Una historia
indigna
Héctor Maseda, Grupo Decoro
LA HABANA, junio - Provocar enfermedades profesionales, contaminar el medio
ambiente, afectar a vecinos de la zona, utilizar como mano de obra barata a los
convictos y no realizar inversiones que beneficien el entorno ha sido el saldo
histórico que acompaña a la fábrica de Cerámica Roja
en Cuba, debido a la indolente actitud asumida con ella por el gobierno de Fidel
Castro.
En la década de los años 50 la familia Azorín,
empresarios emprendedores que dominaban los secretos para la fabricación
de la cerámica roja, decidieron fundar una empresa privada en el reparto
San Francisco, en las afueras de la ciudad de Camagüey, y comenzar la
producción de ladrillos refractarios y antiácidos, así como
de otras piezas para ser utilizadas en la construcción de hornos. Fue
elegido este lugar porque a menos de 3 kilómetros de él, en el
municipio de Minas, existían grandes reservas de la materia prima a
utilizar y excelentes facilidades para su transportación de un lugar a
otro.
En los años 1962-63 esta industria fue nacionalizada por el gobierno
cubano sin que mediara ninguna indemnización, igual que con el resto de
las principales empresas existentes en el país. Automáticamente se
convirtió en una dependencia del Ministerio de Industrias, que en esa época
dirigió Ernesto Guevara, quien se interesó por el proceso tecnológico
empleado en la fábrica, en ese entonces en estado de semiparalización,
y decidió -asistido por especialistas en la materia- reactivar su
producción, incorporándole una nueva inversión que incluiría
la elaboración de piezas de cromo magnesita para la construcción
de todo tipo de hornos en el país. Al mismo tiempo, esta producción
nacional sustituiría la importada de Venezuela, que le costaba al país
11 millones de dólares cada año.
Pasaron los años y el proyecto no se concretó. Probablemente
por las grandes erogaciones que exigía la nueva línea productiva:
instalación de modernas tecnologías que elevaran la producción
del trabajo y no afectaran el medio ambiente.
No fue hasta 1989-90 que se retomó la idea original y se constituyó
el Grupo Inversionista del Ministerio de la Industria de Materiales de la
Construcción, con el objetivo de terminar y poner en marcha dicha fábrica.
De ese grupo formó parte Jorge Enrique Ribes Peña, en calidad
de jefe de abastecimientos y excepcional testigo del tortuoso camino recorrido
por el proyecto.
"Las dificultades que debió enfrentar el equipo con los
abastecimientos de la técnica a instalar fueron diversos -recuerda Ribes
Peña- fundamentalmente por el desastroso estado de conservación en
que estaba la prensa principal y el impropio almacenamiento de sus accesorios.
Igual ocurrió con el sistema de reciclar los vapores y tartículas
tóxicas que, de no existir, las sustancias serían lanzadas a la
atmósfera e inhaladas por los trabajadores y vecinos de la zona. Este
agregado jamás funcionó, entre otras razones porque requería
de una tela específica, llamada de canaleta, que nunca tuvimos a nuestra
disposición y cuyo costa era entonces de 480 dólares por metro en
el mercado internacional. Por supuesto que todos estos problemas eran del
dominio de los miembros del grupo y de las instancias superiores del organismo
central y del gobierno cubano", precisó la fuente.
El cromo magnesita cuenta entre sus bondades presentar gran resistencia a
las altas temperaturas y a las variaciones bruscas de éstas, condición
que le permite reducir el tiempo de cocción a menos de la mitad, elevar
la calidad de las piezas construidas, aumentar el tiempo de vida media de los
hornos entre reparaciones y rebajar los costos de producción. Pero, al
mismo tiempo, cuando esa sustancia es sometida a determinadas temperaturas envía
vapores tóxicos al medio ambiente con alto contenido de plomo y partículas
de sílice, en suspensión causantes de sendas enfermedades
profesionales.
La primera de ellas (llamada plumbemia) contamina la sangre de la persona
que la respira y limita las funciones de quienes la padece. La segunda provoca
la silicosis, una neumoconiosis causada por la arena sílice, generadora
de un estado morboso crónico de los pulmones. Ello se debe a la
infiltración en el aparato respiratorio de estas partículas de
origen mineral que ocasionan fibrosis en el tejido de los pulmones
frecuentemente causantes de la aún mortal tuberculosis.
Por esta razón existe un convenio aprobado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que prohíbe el uso de cromo magnesita como
parte de cualquier proceso tecnológico emisor de sus gases al entorno.
Se conoce que al menos una docena de ex trabajadores de la Cerámica
Roja padecen de estas enfermedades profesionales.
"Debemos tener en cuenta, además, que en período 1989-90
las autoridades penitenciarias construyeron una cárcel en el fondo de la
fábrica, conocida también por el nombre de Cerámica Roja.
Muchos de los recluidos allí trabajaron en sus diferentes secciones buena
parte de la década de los 90 para suplir con mano de obra barata la
inestable fuerza laboral de aquella empresa, en la que los obreros renunciaban a
los pocos meses debido a las pésimas condiciones laborales y los bajos
salarios. No se conoce el número de presos y ex presos que sufren de
estos padecimientos" -agregó Ribes Peña.
En la actualidad (junio del 2001) la dirección del penal no envía
reclusos a esa factoría porque la producción se redujo y los
obreros de la entidad apenas ascienden al medio centenar, pero la fábrica
sigue lanzando al medio gases tóxicos y partículas dañinas
al ser humano. Y este daño no sólo afecta a los empleados, sino a
los miles de vecinos que habitan en comunidades de alta densidad poblacional
construidas en los alrededores: repartos San Francisco, Lenin y Victoria, así
como la cárcel La Empresita y la mencionada penitenciaría de Cerámica
Roja.
"Las razones por las que se mantiene en producción este foco de
enfermedades para el hombre y de contaminación para el medio ambiente
-expresa Ribes Peña- son de perfil económico y social. Las piezas
de cerámica construidas en esa industria están destinadas casi en
su totalidad a la reparación periódica de los 150 complejos
agroindustriales de fabricación de azúcar que posee el país.
Dejar de producirlas equivaldría a echar a la calle a cientos de miles de
trabajadores de los más de 2 millones que nacionalmente tiene el sector
azucarero, además de que colapsaría la segunda industria del país,
apreciablemente deprimida por los precios del azúcar en el mercado
internacional" -concluyó la fuente.
Sería un grave problema el desempleo masivo inesperado que debería
enfrentar el gobierno de Cuba. Obviamente, la cadena se rompe por el eslabón
más débil. Y me atrevería a añadir: o por el menos
importante para el régimen de La Habana.
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