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Sanciones
económicas contra Cuba
William Brownfield, Embajador
de los Estados Unidos en Chile. El
Mercurio, Chile, 5 de Noviembre de 2003.
Respondiendo a un pedido del gobierno cubano,
las Naciones Unidas realizó ayer el ritual
anual de considerar "la necesidad de poner
fin al embargo económico, financiero y
comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba".
Los resultados de la votación eran predecibles:
con la excepción de un puñado de
países, los miembros de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas expresaron
su desacuerdo con las sanciones económicas
de los Estados Unidos.
Mi colega diplomático embajador de Cuba
ofreció recientemente sus opiniones sobre
este tema. Por eso, ahora me ha parecido conveniente
ofrecer algunos hechos que pueden contribuir a
poner este asunto en una perspectiva correcta.
En materia de comercio de bienes, Estados Unidos
es el principal socio comercial de Cuba. En los
últimos dos años, empresas de estadounidenses
han vendido más de 250 millones de dólares
en productos agrícolas a Cuba, lo que convierte
a EE.UU. en el mayor proveedor de esos productos
para la isla. Esto ocurre porque no prohíbe
a las empresas o ciudadanos estadounidenses vender
alimentos, medicamentos, equipos médicos
u otros productos relacionados con la salud, productos
agrícolas o educacionales, ni respaldar
a organizaciones no gubernamentales o de derechos
humanos de Cuba.
Además de la lista mencionada, en el año
2002 el gobierno de los Estados Unidos autorizó
a sus ciudadanos a realizar donaciones humanitarias
por más de 143 millones de dólares
y autorizó el envío de fondos privados
a ese país por un estimado de mil millones
de dólares. También es importante
subrayar que Cuba puede comerciar sin impedimentos
con cualquier otro país, y lo hace, importando
anualmente más de mil millones de dólares
en bienes y servicios del resto del mundo.
Finalmente, al abordar las percepciones erradas
sobre la política económica de los
Estados Unidos hacia Cuba, no debemos perder de
vista las razones que sustentan esas políticas.
Hace 40 años, las expropiaciones ilegales
de las propiedades de miles de ciudadanos norteamericanos
efectuadas por el actual gobierno de Cuba, sin
compensaciones a los dueños, motivaron
la instauración de sanciones económicas
contra ese país. Hoy esta política
continúa como parte de una estrategia que
tiene como finalidad fomentar reformas democráticas
sustanciales en Cuba. Como lo demuestran las recientes
falsas elecciones y la represión aplicada
a los disidentes cubanos, las sanciones son todavía
muy necesarias.
El gobierno de Cuba ha restringido sistemáticamente
las libertades que estadounidenses y chilenos
consideran inalienables: las libertades de religión,
educación y de opinión, por mencionar
algunas.
Recientemente, el deprimente historial de Cuba
en materia de derechos humanos ha pasado de malo
a peor. En vez de respetar el interés de
la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas por enviar un representante para
evaluar la situación de esos derechos en
la isla, el gobierno de Cuba endureció
más sus restricciones a la libertad de
expresión, arrestando a aquellos que se
expresan en contra del gobierno.
En marzo de este año, la situación
llegó a su nivel más bajo, en comparación
con otros años, al ser arrestados 75 miembros
de la oposición, entre los que figuran
periodistas, economistas, dirigentes sindicales
y defensores de los derechos humanos. Ellos fueron
condenados a penas de hasta 28 años de
presidio simplemente por expresar pacíficamente
sus opiniones políticas. Ese fue el peor
acto de represión en el hemisferio occidental
en más de una década.
Y eso es lo que el gobierno cubano quiere que
se olvide. Mientras los representantes de Cuba
en el mundo intentan enredar ese tema con una
cortina de humo de retórica estridente
y esgrimiendo datos económicos cuestionables
que apuntan a los Estados Unidos, el gobierno
de la isla dirige una campaña mucho más
insidiosa destinada a acallar las voces de sus
propios ciudadanos.
Espero que los representantes del mundo que apoyaron
la resolución cubana en la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas puedan
reflexionar sobre el privilegio de poder expresar
sus opiniones sin temor a represalias, antes de
que este asunto se someta nuevamente a discusión
el próximo año. El pueblo cubano
perdió ese derecho hace más de cuatro
décadas.
© El Mercurio S.A.P
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