Joaquin Roy. Publicado el martes, 13 de marzo de 2001 en
El Nuevo Herald
Se cumple un lustro de la aprobación de la "Cuban Liberty and
Democratic Solidarity (Libertad) Act,'' mejor conocida como la ley Helms-Burton.
Se trata de un instrumento jurídico del Congreso de Estados Unidos que
codifica el embargo estadounidense contra Cuba, una política que hasta
marzo del 96 dependía exclusivamente de las decisiones presidenciales.
Además, la ley contempla la aplicación de medidas contra los
inversores que en los años recientes han paliado la desaparición
de los subsidios soviéticos al régimen de Fidel Castro.
Paradójicamente, además de no haber conseguido el objetivo
final (el colapso del sistema totalitario cubano), las consecuencias negativas
para Washington incluyen disputas con sus aliados comerciales y el progresivo
aislamiento en Naciones Unidas en las votaciones contra el embargo, donde
solamente Israel se alía con Estados Unidos. Temeroso de las
consecuencias internacionales, aprovechando una cláusula convenientemente
negociada con el Congreso en aras de los "intereses nacionales'', el
presidente Clinton suspendió semestralmente el título III de la
ley. Este apartado hubiera abierto los tribunales estadounidenses a procesos
judiciales contra los inversores. Además, Washington y la Unión
Europea (que se ha opuesto, al igual que la totalidad del resto del mundo, a la
extraterritorialidad de la medida) firmaron una tregua en 1998 para evitar la
inminente guerra comercial y confrontación en el seno de la Organización
Mundial del Comercio, en el caso de que dicho título se activara.
Por otra parte, el título II todavía está en efectivo.
Por un lado, demanda la desaparición de la dirigencia cubana actual
(concretamente, los hermanos Castro), el restablecimiento de un sistema político
aceptable para Estados Unidos, y la devolución de las propiedades
expropiadas. Por otro, se presenta como una amenaza no solamente para el régimen
actual, sino para cualquier gobierno en transición acosado por las
gigantescas urgencias del momento. De esta manera Helms-Burton le ha
proporcionado al régimen cubano dos beneficios. En el terreno económico,
como ratificación del embargo, le ha servido de excusa para ocultar las
carencias tanto políticas como económicas. En el plano político,
la ha convertido en una resurrección de la Enmienda Platt en su
centenario, por la que Estados Unidos se reservaba el derecho a intervenir en
Cuba, con lo que como entonces se hipoteca el desarrollo político de la
nueva y la restablecida república.
La ley Helms-Burton ha traído disputas con los aliados de EU y
aislamiento en la ONU
Curiosamente, mientras solamente un par de compañías
extranjeras han sido sancionadas con la denegación de visados para operar
en Estados Unidos, por aplicación del título IV, otras han optado
debajo de la mesa por compensaciones a los antiguos propietarios
estadounidenses. De esa curiosa manera se tolera y se garantiza el sistema de
opresión laboral y de apartheid que precisamente se denuncia. Todo se
reduce, como los aparentes objetivos del título III revelan, a pagar. La
democracia y los derechos humanos parecen materia secundaria. Entre los enigmas
pendientes en este aniversario destaca el todavía confuso contexto de la
aprobación de la ley, provocada por el derribo de las avionetas de
Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
En aquellos meses la Unión Europea y Estados Unidos buscaban un
temario conjunto para tratar con Cuba. Dejaron de lado el tema espinoso del
embargo y se concentraron en una estrategia común de apoyo a la
democratización interna de Cuba. Bajo la presidencia española (en
los últimos meses del gobierno de Felipe González), se intentó
poner en marcha un plan diseñado por el comisario Manuel Marín,
quien se reunió con Castro durante 11 horas y se entrevistó con
disidentes. Castro, certeramente temeroso de esta doble pinza novedosa entre
Bruselas y Washington, pasó a la acción: encarceló a la
disidencia, como bofetada simbólica a Marín. Mientras tanto, el
Congreso estadounidense no se decidía por votar la ley. Estalló la
tormenta del 24 de febrero.
La posible irresponsabilidad de los exiliados, la incompetencia o
connivencia del gobierno estadounidense en evitar los vuelos, y el propio interés
del gobierno cubano en aprovecharlos y provocar una grave crisis son algunos de
los factores que en el curso del juicio contra los espías están
saliendo lentamente a la superficie. Algún día sabremos de verdad
el origen y desarrollo de esta ley.
jroy@miami.edu
Catedrático de Relaciones Internacionales e Investigador Senior del
Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami. Algunas de las consideraciones de
esta nota se incluyen en su reciente libro Cuba, los Estados Unidos y la
Doctrina Helms-Burton, publicado recientemente por la Universidad de la Florida.
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