El voto argentino ante la ONU evaluará sólo la realidad de
los derechos humanos en la isla
Marcelo Huergo. Embajador, Ex Subsecretario De Cooperación
Internacional. Clarín digital,
Sábado 3 de marzo de 2001.
El serio incidente diplomático desatado por las palabras hirientes
del líder de la revolución cubana, a las pocas semanas de haber
cumplido 42 años al frente del gobierno de su país, ha obtenido
uno de sus objetivos. Ha provocado en nuestro país una suerte de debate público
previo sobre un tema que para la mayoría silenciosa argentina no era un
motivo relevante de la discusión ciudadana: la situación de los
derechos humanos en Cuba y el futuro voto de nuestro país sobre el
proyecto de resolución sobre Cuba que tratará la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ocasión del ataque verbal al gobierno argentino no parece casual,
ya que ocurría el mismo día que el gobierno cubano liberaba a dos
parlamentarios ex ministros checos que habían sido detenidos hace casi un
mes por violar las leyes cubanas al visitar a disidentes políticos en la
isla. Precisamente la República checa fue la coautora —junto a
Polonia— del proyecto de resolución sobre los derechos humanos en
Cuba aprobado el año pasado en la ONU. La Argentina fue uno de los países
latinoamericanos que votó a favor de esa resolución.
Aquella resolución del año 2000 fue considerada por algunos
como la obra exclusiva de los EE.UU. y el voto argentino, en consecuencia, como
una muestra del alineamiento automático con la política exterior
de esa nación. Sin embargo, la resolución fue patrocinada por países
como Alemania, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Hungría,
Israel, Japón, Nicaragua, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Suecia. Entre
los que votaron a favor se encontraban también, entre otros, Chile,
Francia, Guatemala, Italia, Marruecos, Noruega, Portugal y España.
Pensar que los EE.UU. puedan manejar los votos de semejante nómina de
países es pecar de ingenuidad. Si hay una cuestión en la que los
gobiernos europeos —y otros como Canadá— han diferenciado sus
políticas exteriores de la norteamericana ha sido en lo que respecta a la
isla caribeña.
Si eso es así, cabe pensar entonces que esos países votaron
por la resolución porque realmente les interesa y les preocupa la situación
de los derechos humanos en Cuba y no porque sean un títere del gobierno
estadounidense ni porque se identifiquen con el embargo unilateral (no se trata
de un "bloqueo") impuesto por ese país. Es de suponer entonces
que, al tratarse este año un nuevo proyecto de resolución, ellos
analizarán previamente cómo han cambiado las condiciones en la
isla con respecto al año anterior. Lo mismo deberá hacer lógicamente
nuestro país —es decir, analizar el informe del relator de la Comisión,
que reflejará los hechos ocurridos durante este último año—
antes de adoptar una decisión definitiva que, como lo han afirmado tanto
el Presidente de la Nación como el canciller, aún no ha sido
tomada y será adoptada seguramente basada en sus propios méritos y
sin ser afectada por el actual incidente bilateral.
Una posición crítica
La Argentina, por su parte, ha venido proclamando en diversos foros
internacionales la "doctrina De la Rúa", es decir el principio
de no intervención pero no indiferencia frente a las cuestiones atinentes
al respeto a los derechos humanos en general y a la "calidad de la
democracia" en particular.
La actitud que la Argentina adoptó al apoyar la resolución
sobre Cuba el año pasado en la ONU fue congruente con esa posición,
privilegiando la concepción de su política exterior en materia de
defensa y promoción de los derechos fundamentales y las libertades públicas,
particularmente en el continente americano. La Argentina interpretó
correctamente aquella decisión de la ONU no como una condena a Cuba sino
como "la vía adecuada para alentar un mayor nivel de cooperación
por parte de las autoridades cubanas en los distintos órganos y
mecanismos de supervisión internacional para la promoción y la
protección de los derechos humanos, establecidos por la Comisión
de Derechos Humanos".
Este año, todo hace pensar que la Argentina seguramente mantendrá
su posición crítica frente al embargo estadounidense a la nación
caribeña. Ahora bien, antes de adoptar una actitud definitiva sobre el
nuevo proyecto de resolución las autoridades argentinas, más allá
de consultar con otros países amigos latinoamericanos, deberán
evaluar en qué medida se han cumplido las recomendaciones del año
pasado, cuál ha sido la cooperación cubana con los organismos
internacionales en la materia y cuál ha sido el grado de progreso de los
derechos humanos en la isla, hacia una sociedad pluralista y en la que imperen
las libertades políticas e individuales. Esa será seguramente la única
base del análisis para decidir el voto argentino, es decir sin tener en
cuenta ni las supuestas "influencias" norteamericanas ni las
estridencias de la dirigencia cubana.
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