Publicado el 11 de abril de 2002 en
El Nuevo Herald.
Cuba amenaza a los países que apoyen una resolución en su
contra
Pablo Alfonso. El Nuevo Herald
El embajador cubano ante los organismos internacionales de Naciones Unidas
en Ginebra, Iván Mora, amenazó a los países
latinoamericanos que presentaron ayer una resolución ante la Comisión
de Derechos Humanos para que se investigue el comportamiento del régimen
de Fidel Castro en esta materia.
''Es un acto de traición de los países que están
sirviendo a los intereses de Estados Unidos para que se perpetúe el
genocidio contra el pueblo cubano'', señaló Mora, quien agregó
que Cuba ''tomará medidas'' contra los países que respalden la
resolución.
En una inesperada decisión de última hora, Uruguay patrocinó
la resolución que se esperaba fuera encabezada por Perú, que se
mantiene como copatrocinador del proyecto al igual que Argentina, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Canadá.
El texto presentado por Uruguay, casi al concluir las sesiones del martes,
es en esencia el mismo cuya copia fue obtenida y publicada ayer por El Nuevo
Herald, sólo que se añade un quinto párrafo resolutivo en
el cual se pide que el tema de Cuba sea incorporado a la agenda de la CDH el próximo
año.
Fuentes latinoamericanas involucradas en el proyecto, citadas por agencias
de prensa desde Ginebra, indicaron que la resolución "trata de
elevarse por encima de las conflictivas relaciones de Cuba con Estados Unidos
para darle al texto un carácter de puente''.
Según esas fuentes, el borrador se inscribe en la ''promoción
colectiva de la democracia y de los derechos humanos en el continente
americano'' y "es un acto coherente con otros pasos y declaraciones en esa
dirección''.
Los diplomáticos latinoamericanos consultados dijeron que "la
tesis de no intervención en los asuntos internos de un país es
algo superado cuando se trata de derechos humanos''.
La decisión de Uruguay añade un nuevo elemento de fricción
al incidente diplomático surgido la semana pasada entre ese país y
Cuba a raíz de declaraciones formuladas por el canciller cubano Felipe Pérez
Roque, quien acusó el viernes en rueda de prensa al presidente uruguayo
Jorge Batlle de ''servilismo'' a Washington.
En respuesta, Uruguay llamó en consulta a su embajador en La Habana,
Enrique Estrázulas, pidió aclaraciones sobre los dichos del jefe
de la diplomacia de la isla, y se encuentra a la espera de una rectificación
de La Habana, que según analistas es ahora más improbable que
antes.
Admiten que hubo 'atmósfera anticubana' en operativo Elián
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
Agentes que participaron en el operativo federal para sacar al niño
Elián González de la casa de sus familiares en Miami reconocieron
ayer la existencia de una ''atmósfera anticubana'' en las oficinas
locales del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) durante
los días anteriores y posteriores a la acción armada.
En la segunda jornada de testimonios ante el U.S. Merit Systems Protection
Board --dependencia federal que dirime conflictos administrativos--, al menos
tres participantes en la llamada Operación Reunión admitieron la
presencia de objetos, actos y comentarios peyorativos hacia la comunidad cubana
dentro de la sede del INS en Miami.
Las declaraciones de los agentes especiales Ramón Cabrera, Julián
Hernández y Gwenn Reed sirvieron de espaldarazo a las acusaciones de su
colega Rick Ramírez, quien también participó en la Operación
Reunión y ha devenido contendiente legal del INS por supuestos actos
discriminatorios y represalias contra su persona.
''Hubo menciones de eso en la oficina'', señaló Reed,
identificado como el agente especial que apuntó con un arma a la cabeza
del exiliado cubano Mario Miranda durante el operativo, la madrugada del 22 de
abril del 2000.
Reed se refirió al comentario que presuntamente realizó
entonces Robert Wallis, ex director de la oficina del INS, aludiendo a que la
foto de Miranda encañonado le había proporcionado "la mayor
satisfacción de su vida''.
El presunto comentario de Wallis fue corroborado también por Cabrera
y Hernández, quienes dieron testimonio de la existencia de un portavasos
con una bandera cubana con una señal de prohibición y una caja con
un letrero insultante sobre Elián.
''Me sentí ofendido por el portavasos'', dijo Cabrera, pero señaló
a algunos agentes, y no a los supervisores, como responsables por los ''objetos
ofensivos'' que podían verse por esos días en las oficinas del
INS.
El abogado Larry Klayman, que representa al demandante, preguntó a
Reed si se hallaba armado en la sala por temor a una revancha de la comunidad
cubana, pero el agente respondió que lo hacía como parte de sus
deberes normales de un día de trabajo.
El juez administrativo Richard W. Vitaris explicó que está
permitida la presencia de agentes armados en la sala, porque el proceso no
transcurre en un tribunal federal. Las sesiones se están realizando en un
salón del Hotel Hyatt, en el centro de Miami.
Miranda, ex empleado de la Fundación Nacional Cubano Americana
(FNCA), dijo sentirse incómodo con la presencia de agentes armados a su
alrededor.
''Pero al menos tengo la satisfacción de mirar a la cara a quienes se
enmascararon ese día para cometer un acto de cobardía, golpeando
salvajemente a personas desarmadas e indefensas'', dijo Miranda a El Nuevo
Herald.
Miranda, que estaba en la casa de la familia González en funciones de
guardaespaldas, fue golpeado y rociado con gas pimienta por dos agentes,
mientras que Reed le apuntaba al rostro con una escopeta para neutralizarlo.
En la maratónica audiencia de ayer, Reed y Mario Cavallo, jefe de
sección del INS, negaron haber recibido órdenes de la ex
comisionada nacional Doris Meissner para destruir los documentos relacionados
con el caso de Elián, según la referencia de un memorando
presentado por un testigo durante la audiencia del martes.
Se espera que en la jornada de hoy comparezca a testificar Robert Wallis.
Los demandantes han citado a las audiencia a unos 30 testigos, entre ellos
funcionarios del INS y personas afectadas durante el operativo federal que reunió
a Elián con su padre en Washington.
El proceso deberá concluir al mediodía de hoy y el juez
Vitaris emitirá una decisión sobre el caso para finales de abril.
Copia del
memorando presentado por Judicial Watch.
El INS estudió concederle el asilo al niño Elián
Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald
Altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) habían considerado aceptar la solicitud de asilo político
del niño Elián González en virtud de que ''la edad no
constituye una restricción'' y de las coacciones ejercidas desde un
principio por el gobierno cubano, reveló un documento presentado ayer en
una audiencia federal en Miami.
Durante un proceso administrativo iniciado ayer para ventilar una demanda
por supuestas represalias y discriminación hacia el agente especial Rick
Ramírez, un testigo entregó un memorando interno que relata las
conversaciones sostenidas por directivos del INS en diciembre de 1999, y en el
cual se afirma como posible el asilo político de Elián,
mencionando como un elemento favorable que Juan Miguel González, el
padre, habría hecho una solicitud para emigrar de Cuba.
''Más aun, parece que el padre [Juan Miguel] ha hecho una solicitud
[potencialmente en la lotería de visas] para abandonar Cuba'', indica el
texto de dos páginas, enviado por Rebeca Sánchez-Roig, funcionaria
del INS.
El memorando de dos páginas --con fecha del 29 de diciembre de 1999--
fue presentado ante el juez Richard W. Vitaris, del U.S. Merit Systems
Protection Board, durante el testimonio de la abogada Diana Alvarez, empleada de
la oficina del INS en Miami.
Según el documento, el INS estaba dispuesto a conceder el asilo a Elián
si se verificaba que el padre estaba hablando bajo coerción de las
autoridades cubanas, pues la información indicaba que sólo las dos
primeras llamadas del padre desde Cuba fueron voluntarias, mientras que todas
las demás eran forzadas y monitoreadas por el gobierno.
''De hecho, el asilo político debe proceder'', agregó el
texto, apenas dos semanas antes de que la entonces comisionada nacional del INS,
Doris Meissner, emitiera una declaración reconociendo a Juan Miguel como
el auténtico representante del menor.
El memorando contiene al final un párrafo manuscrito y firmado por Sánchez-Roig,
en el cual se afirma que inmediatamente después Meissner ordenó
destruir todos los documentos y mensajes relacionados con Elián, y
determinó que en lo adelante las discusiones sobre el caso no se hicieran
por escrito.
Alvarez, quien testificó en la sesión de la tarde, dijo que
los funcionarios del INS habían recibido la orden de Meissner precisando "una
limpieza total de las computadoras [de las oficinas de Miami] para destruir
documentos cruciales''.
En el proceso administrativo abierto ayer en Miami, Ramírez, de 42 años,
acusa a los directivos del INS en Miami de prejuicios antihispanos y actos
discriminatorios que influyeron en la llamada Operación Reunión,
la acción federal que sacó a Elián de la casa de sus
familiares en La Pequeña Habana el 22 de abril del 2000.
Ramírez, que participó en la operación, está
solicitando desde entonces que se le traslade a la oficina de Texas.
''Estoy satisfecho de que ha llegado el día en que comienza a
revelarse toda la verdad'', comentó Ramírez, cuyo testimonio ocupó
toda la sesión matutina. El proceso debe extenderse hasta el jueves. | 
