Reporteros sin Fronteras,
junio 14, 2001
En una carta dirigida al Sr. Roberto T. Díaz Sotolongo, Ministro de
la Justicia, Reporteros sin Fronteras (RSF, www.rsf.org) ha protestado contra la
condena, de dos años de cárcel, de José Orlando González
Bridón, acusado de difundir "informaciones falsas", después
de la publicación de un artículo, en una página web situada
en el extranjero. RSF pidió su inmediata liberación y que sean
sobreseídos los cargos en su contra. "Esta condena representa un
endurecimiento de la represión contra los opositores que difunden sus
ideas en Internet", subrayó Robert Ménard, secretario general
de RSF. "Las autoridades cubanas ya no se contentan con controlar el acceso
a la Red en la isla, reprimen también la publicación de
informaciones sobre sitios a los cuales la población cubana ni siquiera
puede acceder", añadió Robert Ménard.
Según las informaciones recogidas por RSF, José Orlando González
Bridón, secretario general de la Confederación de Trabajadores
Democráticos de Cuba (CTDC, ilegal), fue condenado a dos años de cárcel
por "difusión de noticias falsas poniendo en serio peligro el
prestigio y el crédito que tiene el Estado cubano". Su familia fue
informada de la condena el 12 de junio de 2001. El proceso tuvo lugar el 24 mayo
pasado después de haber sido postergado varias veces. Sólo la
familia de González Bridón pudo asistir al juicio, el acceso al
tribunal estuvo prohibido a la prensa extranjera y a opositores, con un
importante despliegue policiaco. Según cercanos del sindicalista, las
plazas disponibles para el público en la sala fueron ocupadas por
miembros de las fuerzas del orden.
En un artículo publicado el 5 de agosto de 2000 en el sitio web de
Cuba Free Press (cubafreepress.org), situado en Florida (Estados Unidos), el
sindicalista ponía en tela de juicio la responsabilidad de las
autoridades en la muerte de Joanna González Herrera, coordinadora
nacional de la CTDC. También, había comentado esta información
en una radio de Miami, calificada de "subversiva" en el acto de la
acusación. José Orlando González Bridón fue
arrestado el 15 de diciembre de 2000 y se encuentra encarcelado desde esta
fecha. De 50 años de edad, al parecer sufre de trastornos renales. Según
sus familiares, estaría muy deprimido y sufriría de presiones
psicológicas en la cárcel de Combinado del Este (provincia de La
Habana) donde permanece encarcelado. Las autoridades niegan a su suegra el
derecho de
visitarlo.
En Cuba, pequeñas agencias de prensa independientes, organizaciones
de la sociedad civil o de defensa de los derechos humanos, no reconocidas por el
gobierno, publican regularmente artículos en sitios de Internet,
domiciliados en Miami, enviando los textos por fax o dictándolos por teléfono.
RSF recuerda que el periodista Bernardo Arévalo Padrón,
director de la agencia de prensa independiente Línea Sur Press, se
encuentra todavía encarcelado. Fue condenado, en noviembre de 1997, a
seis año de cárcel por "desacato" al Presidente Fidel
Castro y al vicepresidente Carlos Lage. Está detenido en el campamento de
trabajos forzados de El Diamante, en la provincia de Cienfuegos (centro de la
isla). Al considerar que todavía no estaba "reeducado políticamente",
las autoridades del campamento le denegaron su solicitud de libertad condicional
el pasado 1° de abril. Desde el mes de octubre de 2000, puede beneficiarse
teóricamente de esa libertad por haber cumplido la mitad de su pena.
En un informe titulado "Los enemigos de Internet" y publicado por
RSF en marzo de 2001, la organización ya escribía:
"El gobierno cubano adoptó, en 1996, el decreto-Ley 209 titulado
"Acceso desde la República de Cuba a la red informática
global". La utilización de Internet, según ese decreto, no
debe hacerse "violando los principios morales de la sociedad cubana ni los
textos de las leyes del país". Los correos electrónicos no
deben "comprometer la seguridad nacional". Por otra parte, Fidel
Castro creó, el 13 de enero de 2000, un Ministerio de Informática
y Comunicaciones y anunció que quería "transformar
Cuba en una sociedad de la información".
Fidel Castro denuncia regularmente este "instrumento de manipulación
del capitalismo, en el que la mayor parte de la información está
disponible en inglés". Los ciudadanos que quieren tener acceso a
Internet deben dar "una razón válida". Si su petición
es aceptada, firman un contrato de utilización con cláusulas
restrictivas. Lógicamente, sólo la nomenclatura cubana tiene
acceso: políticos, altos funcionarios, intelectuales y periodistas
cercanos al poder, así como las embajadas y las empresas extranjeras. Las
sociedades cubanas exportadoras no disponen de acceso completo a la Red y tienen
que conformarse con el correo electrónico.
Ha surgido un mercado negro de direcciones e-mail que sirve para los pocos
cubanos que disponen de un ordenador: en efecto, lo mismo que las
telecopiadoras, deben estar declarados ante la administración. Los
internautas nacionales sospechan, además, que los servicios de información
interceptan sus mails porque los mensajes procedentes del extranjero les llegan
varias horas después de haber sido enviados. O nunca.
Todo el tráfico de Internet está centralizado en una única
máquina en la que se efectúa la censura, a través de
filtros. Muchos sitios no están disponibles desde Cuba. El filtrado se
lleva a cabo en varios niveles: el URL del sitio, su dirección IP y su
contenido son cuidadosamente controlados en una lista de cientos palabras clave.
Sin embargo, parece que algunos jóvenes internautas han conseguido
acceder a toda la Red salvando los obstáculos.
Indirectamente, Internet ha permitido a los periodistas independientes (un
centenar en la isla, hostigados y considerados "contrarrevolucionarios")
ampliar su audiencia: aunque no tienen acceso al Net, los sitios de la comunidad
cubana en el exilio (presentes, sobre todo, en Miami) difunden sus artículos
transmitidos por teléfono o por fax.
Los periódicos oficiales Granma, Juventud Rebelde o Trabajadores, y
la agencia nacional de prensa Prensa Latina, tienen todos un sitio en Internet.
El régimen cubano censura pero también utiliza el Net para
difundir su propaganda.
Reporteros sin Fronteras (RSF) defiende a los periodistas encarcelados y la
libertad de prensa en el mundo, o sea el derecho de informar y estar informado,
en conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. RSF cuenta con nueve secciones nacionales (Alemania, Austria,
Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia y Suiza),
con representaciones en Abidyán, Bangkok, Montreal, Tokio y Washington, y
con un centenar de corresponsales en el mundo. |
