El País, Madrid
Cuba viene acogiendo etarras desde 1984 en función de "un
acuerdo" en ese sentido "con el Gobierno socialista de Felipe González
que piensa seguir cumpliendo". Así de categórico se mostró
su presidente, Fidel Castro, en febrero de 1998, en La Habana, ante una delegación
del PNV que se interesó por la situación de ese grupo. Iñaki
Anasagasti y Joseba Egibar, portavoces del partido que preside Xabier Arzalluz,
informaron entonces de que, según Castro, "la disposición
cubana era la de no crear problemas" con su actitud hacia los miembros o ex
miembros de la banda terrorista afincados en su territorio.
En esa época, ya con el PP en La Moncloa, las relaciones entre el
Ejecutivo español y el cubano eran muy tensas tras la retirada por parte
de las autoridades isleñas del plácet a José Coderch como
embajador. José María Aznar insistía en que el régimen
castrista había utilizado su política de asilo a los etarras como
un resorte de presión en sus relaciones con España y le exigía
garantías de que no ampararía a ningún prófugo de la
justicia española ni permitiría el regreso a la clandestinidad de
los militantes residentes en la isla.
La reclamación del Ejecutivo español en su diálogo con
el cubano respondía, entre otras razones, a su convicción de la
simpatía de ETA y HB por la revolución castrista y la participación
directa de etarras en la sandinista, que contó con el pleno apoyo de
Cuba. Por ejemplo, Eusebio Arzalluz Tapia, Paticorto, considerado como uno de
los máximos responsables del aparato logístico de la organización
terrorista, intervino activamente en la lucha planteada a la contra nicaragüense.
La política de deportación
Cuba, en efecto, fue el destino, en el marco de la política de
deportación negociada por el Gobierno socialista con Francia, de diversos
activistas de ETA, algunos de ellos, como Jesús Abrisqueta Corta, Txutxo,
y José María Larretxea Goñi, acusados del asesinato del
capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983. Ambos, junto a
José Antonio Múgica Arregi; Carlos Ibarguren, Nervios; José
Ángel Urteaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio
cursaron estudios universitarios en la Universidad de La Habana y recibieron
subvenciones económicas del régimen castrista, que les dio trato
de representantes políticos.
Más recientemente, en mayo de 1998, con ocasión del
desmantelamiento de parte del entramado financiero de ETA y su entorno en una
operación dirigida por el juez Baltasar Garzón, se descubrió
que varias de las empresas legales de la banda han invertido decenas de millones
de pesetas en Cuba en los últimos años. Así, según
el juez, la sociedad Gadusmar, de Bermeo (Vizcaya), se constituyó en
Bilbao en diciembre de 1994, y dos años más tarde, en 1996, nombró
a Nervios y a Agustín Azkarate Itxaurrondo, Kapela, como sus apoderados
en la isla.
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