CUBANET .INDEPENDIENTE

21 de mayo, 2001


Desalojan a un cirujano y a su familia en Cumanayagua

CIENFUEGOS, 18 de mayo (Sunset Nogueras Rofes) - Un médico y su familia quedaron sin vivienda luego de ser declarados ocupantes ilegales del inmueble donde residieron durante 15 años, y ser considerados erróneamente baja permanente del sistema nacional de Salud Pública.

El especialista en cirugía general Dr. Armando Valladares Padrón, junto a su esposa y dos hijos, no tuvo otra alternativa que abandonar su domicilio.

El hecho se produjo el 25 de abril luego de fuertes presiones judiciales ejercidas por la Dirección Municipal de Salud Pública y funcionarios de la Dirección de la Vivienda del municipio montañoso de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos.

El Dr. Valladares, de 39 años, que recibió el inmueble en 1986, pocos meses antes de cumplir una misión médica internacionalista en Nicaragua por dos años, no trabaja en el sistema de salud cubano luego de haber causado baja de los servicios de cirugía del hospital universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, donde laboraba como especialista de primer grado en la especialidad.

El cirujano explicó su infructífera petición de vivienda a directivos de Salud Pública en la región. Dijo que las difíciles condiciones de transporte y la rotunda negativa de facilitarle una vivienda adyacente a su centro de trabajo, motivó su separación de la profesión, lo cual no confirma su no pertenencia a la red sanitaria nacional tal como aseguran los documentos jurídicos tenidos en cuenta a la hora de la expropiación del inmueble donde residía.

"Sólo me encuentro sin vínculo profesional temporal, ya que espero se le dé solución en beneficio mutuo a mi situación particular y a la de mi familia, que no tiene culpa de esto", dijo a este reportero el Dr. Valladares.

Desde noviembre de 1999 en que fue liberado del hospital cienfueguero, Valladares propuso a la Dirección de Salud del municipio Cumanayagua que le permitieran asistir como cirujano a la población de esa región de acuerdo a los requerimientos asistenciales, pero igualmente encontró las negativas de las autoridades.

Comentó el Dr. Valladares que ante el desalojo inminente no tuvo otra solución en la cual ampararse y recurrió a explicar verbalmente a miembros de su CDR, Dirección Municipal de la Vivienda, Poder Popular, Salud Pública, escuelas de sus dos hijos, y a la Iglesia Católica de su zona, encontrando en ésta refugio en caso de no tener dónde vivir.

Todos estos sucesos motivaron que horas antes de la fecha de desalojo, señalada para el 25 de abril, el profesional fue citado por individuos que probablemente pertenecen al Departamento de Seguridad del Estado (DSE) quienes le propusieron que si aceptaba trabajar como médico general en Cumanayagua no se llevaría a efecto la "extracción" de la vivienda, tal como denominan al acto de desalojo en las técnicas judiciales cubanas de hoy en día.

El 25 de abril el demandado con sus dos hijos, de 8 y 14 años, en compañía de su esposa decidieron poner fin al litigio legal y optaron por entregar el apartamento situado en calle Orlando Gómez, edificio 9, apartamento 8, sin que esto significara la aceptación del trato propuesto por Salud Pública.

Funcionarios de Vivienda y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no se presentaron en el lugar por temor a una posible congregación de la ciudadanía y manifestaciones de solidaridad con el Dr. Valladares y en contra de la medida de desalojo.

Actualmente el médico y su familia residen en un apartamento prestado por un amigo.

No obstante, Valladares expresó su preocupación por el impacto que tales sucesos han tenido sobre sus hijos y el estado psicológico de los mismos, así como su status social actual. También reconoció la existencia de un documento jurídico que indica el proceder de desalojo contra él y su familia, al considerársele ocupante ilegal de la vivienda citada anteriormente, por ser ésta medio básico de Salud Pública pese a que es un apartamento de un edificio colectivo.

La vigencia del procedimiento está respaldada aparentemente por la Resolución 391 del año 2000, de la Ley General de la Vivienda.

Finalmente, según fuentes no revelables de la oficina de la Vivienda en Cumanayagua, se supo que esa institución planea 42 desalojos. Estos datos confirman un índice de desalojo nada desestimable para esa región.


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