Editorial. CONTACTO
Magazine. Mayo 2, 2001
Inmediatamente después de aprobada la resolución de condena a
Cuba por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el pasado 18
de abril, Fidel Castro se ha lanzado en una peligrosa espiral de ofensas a los
gobiernos latinoamericanos que sumaron su voto a la resolución.
El canciller mexicano Jorge Castañeda, cuyo gobierno se abstuvo, el
presidente argentino Fernando de la Rúa, el vicepresidente de Guatemala
Francisco Reyes y los gobiernos de Costa Rica y Uruguay han sido blancos del
dictador cubano, en una infantil cruzada de despecho.
Más recientemente, Castro también la emprendió contra
los países que participaron en Canadá en la Cumbre de las Américas,
señalando que firmaron un "pacto de anexión" con
Estados Unidos. Cuba no puede participar en dicha cumbre por no tener un
gobierno democrático.
Detrás de todo esto hay una sola verdad: después de la caída
del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética,
antigua metrópoli de Castro, el gobernante cubano entretuvo al mundo con
la esperanza de que podría producirse una transición democrática
en Cuba; luego, cuando era obvio que esto no se produciría, el régimen
cubano comenzó a vender la idea de que el socialismo castrista era una
nueva forma de democracia "mil veces mejor" que los sistemas de
libertades y derechos aceptados universalmente. A más de 10 años
del derrumbe del mundo comunista de Europa, que también usaba ese tipo
de "democracia" que Castro ha querido vender, la humanidad no cree el
cuento del anciano dictador.
De la misma manera que para jugar al béisbol -deporte favorito de
Castro- hay ciertas reglas que cumplir, la primera de ellas llegar a la novena
entrada con el mayor número de carreras, la democracia tiene también
sus reglas. Sin dudas, los 30 artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos son las reglas básicas. Los gobiernos
legítimamente constituidos, los organismos internacionales y los grupos
defensores de los derechos humanos lo saben. Y saben también que Castro
no cumple estas reglas básicas.
¿Acaso pueden los cubanos expresarse libremente en su país sin
ir a la cárcel por sus ideas? No, no pueden. ¿Pueden los cubanos
elegir a sus gobernantes en un marco de opciones múltiples bajo la
supervisión de observadores extranjeros? No, no pueden, hay un solo
partido legal en Cuba, el comunista. ¿Pueden los trabajadores cubanos
pertenecer a sindicatos independientes del Partido Comunista? No, no pueden. ¿Les
está permitido a los cubanos entrar y salir de su país
libremente? No, no les está permitido. ¿Hay prisioneros de
conciencia en Cuba? Sí, los hay, de acuerdo con las más respetadas
organizaciones de derechos humanos del mundo. ¿Hay medios de comunicación
social independientes del gobierno en Cuba? No, no los hay. Los que hay son
propiedad del Estado comunista, que los usa para su necia y sucia propaganda
política.
Entonces en Cuba no hay democracia ni se respetan los derechos humanos,
punto.
Pero ahí no para todo. Castro ha tratado de sustituir la falta de
democracia y de derechos humanos con un argumento social, que todavía
muchos creen: los llamados "logros de la revolución",
especialmente en materia de educación y salud pública. Según
la dictadura, ambas cosas se ofrecen a los cubanos gratuitamente. Veamos si
esto es cierto.
Si se toma como punto de referencia que estos servicios no se pagan con
dinero contante y sonante, sí, son servicios gratuitos. Pero si se toma
como punto de referencia que el cubano vive aterrorizado ante la posibilidad de
ir a la cárcel por cualquier cosa, y que ninguno de los derechos
mencionados anteriormente se cumplen, ¿a cuántas carreras
universitarias, a cuántas hospitalizaciones asciende el pago por ese
tipo de vida que están obligados a vivir los cubanos? Si se toma en
cuenta que el régimen ha puesto los mejores hospitales y los mejores
equipos médicos al servicio del "turismo de salud" para
extranjeros y al servicio de la élite gobernante, mientras el cubano de
a pie vive pidiendo ayuda a sus familiares en el extranjero, ¿cuánto
valdría en dinero esa humillación nacional?
Si el auspicio gubernamental del arte y la cultura está matizado de
censuras y prohibiciones, con personalidades como el escritor Guillermo Cabrera
Infante -exiliado en Londres-, el pintor Cundo Bermúdez -exiliado en
Miami-, la poetisa María Elena Cruz Varela -exiliada en Madrid-, el
escritor y guionista Eliseo Alberto -exiliado en México-, la cantante
Celia Cruz -exiliada en Nueva York-, la escritora Zoé Valdés
-exiliada en París-, por sólo mencionar unos pocos que no pueden
vivir en su país, ¿cuán valioso y efectivo es ese auspicio
gubernamental para la cultura cubana?
Es un tiempo de cambio, y ahora que Castro ha decidido ofender
descaradamente a las naciones que han elegido con toda legalidad a sus
gobernantes -dicho sea de paso, si se porta así con gobiernos
extranjeros ¿cómo se portará con los cubanos de a pie?- , es
el momento apropiado para que esos gobiernos entiendan que debe existir un
compromiso serio con el desesperado y humillado pueblo cubano.
Sólo la solidaridad internacional podría ayudar a los cubanos
a sacarse de encima una dictadura de 42 años que les ha hecho la vida
miserable. La hostilidad de Estados Unidos hacia Fidel Castro no puede ser una
excusa para permitir el derrumbe de la nación cubana, a manos de la
opresión y la tiranía.
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