Resolución
sobre derechos humanos en Cuba
Miriam Leiva
LA HABANA, abril (www.cubanet.org) - La resolución relativa a Cuba,
aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 19 de abril,
tiene varios aspectos importantes. Por primera vez los países de Latinoamérica
presentan un documento de este tipo con amplio auspicio, y nación tan
importante en el área como México dejó su tradicional voto
de abstención y pasó al de aprobación.
Se dice que la resolución no constituye una condena al gobierno
cubano pero, aunque la palabra "condena" no aparece, ello no implica
que se hayan asumido posiciones endebles, sino que ha sido un cuidadoso
ejercicio de redacción que permite abordar la situación de los
derechos humanos en Cuba a la vez que brinda posibilidades de adhesión a
gobiernos que pudieran tener dificultades con la utilización de términos
muy directos debido fundamentalmente a los propios problemas en esta materia,
las posiciones de las diversas fuerzas políticas internas o eventuales
compromisos con el gobierno cubano.
Durante años, a medida que el tratamiento de la situación de
los derechos humanos en el mundo cobró importancia en los organismos
internacionales (fundamentalmente en las Naciones Unidas) y se realizaron
reuniones y conferencias especializadas, el gobierno cubano ha pretendido
acomodarlos conceptualmente. Propugnó su tratamiento según las
condiciones características y tradicionales de los países. Este
subterfugio ha sido muy bien acogido por los que tienen problemas de irrespeto y
violaciones de los derechos humanos y que, por tanto, han apoyado esta maniobra.
De ahí que fuera vital la formulación en el preámbulo
de la resolución de que "todos los derechos humanos son universales,
indivisibles e independientes y están relacionados entre sí",
como se reconoce en los diversos instrumentos internacionales en la materia, más
cuando en el punto j) se "reconocen los esfuerzos hechos por la República
de Cuba, en la realización de los derechos sociales de la población"
y se "invita al gobierno de Cuba a realizar esfuerzos para obtener
similares avances en el campo de los derechos humanos civiles y políticos".
Esta segunda afirmación expresa implícitamente la inexistencia
de un adecuado tratamiento de los derechos civiles y políticos de manera
que si bien no se utiliza la palabra condena, se infiere conceptualmente.
Otros elementos relevantes de la resolución son la solicitud a la
Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para que "disponga el envío
de un representante personal para que su oficina coopere con el gobierno de Cuba
en la aplicación de la resolución", así como que se
exhorte al gobierno de Cuba a "tomar las medidas necesarias para la
efectiva realización de dicha visita tan pronto como sea posible".
Por una parte se pide la intervención de la Alta Comisionada en el
mejoramiento de los derechos humanos civiles y políticos en Cuba; y por
la otra se espera una actitud receptiva de los dirigentes cubanos, quienes antes
de aprobarse la resolución ya habían manifestado el rechazo al
escrutinio internacional en términos enérgicos.
La actitud adoptada por el gobierno cubano denota el más absoluto
desprecio hacia las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos, las
que califica de "victoria pírrica" y a los gobiernos que
propusieron, copatrocinaron o apoyaron la resolución se les ha injuriado
por todos los medios de difusión y campañas ideológicas
internas. En contraposición se resalta el valor de los gobiernos que
votaron en contra del documento, pero no se manifiesta que la mayoría de
ellos son flagrantes violadores de los derechos humanos, como el de Sudán,
con masacres de opositores políticos y esclavitud; el de Arabia Saudita,
donde se lapida a mujeres por presunta o real infidelidad conyugal; el de China,
con libertad de expresión y asociación coartadas, entre otros.
Finalmente, la resolución da seguimiento al tema en el próximo
período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, o sea en
el 2003, pues el representante personal de la Alta Comisionada deberá
rendir su informe. Si bien este emisario no tiene el nivel del Relator Especial
que durante varios años se designó para Cuba, y cuya visita nunca
fue admitida en La Habana, sí crea un precedente para los pasos
ulteriores.
Puede concluirse que el tratamiento de los derechos humanos en Cuba está
recibiendo un nuevo impulso, fundamentalmente con el comienzo de una mayor
concientización en el ámbito latinoamericano sobre la necesidad
del apoyo a los activistas y a todos los cubanos que sufren diversas formas de
represión o están impedidos de ejercer sus derechos.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a
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