Reporteros Sin Fronteras.
4 de mayo, 2001
En una carta dirigida al Sr. Roberto T. Díaz Sotolongo, Ministro de
la Justicia, Reporteros sin Fronteras (RSF, www.rsf.org) protestó contra
la detención de José Orlando González Bridón,
acusado de "propaganda enemiga" y difusión de "informaciones
falsas", después de la publicación de un artículo
sobre un sitio web basado en el extranjero. Está amenazado con una pena
de siete años de cárcel. RSF pidió su inmediata liberación
y el abandono de los cargos en su contra. "Esta detención representa
un endurecimiento de la represión contra los opositores que difunden sus
ideas en Internet", subrayó Robert Ménard, secretario general
de RSF.
"Las autoridades cubanas ya no se satisfacen con controlar el acceso a
la Red en la isla, reprimen también la publicación de
informaciones sobre sitios a los cuales la población cubana ni siquiera
puede acceder", añadió Robert Ménard.
Según las informaciones recogidas por RSF, la familia de José
Orlando González Bridón, secretario general de la Confederación
de Trabajadores Democráticos de Cuba (CTDC, ilegal), fue informada, a
mediados de abril de 2001, que su pariente debe ser procesado el próximo
10 de mayo. Está acusado de "propaganda enemiga", difusión
de "informaciones falsas" con el propósito de "provocar
desórdenes públicos". Está amenazado con una pena de
siete años de prisión. En un artículo publicado el 5 de
agosto de 2000 en el sitio web de Cuba Free Press (cubafreepress.org), basado en
Florida (Estados Unidos), el sindicalista ponía en tela de juicio la
responsabilidad de las autoridades en la muerte de Joanna González
Herrera, coordinadora nacional de la CTDC. También, había
comentado esta información en una radio basada en Miami, calificada de "<italic>subversiva</italic>"
en el acto de acusación. José Orlando González Bridón
fue arrestado el 15 de diciembre de 2000. Se encuentra actualmente en prisión
preventiva. De 50 años de edad, sufriría de trastornos renales.
José Orlando González Bridón es también miembro del
Partido Democrático 30 de noviembre Frank País (ilegal). En Cuba sólo
están autorizadas las organizaciones sindicales y políticas
oficiales y la prensa gubernamental.
RSF recuerda que el periodista Bernardo Arévalo Padrón,
director de la agencia de prensa independiente Línea Sur Press, se
encuentra todavía encarcelado. Fue condenado, en noviembre de 1997, a
seis año de cárcel por "desacato" al Presidente Fidel
Castro y al vicepresidente Carlos Lage. Está detenido en el campamento de
trabajos forzados de El Diamante, en la provincia de Cienfuegos (centro de la
isla). Al considerar que todavía no era "reeducado politicamente",
las autoridades del campamento le denegaron su solicitud de liberación
condicional el pasado 1° de abril. Desde el mes de octubre de 2000, puede
teóricamente beneficiar de tal liberación por haber cumplido la
mitad de su pena.
En un informe titulado "Los enemigos de Internet" y publicado por
RSF en marzo de 2001, la organización ya escribía:
"El gobierno cubano adoptó, en 1996, el decreto-Ley 209 titulado
"Acceso desde la República de Cuba a la red informática
global". Se montó una conexión directa (64 Kbps) con Estados
Unidos. Hasta entonces, Cuba sólo poseía un acceso vía
Canadá. La utilización de Internet, según ese decreto, no
debe hacerse "violando los principios morales de la sociedad cubana ni los
textos de las leyes del país". Los correos electrónicos no
deben "comprometer la seguridad nacional". Por otra parte, Fidel
Castro creó, el 13 de enero de 2000, un Ministerio de Informática
y Comunicaciones y anunció que quería "transformar Cuba en
una sociedad de la
información". Roberto González Planas, antiguo Ministro
de Industria y Electrónica, fue nombrado a la cabeza de este ministerio
encargado de "regular, dirigir, supervisar y controlar la política
cubana en materia de tecnologías de la comunicación, la informática,
las telecomunicaciones, las redes informáticas, la radiodifusión,
el espectro radioeléctrico, los servicios postales y la industria electrónica".
Fidel Castro denuncia regularmente este "instrumento de manipulación
del capitalismo, en el que la mayor parte de la información está
disponible en inglés". Los ciudadanos que quieren tener acceso a
Internet deben dar "una razón válida". Si su petición
es aceptada, firman un contrato de utilización con cláusulas
restrictivas. Lógicamente, sólo la nomenclatura cubana tiene
acceso: políticos, altos funcionarios, intelectuales y periodistas
cercanos al poder, así como las embajadas y las empresas extranjeras. Las
sociedades cubanas exportadoras no disponen de acceso completo a la Red y tienen
que conformarse con el correo electrónico.
Ha surgido un mercado negro de direcciones e-mail que sirve para los pocos
cubanos que disponen de un ordenador: en efecto, lo mismo que las
telecopiadoras, deben estar declarados ante la administración. Los
internautas nacionales sospechan, además, que los servicios de información
interceptan sus mails porque los mensajes procedentes del extranjero les llegan
varias horas después de haber sido enviados. O nunca.
Todo el tráfico de Internet está centralizado en una única
máquina en la que se efectúa la censura, a través de
filtros. Muchos sitios no están disponibles desde Cuba. El filtrado se
lleva a cabo en varios niveles: el URL del sitio, su dirección IP y su
contenido son cuidadosamente controlados en una lista de cientos palabras clave.
Sin embargo, parece que algunos jóvenes internautas han conseguido
acceder a toda la Red salvando los obstáculos.
Indirectamente, Internet ha permitido a los periodistas independientes (un
centenar en la isla, hostigados y considerados "contrarrevolucionarios")
ampliar su audiencia: aunque no tienen acceso al Net, los sitios de la comunidad
cubana en el exilio (presentes, sobre todo, en Miami) difunden sus artículos
transmitidos por teléfono o por fax.
Los periódicos oficiales Granma, Juventud Rebelde o Trabajadores, y
la agencia nacional de prensa Prensa Latina, tienen todos un sitio en Internet.
El régimen cubano censura pero también utiliza el Net para
difundir su propaganda.
Reporteros sin Fronteras (RSF) defiende los periodistas
encarcelados y la libertad de prensa en el mundo, o sea el derecho de informar y
ser informado, conforme con el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. RSF cuenta con nueve secciones nacionales
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña,
Italia, Suecia y Suiza), con representaciones en Abidjan, Washington y Tokio y
con unos cien corresponsales en el mundo. |
