La compraventa de pisos, ilegal en la isla, se encubre bajo fórmulas
como la permuta
Mauricio Vicent | La Habana.
El País, agosto 6, 2001.
Cientos de viviendas, dinero en efectivo, cuentas bancarias y otros bienes
'obtenidos mediante enriquecimiento indebido' han sido confiscados en Cuba, según
un informe de la Fiscalía General de la República presentado ante
el Parlamento y facilitado ayer a la prensa internacional. El informe, que se
refiere al trienio 1998-2000, habla de 347 viviendas, pero datos avanzados por
la prensa local (oficial) hablan de 1.400 sólo en el año 2000. En
cualquier caso, la medida pone de relieve el alcance de la batalla contra las
ilegalidades en el sector de la vivienda, un tema muy delicado en la isla.
En los años sesenta, las mansiones y casas de los que abandonaban
Cuba huyendo de la revolución eran nacionalizadas inexorablemente por el
Gobierno de Fidel Castro. Cuatro décadas después, la historia se
repite, pero a la inversa: como parte de la ofensiva ideológica y del
proceso de 'lucha contra las ilegalidades' que se vive hoy en la isla, cientos
de casas compradas en los últimos años bajo mano por extranjeros,
exiliados o nuevos ricos cubanos, están siendo confiscadas. Las
autoridades han convertido algunas en centros de salud y destinado otras a usos
sociales.
El diario oficial Granma ofreció en julio la siguiente cifra: en el año
2000 se confiscaron más de 1.400 viviendas, se expulsó de ellas a
548 'ocupantes ilegales' y se impusieron multas por valor de 285 millones de
pesetas. El proceso continúa y cada mes se hacen nuevas investigaciones y
decomisos. Una buena parte de las casas confiscadas hasta ahora estaban en
barrios lujosos de La Habana, en playas como las de Santa Fe y Guanabo, y en
otros lugares menos llamativos; muchas habían sido adquiridas de forma
ilegal por extranjeros o nuevos ricos cubanos que enmascaraban la compraventa
(ilegal en la isla, incluso entre cubanos) como si fuese una simple permuta, un
intercambio de viviendas.
Según The Miami Herald, son muchos los exiliados residentes en EE UU
que han comprado ilegalmente casas en La Habana, Varadero y otros lugares de
Cuba y las han puesto a nombre de sus familiares en la isla. Lo mismo han hecho
los extranjeros con novia o amigos en Cuba, esperando que 'las cosas cambien
después de Castro' para regularizar su situación y que sus
propiedades se revaloricen.
Además, está el caso de los macetas o nuevos ricos cubanos
residentes en la isla con acceso a dólares y que han comprado o reformado
viviendas hasta convertirlas en mansiones. Para las autoridades, más allá
de poner orden y de luchar contra el delito, las confiscaciones en todos estos
casos tienen motivos políticos. 'El día en que el dinero
distribuya las viviendas del país, estaremos divididos en clases
sociales, y eso no lo permitiremos', ha indicado Juan Contino, el presidente de
los Comités de Defensa de la Revolución.
Empresas españolas
Aparte del caso de los nuevos ricos, el Gobierno no está por la labor
de tolerar que ciudadanos extranjeros o exiliados cubanos adquieran bajo manga
propiedades. Un ejemplo claro tuvo lugar hace dos años, cuando el
Ministerio de Inversión Extranjera decidió suspender temporalmente
las nuevas inversiones en la construcción de viviendas para extranjeros.
Diecisiete empresas, varias españolas, habían sido autorizadas en
ese momento a fabricar 2.300 apartamentos en la capital, pero las autoridades
dieron la orden de parar. Se generó inquietud y preocupación en la
comunidad empresarial. La ministra de Inversiones Extranjeras, Marta Lomas, calmó
los ánimos al asegurar que se trataba de una 'suspensión
temporal', además sólo aplicable a La Habana. Los 500 apartamentos
hasta ese momento vendidos o comprometidos con extranjeros, se respetarían,
dijo. El resto sería comprado por empresas estatales para su alquiler.
Las autoridades dieron motivos diversos para justificar la medida, pero uno
de los de más peso era que sólo el 90% de los compradores de los
500 apartamentos eran extranjeros sin vínculos con Cuba, cuando uno de
los objetivos de la apertura era resolver el déficit de viviendas para
empresarios y diplomáticos residentes en la isla. Otra razón era
que la venta de apartamentos a extranjeros, cuando los cubanos no pueden comprar
una vivienda, sino sólo permutarla, generaba contradicciones.
Desde enero de 1959, todo el que se marchaba para no volver perdía
sus propiedades. Esta política ha permanecido invariable. Pero ahora
también todo el que llega, extranjero o nuevo rico, con ánimo de
hacer una compra barata pensando en el día después, ha de
sopesarlo. En 2000 se aprobó el decreto 211, que otorga al Instituto de
la Vivienda el derecho de autorizar construcciones y reformas y de confiscar
viviendas en caso de infracciones.
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