Preguntas
sobre convenios
Manuel David Orrio, CPI / CubaNet
LA HABANA, octubre - La buena noticia oculta lunares y reticencias. A
solicitud del secretario general de Naciones Unidas, previos trámites de
rutina y autorización de Fidel Castro, Cuba acaba de ratificar los doce
instrumentos jurídicos internacionales que existen para combatir el
terrorismo.
Como de paso, el mandatario cubano hizo saber: Nuestro país continuará
igualmente sus esfuerzos en favor de la conclusión de un convenio general
e integral sobre el terrorismo que defina verdaderamente dicha repudiable práctica
y le permita a la comunidad internacional enfrentarla en forma eficaz, duradera
y urgente, con pleno apoyo de la opinión pública mundial, sin
innecesarias, inútiles y peligrosas guerras que multipliquen la violencia
y el odio entre los pueblos".
El acto concreto de adopción de esos doce instrumentos incluyó
la ratificación por la Asamblea General del Poder Popular (parlamento) de
siete de ellos, un hecho inusual de política exterior isleña,
porque mostró el marcado interés del gobierno de Fidel Castro por
darle publicidad a la decisión. Cuba es país donde lo diplomático
se caracteriza por notoria falta de transparencia. Como birlibirloque, en apenas
dos días, el público cubano conoció de la existencia de los
convenios antiterroristas, así como que Cuba no los había
ratificado. Ya ocurrió, pasó, y vale más felicitarse. Pero
no puede ocultarse este dato: nada sabía el cubano de a pie sobre dichas
entretelas.
¿Por qué el gobierno de Fidel Castro le enajenó de ese
conocimiento como lo hace respecto a los pactos internacionales de derechos Políticos
y Civiles y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que Cuba
no es Estado parte?
Si se analiza la naturaleza de los convenios ratificados por el parlamento
aparecerán algunas sorpresas. Cuba esperó ¡31 años!
para ratificar el convenio internacional sobre secuestros de aeronaves, siendo
país que los ha sufrido. Aguardó 22 años para atenerse al
de la toma de rehenes y 13 para adoptar los referidos a los actos ilícitos
contra la seguridad marítima o la de las plataformas fijas emplazadas en
la plataforma continental, así como necesitó más de 10 años
para ratificar el convenio sobre marcación de explosivos plásticos
para los fines de detección, cuatro años para hacer suyo el de
represión para los atentados terroristas con bombas y dos años
para rubricar con carácter de ley interna el de represión para la
financiación del terrorismo. Nada de juego lo engavetado.
Si desde la perspectiva gubernamental Cuba es uno de los países más
víctimas de terrorismo en el mundo, motivo serio para interrogarse por qué
fue necesario el crimen salvaje del 11 de septiembre para que al interior de la
isla se desataran aquellas influencias proclives a la ahora tan decidida
alineación en contra del terrorismo. Igualmente, pero desde la visión
del otro lado del océano, cabe preguntar si con tales elementos no han
existido razones de peso para calificar a Cuba como nación de grandes
ambigüedades respecto al temido flagelo, tomar nota y proceder en
consecuencia.
Si Cuba ha aparecido en alguna que otra lista como país amigo de
terroristas, búsquese como primer motivo esa demostrada renuencia a ser
parte de pactos como los mencionados, que desde ¡30 años atrás!
persiguen hacer del terrorismo vulgar delito internacional. Ya ocurrió,
pasó, y vale más felicitarse. Pero por donde primero la comunidad
de naciones mide a sus congéneres es por su manera de actuar ante los
convenios internacionales.
Pocos en Cuba, absortos en el diferendo con Estados Unidos o en el existente
entre compatriotas, tienen conciencia de hasta cuánto política
exterior de ambigüedades como la descrita influye sobre los destinos del
cubano común. Baste citar este ejemplo, que tan bien viene al caso: la
isla aspira a explotar cierta zona marítima de perspectivas en la
producción de hidrocarburos ligeros -mucho mejores que los obtenidos
actualmente en Cuba- para lo cual se precisa de la inversión extranjera
que obliga el empleo de plataformas marítimas de prospección y
explotación. La elemental lógica permite deducir que los
inversionistas no debieron sentirse muy atraídos al conocer que el
gobierno de la isla no había ratificado el convenio internacional sobre
la seguridad de esas instalaciones. Claro, siempre tendrá la culpa "el
maldito imperialismo".
Ya ocurrió, pasó, y vale más felicitarse. Pero el
suceso evidencia un reto para lo alternativo de Cuba, en particular el
movimiento cubano por los derechos humanos, en toda su diversidad. Urge ocuparse
muy seriamente de seguir la política exterior isleña e identificar
aquellos puntos donde el gobierno de Fidel Castro ha practicado el
aislacionismo, a mi entender nada beneficioso para el cubano de a pie.
El ejemplo de las plataformas lo demuestra, y el del terrorismo también.
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