Miguel Angel Granados Chapa.
El Imparcial. 18 de Abril de 2001.
Hermosillo, Sonora, México
El 16 de abril de 1961 la República de Cuba se declaró
socialista, y al día siguiente se produjo el asalto a Bahía de
Cochinos o Playa Girón, una fallida tentativa norteamericana para
derrocar a Fidel Castro, mediante grupos de exiliados en Miami. Exactamente
cuarenta años más tarde, llegó a México el senador
Jesse Helms, coautor de la ley que sintetiza el prolongado y persistente bloqueo
económico a aquella isla caribeña, y pena a los inversionistas de
cualquier país, incluido México, si hacen negocios con el Gobierno
cubano. En ese marco, el de hace cuatro décadas y el presente, deberá
producirse hoy el voto mexicano en la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, con sede en Ginebra.
Es difícil suponer que el veterano senador por Carolina del Norte
haya viajado a México en estas fechas para presionar a la Cancillería
mexicana en torno del voto en Ginebra. Es verdad que la añeja y distante
enemistad de Helms con Jorge G. Castañeda, que era un rojo irredento a
los ojos del conservador político republicano se ha trocado en flamante
amistad, no porque el senador haya cambiado, sino porque lo hicieron el gobierno
de nuestro país y su actual canciller. Pero la mudanza de este último
no ha sido tan intensa como para someterse mecánicamente a dictados
procedentes del Capitolio, cuyos salones de audiencias bien recuerda Castañeda
por haber participado activamente en el cabildeo contrario a la aprobación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Es, pues, pura coincidencia que Helms esté aquí cuando se
reaviva el debate mexicano sobre la situación interna de Cuba, a propósito
de la condena a La Habana que el Gobierno de Praga intenta conseguir, y frente a
la cual la delegación mexicana se abstendrá. La posición
mexicana, a diferencia de las abstenciones comunes, no es silenciosa. Será
elocuente pues no niega que los derechos humanos en Cuba constituyen hoy su máxima
debilidad, pero tampoco deja de reconocer que condenar a su régimen
resulta de una actitud parcial, sesgada y politizada. Debería añadir,
pero quizá la hospitalidad para Helms lo impida, que el examen y la toma
de posición sobre la situación cubana no puede realizarse de modo
cabal ni no se consideran los efectos del bloqueo y el hostigamiento de Estados
Unidos sobre el régimen cubano.
No es sólo metáfora que, como consecuencia de esa actitud
hostil, Cuba padece una suerte de guerra sorda, avivada de tanto en por
atentados contra la vida del presidente Fidel Castro, el más reciente de
los cuales se frustró hace apenas unos meses, en la Cumbre Iberoamericana
efectuada en Panamá. Pasado mañana mismo, cuando se reúna
en Quebec la tercera Cumbre de las Américas, Cuba estará ausente,
pues persiste la política de apartarla de la comunidad panamericana. El
aislamiento no puede convertirse en una coartada, pero ignorar sus efectos en la
vida interna de la isla, la anormalidad que el bloqueo suscita, impide un análisis
completo de la cuestión. Cuando México entró en guerra
contra las potencias del Eje, suspendió las garantías
individuales, es decir los derechos humanos. Sin una declaración formal,
Cuba vive una guerra y remite a esa anomalía las restricciones a las
libertades públicas. No son condonables tales limitaciones, pero tampoco
son condenables sin más, sin considerar el entorno en que se practican.
El 20 de marzo, en preparación de la posición mexicana en la
sesión que hoy se inicia, el canciller Castañeda abrazó la
tesis del injerencismo humanitario, que favorece la intervención en los
asuntos propios de cada país cuando se trata de la promoción y
defensa de los derechos humanos, pues tales prerrogativas de los seres humanos,
sostiene esa doctrina y ahora la Cancillería mexicana, no son internas ni
externas, sino humanas.
Lo acompaña en esa posición un grupo de intelectuales que dos
veces, el 4 y el 9 de abril demandaron al Gobierno mexicano votar en favor de la
condena a Cuba cuyo proyecto, firmado por la República Checa es empujado
por Washington.
La aparente inclinación a votar en ese sentido se frenó el
martes de la semana pasada. Antes de salir a vacaciones, el Senado aprobó
un punto de acuerdo iniciado por el priísta oaxaqueño Miguel Sadot
Sánchez Carreño y suscrito por senadores de todos los partidos,
incluidos los dos que llevaron a la Presidencia al jefe del canciller Castañeda,
el PAN y el Verde.
Obviamente sin decirlo de modo expreso, el Senado rechazó el
injerencismo humanitario y pidió al Gobierno apegarse a los términos
constitucionales de la política exterior, que en sentido contrario
proclaman la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
Exhortó al Ejecutivo para que "la delegación mexicana emita
su voto de acuerdo con los principios que regulan nuestra política
exterior y en contra de cualquier resolución atentatoria de la soberanía
de la República de Cuba". Como órgano legislativo
corresponsable de la política exterior según la Constitución,
ese exhorto tenía fuerza plena. Pero le agregó la suya propia el
que en esa misma fecha y en sentido semejante adoptó la Cámara de
Diputados.
Preso entre esos criterios adversos, el de los intelectuales (coincidente
con el suyo propio) y el de los legisladores, el canciller Castañeda
eligió el camino intermedio, la abstención. Tal pretendida
neutralidad no debería obstar para que, lejos de todo fariseísmo y
fraternalmente, contribuya a la normalización interna de Cuba, sólo
posible cuando desde fuera se la trate con normalidad.
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