Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, y una carta del ex presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, a los presidentes de las comisiones de relaciones
internacionales de aquel país delatan cómo «grupos de
traficantes utilizaban el territorio de Cuba para transportar droga».
Diario 16 | Madrid.
Julio 16, 2001.
«Mantenemos bajo estrecha observación al tráfico en el área
y, si las pruebas lo justifican, hemos de agregar a Cuba en la lista de países
principales», afirma el texto al que ha tenido acceso Diario 16.
El 23 de febrero pasado la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE), integrado por trece expertos elegidos por el Consejo
Económico y Social de la Naciones Unidas para supervisar la aplicación
de los tratados de fiscalización internacional de drogas, establecía
que Cuba, «mediante la enmienda al Código Penal, ha combatido el
lavado de dinero; sin embargo, aprovechando la situación estratégica
de Cuba en el Caribe, contrabandean drogas a través de sus aguas
territoriales».
RASTREAR LAS PISTAS. Entre las funciones de la mencionada JIFE figura la
preparación de un informe anual para evaluar la situación de la
fiscalización de drogas así como las medidas adoptadas por los
Gobiernos de los distintos países investigados.
El mencionado informe refrendaba una carta que el ex presidente de los
Estados Unidos, Bill Clinton, remitió a los presidentes del Congreso y
del Senado de su país en la que les informaba de los principales países
que producen o transitan con drogas ilícitas. En la misiva, fechada el 10
de noviembre de 1999, se especifica que determinados grupos de traficantes
utilizan el territorio de Cuba para transportar drogas.
La preocupación del entonces presidente norteamericano no era solo ésa.
La administración de aquel país quería confirmar si ese tráfico
de drogas movilizaba «importantes cantidades de heroína y cocaína
dirigidas a Estados Unidos».
Por si hubiera alguna duda, en su misiva Clinton aportaba más datos
para que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos rastrearan las pistas: «Las
comunidades de inteligencia analizaron la información para determinar si
el embarque de 7,2 toneladas de cocaína, decomisado en Colombia en
diciembre de 1998, iba dirigido a Estados Unidos en un contenedor que
supuestamente iba a Cuba».
Según los servicios de información norteamericanos, el
embarque iba dirigido a España y no a Estados Unidos. «También
observamos atentamente -relata el informe presidencial- el uso de las aguas y el
espacio aéreo de Cuba para el tránsito de drogas hacia Estados
Unidos, como se comprende en el término `país principal de tránsito
de drogas'', aplicable al territorio, aguas y espacio aéreo de un país
sobre el cual puede ejercerse soberanía de manera acorde con el derecho
internacional y las prácticas de Estados Unidos».
Las sospechas de Estados Unidos parecieron confirmarse. En un informe
posterior, Bill Clinton especificaba: «Hemos detectado lo que parece ser
alguna actividad aérea y marítima acorde con las características
del tráfico de drogas. Desde hace un año esta actividad ha
disminuido de manera importante mostrando un correspondiente descenso en el
flujo de drogas. Mantenemos bajo estrecha observación el tráfico
en el área y, si las pruebas lo justifican, hemos de agregar a Cuba a la
lista de países principales de tráfico de drogas».
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