Ramón Navarro.
El Nacional - Miércoles 13 de
junio de 2001.
El titular del Colegio Nacional de Entrenadores de Venezuela, Jesús
Elorza, introdujo el pasado lunes ante la Fiscalía General de la República
una solicitud de demanda de nulidad del acto administrativo mediante el cual se
firma el convenio deportivo entre Venezuela y Cuba.
El dirigente, quien ha mantenido una actitud frontal en contra del
mencionado programa, apoyando sus argumentos en criterios estrictamente legales,
reiteró que jurídicamente está demostrado que el referido
convenio viola varias leyes en Venezuela.
"Se trata de un acto de irresponsabilidad del Gobierno Nacional. Ese
convenio viola la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del
Trabajo, la Ley de Presupuesto, así como la de Salvaguarda y atropella y
lesiona la educación superior en el área deportiva", señaló
Elorza.
El polémico programa, que supone la presencia de aproximadamente tres
mil técnicos Cubanos que vendrán al país por avanzadas, es
visto por Elorza, quien estuvo asistido legalmente por el abogado Carlos Felice
Castillo, como un negocio redondo para los Cubanos, entre otras razones porque
los entrenadores antillanos, específicamente quienes trabajan en el
estado Aragua, disponen de 1.500.000 bolívares mensuales, que les cubre
alimentación, transporte, alojamiento y viáticos.
"Los más grave es la discriminación laboral que esto
plantea", insiste Elorza, cuyo documento hace hincapié en la
contradicción que supone el hecho de que dichos Cubanos estén
haciendo un diagnóstico del deporte nacional, cuando en el país
ese tipo de trabajos de investigación ya se han hecho en reiteradas
ocasiones.
"Denuncio, además, que el Ejecutivo incurre en una grave
incoherencia al enviar a 250 bachilleres venezolanos a cursar estudios de
Educación Física en La Habana, si en Venezuela contamos con
suficientes instituciones de Educación Superior especializadas en el área
deportiva. Otra cosa sería la de un posgrado que no dudamos, pudiera
realizarse en Cuba o en otro país altamente desarrollado en las ciencias
del deporte", expone el demandante en el aludido documento, en relación
con el grupo de estudiantes de pregrado que envió el Instituto Nacional
de Deportes a suelo Cubano.
Se estima que en 10 días el despacho de que dirige el fiscal general
Isaías Rodríguez se pronuncie sobre el caso que, sin duda, está
creando una corriente de opinión dividida, porque los criterios como se
maneja el convenio no son propiamente los más democráticos, según
el denunciante.
Acusan a Elorza de estafador
"El no representa ni a los entrenadores ni a nadie. El nos quitó
el cinco por ciento a cada uno de los liquidados y ese monto asciende a 300
millones de bolívares", comentó el entrenador y abogado
Roberto Sarmiento, quien junto a más de 200 entrenadores de todo el
territorio nacional protestaron ayer en frente del Instituto Nacional de
Deportes.
Los ex empleados del IND exigen el derecho a jubilación, así
como sus prestaciones sociales. "Elorza nos estafó, nos engañó,
nos vendió una idea distinta, no dijo que el IND iba a desaparecer y que
nos acogiéramos a la liquidación. Eso lo hizo a sabiendas de que
nos perjudicaba, pero como nosotros somos trabajadores honestos, creímos
en él", recalcó Sarmiento dejando entrever que el único
culpable es el presidente del Colegio de Entrenadores de Venezuela, Jesús
Elorza.
La titular del IND y viceministra de Deportes, Francis Terán, recibió
a los manifestantes, y les aseguró reunirse con ellos el próximo
27 de los corrientes, en virtud a que ya se encuentra introducida una demanda
contra el IND en un tribunal. "Nosotros no le vamos a echar el muerto a
usted", dijo Giovanni Rojas, abogado del grupo, refiriéndose a Terán.
"Sabemos que fuimos engañados por Elorza, pero usted tiene que tomar
cartas en el asunto".
Hay más de cuatro mil personas entre entrenadores, obreros y personal
administrativo que se encuentran desempleados, pues creyeron que con la
descentralización del IND las gobernaciones iba a asumir sus respectivos
compromisos laborales. Elorza indicó que "ellos firmaron
conscientemente, sabían las condiciones y ahora como gastaron todo el
dinero no les queda más remedio que protestar".
(c)Copyright 2000. CA Editora El Nacional.
Su hermano Carlos Alberto Payá recibirá hoy en su nombre el IV
Premio Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Hispano Cubana,
en un acto en la Casa de América.
La única ocasión en que el político democristiano pudo
salir de la isla fue para acompañar a uno de sus hijos a recibir
tratamiento médico en EE.UU. Tanto él como su esposa, Ofelia, y su
hermano Alejandro tienen prohibida la salida. Tres de sus hermanos viven en
Madrid. Uno de ellos, Óscar, que es médico, no pudo regresar a
Cuba el pasado agosto cuando su madre se estaba muriendo, a pesar de que tenía
visado. Tampoco les dejaron asistir al entierro.
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