Proyecto
Varela: Sobre el derecho de los desterrados
Manuel David Orrio, CPI
LA HABANA, mayo - Con particular interés leí el artículo
"El derecho de los desterrados", debido a la pluma del compatriota
Jorge H. Fonseca, el cual fue publicado el 4 de mayo en el diario independiente
de asuntos cubanos Encuentro en la red (www.cubaencuentro.com).
Con particular interés, porque el mismo contiene un análisis sobre
el modo en que el ya bien conocido Proyecto Varela ha tomado en cuenta, o no, el
derecho a participar en la vida política de Cuba de aquellos nacionales,
emigrantes por tal o más cual razón.
Fonseca apunta: "En el documento redactado por Payá (...) se
obvia con inexplicable naturalidad otra condena injusta decretada por la tiranía
hacia aquellas personas que por razones diversas hemos decidido emigrar (...) no
pudiendo nunca más regresar a nuestra patria, a no ser a través de
un 'permiso' limitado, por decisión del dictador (...) Por otro lado, la
propuesta de Payá explicita la necesidad de haber residido continuamente
durante el último año anterior a las elecciones limitadas que
propone su documento (...) Puede tratarse de un olvido involuntario. No lo creo;
la propuesta de ser candidato solamente después de haber vivido en Cuba
por más de un año contenida en el documento de Payá,
demuestra que fuimos excluidos conscientemente, y como eso no es negociable,
tenemos el derecho de señalarlo claramente, sin que este derecho a la
libertad de opinión implique, necesariamente, retirar el apoyo necesario
a los hermanos opositores dentro del país".
No es primera vez, ni será última, que interpreto el concepto "Patria
de todos, con todos y para el bien de todos", como incluyente de aquellos
compatriotas aposentados en cualquier latitud y longitud, por razones asunto de
cada cual. Comparto plenamente una expresión -creo que de Marifeli Pérez
Stable- según la cual el día de mañana los cubanos habremos
de crear una especie de "decimoquinta provincia", destinada a la
consagración de los derechos de nuestros emigrados, más aún
en condiciones de globalización. Soñemos un poco: parece todo un
absurdo que por pasar las vacaciones donde le dé su realísima
gana, un compatriota no pueda disputar una elección, tanto como suena a
chirriar de oxidadas cadenas el que un cubano, cuya exitosa carrera profesional
le haya obligado a vivir fuera de Cuba, no pueda ambicionar la presidencia de la
República sólo por ese motivo. Más de una vez los proyectos
políticos isleños han caído en esa suerte de regionalismo
de nuevo cuño, recordatorio de las disputas de los grandes del 68. De
1868, vale la aclaración.
La defensa fonsequiana de los derechos de los emigrados es cien por ciento
pertinente; eso, ni se discute. Sin embargo, no puede perderse de vista un
aspecto conceptual de lo que el Proyecto Varela aspira a promover y representar,
más allá de aciertos y errores, de elogios y críticas. Se
trata de una iniciativa orientada a lograr por medios constitucionales una
apertura política y económica sin precedentes, en la Cuba de Fidel
Castro; es decir, el Proyecto Varela busca consagrar jurídicamente
derechos hoy inexistentes en las leyes nacionales. De inicio, ello bien poco se
relaciona con la libertad de circulación justamente defendida por
Fonseca. La Constitución vigente en Cuba estipula muy claramente que
todos los cubanos tienen derecho a "domiciliarse en cualquier sector, zona
o barrio de las ciudades", de donde se desprende el carácter
flagrantemente inconstitucional de las limitaciones hoy existentes para vivir en
la capital de la República. No es necesario acudir a los derechos humanos
para denunciar esa injusticia, pues se trata de una abierta violación de
la Ley Fundamental cubana. Por ello, a mi entender, Proyecto Varela y "derecho
del desterrado" son problemas conceptuales distintos: una cosa es luchar
por nuevos derechos, y otra clamar a voz en cuello por el respeto de los
existentes al menos en el papel, pero El Papel al fin.
No defiendo ni ataco al Proyecto Varela; estimo que mi función social
como periodista independiente cubano me obliga a un distanciamiento nacido de la
ética del oficio. No obstante, creo un error de esa iniciativa haberse
pronunciado restrictivamente sobre los derechos electorales de los emigrantes,
al proponer plazos de residencia en el interior del país para disputar
cargos en una elección.
Desconozco si los olvidos de Payá -como apunta Fonseca- fueron
involuntarios o no; prefiero llamar la atención sobre los resabios de
localismo que aún distinguen a los hijos de la tierra de José Martí.
Cuando la causa de ese regionalismo es el baseball, el Stadium Latinoamericano
de La Habana es testigo excepcional de las mejores pasiones. Pero cuando el
origen es la política, los babalawos del patio fruncen el ceño y
lanzan al viento una palabra de malos augurios: ¡osorbo!
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