Editorial. El
Nacional - Viernes 20 de abril de 2001. Caracas, Venezuela.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su reunión anual
en Ginebra terminó en lo que todos sus asistentes ya habían
previsto: "una fuerte preocupación por la continua represión
a los miembros de la oposición en Cuba", la condena por el uso "desproporcionado"
de la acción militar israelí en territorios palestinos y una
exoneración a la República Popular China, que si sorprendió
a alguien fue a los halcones de Estados Unidos, urgidos de una sanción
que ya estaba negociada en contrario. De manera que la convocatoria al foro
suizo se está haciendo cada día más previsible y burocrática:
no es el mecanismo institucional al que el mundo aspira para condenar lo que es
la esencia de la democracia: el respeto al ser humano.
La moción presentada contra el régimen Cubano fue tan raquítica
que apenas dos votos marcaron la diferencia (22 a favor, 20 en contra, y 10
abstenciones), lo cual sugiere que otros intereses políticos y económicos,
más allá de lo esencialmente planteado como lo son los derechos
humanos, juegan un papel importante a la hora de discutir y razonar las
argumentaciones presentadas. Esto resulta muy grave pues se termina por creer
que se exonera o se culpa en función de grupo de países, de
tendencias particulares y de intereses muy alejados de lo que es el objetivo de
la reunión.
Venezuela mostró sus intenciones por anticipado con motivo de la
visita del Presidente de China. Cualquiera hubiera advertido que no era
necesario, pero como es costumbre en este régimen, hicimos lo que era
inadecuado. Anunciamos lo que no era necesario anunciar porque era obvio lo que
iba a ocurrir entre quienes acudían a la cita en Ginebra, pero insistimos
en hacer el ridículo para satisfacer cierto papel protagónico que
nunca vamos a tener, al menos por ahora. Más bien deberíamos mirar
hacia adentro y dar cuenta de la manera como nos estamos comportando en relación
con los derechos humanos en nuestro país. En esa materia no hemos
cumplido ni con la Constitución bolivariana ni mucho menos con las
instancias internacionales.
Veamos algunos ejemplos que hemos publicado en estas mismas páginas:
La Fiscalía General de la República reconoció un "listado
oficial de personas fallecidas con ocasión de los sucesos de
febrero-marzo de 1989", dando cumplimiento a las recomendaciones que formuló
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano a
propósito del Caracazo. Doce años después es el primer
listado que se hace del conocimiento público, lo cual resulta un paso
significativo para la reconstrucción de estos trágicos hechos.
Pero, por los graves equívocos presentes en ese listado nos damos
cuenta de que ese texto es el ejemplo más ilustrativo de la impunidad
institucionalizada que existe en Venezuela. Ese anuncio sobre personas
fallecidas, como lo denunciaron los representantes de las víctimas,
incluye a mujeres y hombres que están vivos, como son los casos de
Gregoria Matilde Castillo, Osquelis Campos y Noraima Sosa Ríos. También
presenta a personas asesinadas cuyos restos no han sido debidamente
identificados y entregados a sus familiares, e incluye a individuos que desde
1989 se encuentran desaparecidos. ¿Podemos confiar entonces en ese
documento oficial?
No puede obviarse que resulta verdaderamente vergonzoso, que una década
después el Estado venezolano publique un listado de personas fallecidas,
en el cual se incurre en graves y escandalosos errores. Es inadmisible que el
Ministerio Público no haya sido suficientemente cuidadoso para depurar
este listado y dar efectivo cumplimiento con el mandato de los organismos
internacionales.
En el caso del 27 de febrero de 1989, como en otros crímenes contra
los derechos humanos, el Estado no ha tenido una postura coherente y razonable.
Se ha ofrecido un discurso a favor de las víctimas por parte del alto
gobierno, pero la fuerza de los hechos demuestra que aún 12 años
después no hay suficiente voluntad política para hacer justicia y
dar satisfacción mínima a los afectados. Ese sería un signo
claro de la voluntad del Estado de garantizar la no repetición de los
hechos y de su firme compromiso de hacer buena la palabra del derecho
internacional de los derechos humanos.
Los derechos humanos deben ser un elemento con presencia permanente en las
políticas públicas de un Estado y no pueden ser utilizados únicamente
por conveniencia proselitista. Un buen récord en derechos humanos se
construye con hechos concretos y no con meras palabras. Y eso comienza por poner
orden en la casa.
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