El pueblo no
tiene la culpa
Jesús García Leiva / CubaNet
LA HABANA, septiembre - Incapacitado para realizar cualquier gestión
administrativa que satisfaga las necesidades vitales del pueblo cubano, el
gobierno de Fidel Castro trata por todos los medios de desviar la atención
popular hacia otro lado, por lo que ante las crecientes quejas culpa a las
empresas estatales como si éstas fueran entidades autónomas.
Ya es costumbre que en las asambleas del Poder Popular los delegados de las
circunscripciones inviten a los directores de las diferentes empresas para que
los vecinos se desahoguen con aquellos y así limpiar de
responsabilidades a la imagen del gobierno.
Bien sabemos los cubanos que tal autonomía no existe, y que la
ineficiente ejecución de las funciones de estas empresas estatales se
debe principalmente a la centralización del poder ejercido por el
gobierno, que deja sin participación real a los directores de estas
entidades, los cuales tienen que regirse por directivas generales trazadas por
el gobierno, en la mayoría de los casos desconociendo sus características
particulares.
Ahora, nos echan a pelear nuevamente entre nosotros mismos. Temas como la
tenencia de antenas parabólicas, la concesión del servicio telefónico
y la ocupación ilegal de viviendas, entre otros muchos, han dado lugar a
escenarios donde "organizaciones de masas" (pro-gubernamentales) como
los CDR y la FMC han sido involucradas en favor de promover la discordia entre
los ciudadanos, cuando en realidad a quien le corresponde semejantes asuntos es
al Ministerio de Comunicaciones, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
y a la Dirección Municipal de la Vivienda de cada localidad.
Otras cuestiones como la proliferación de los microvertederos en las
ciudades del país o la compra ilegal de productos tampoco escapan a la
amalgama de situaciones inherentes al gobierno de la isla, pero también
culpan de ellas a la ciudadanía.
Sin embargo, se conoce que los servicios comunales son un desastre: la
recogida de basura puede tardar días, semanas, sin que a los funcionarios
les importe las consecuencias directas para la salud de los ciudadanos. Como
suele suceder, hay que esperar que haya brotes de leptospirosis, de dengue o
cualquier otra enfermedad evitable para que aparezcan los camiones y el personal
a cargo mantener la sanidad.
Ante la incapacidad del gobierno respecto a la recogida de desechos, la
población ha tratado de solucionar en alguna medida el problema
amontonando la basura en ciertos lugares. Hubo una época en que este
procedimiento fue convocado por el mismo gobierno, que lo denominó "plan
tareco", pero ahora sucede de manera espontánea. No obstante, se
sigue culpando a los ciudadanos de que haya porquería en cualquier
esquina del país.
También es inmoral acusar a la población de comprar alimentos
y demás productos básicos en el mercado ilegal o bolsa negra,
mientras el gobierno no puede garantizar los mismos en los comercios estatales
asignados por zonas de residencia a los cubanos.
Los niños mayores de siete años y también los adultos
necesitan ingerir leche, pan, carne roja y blanca. La población en
general necesita adquirir medicinas, reparar sus casas para no terminar
habitando en albergues populares de los que nunca se sale, necesita comprar
equipos electrodomésticos a los que se les impide el acceso. En fin,
necesitamos vivir.
Sin embargo, cada vez son menos los productos que se pueden comprar en
moneda nacional y a precios acordes con el salario promedio mensual del
trabajador cubano: 249 pesos. Cada vez hay más comercios dolarizados
repletos de productos cuyos precios son impagables para el ciudadano común.
Por tanto, la opción al alcance del cubano es la bolsa negra. El
pueblo no va a renunciar a ella. Como plantea el marxismo, el hombre piensa como
vive, no al revés. No esperen que las personas se resignen a la miseria,
eso sería utópico. Pedirle resignación al cubano es un acto
criminal.
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