuvo detenido el periodista independiente Abel
Escobar Ramírez, y José Alvarez
Castillo fue víctima de un operativo de
la Seguridad del Estado, que le confiscó
cerca de 400 libros y folletos.
Mientras esto sucede, decenas de periodistas
y disidentes encarcelados sufren peor suerte,
y viven en las más deplorables condiciones
humanas, pésima alimentación, torturas
psicológicas, enfermedades y trastornos
por la inadecuada atención médica.
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