M.Vicent / P. Egurbide, La Habana / Madrid.El País. Noviembre 9, 2000
Las autoridades de La Habana han pedido al Gobierno español que dé
garantías de la "integridad física" y del "respeto
de los derechos" de Ainara Esteran y Nerea Garro, las dos presuntas etarras
detenidas el miércoles en Madrid después de que se les negara
asilo político en la Embajada cubana. En un comunicado publicado ayer, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba solicita también que las
autoridades españolas informen de la "situación" de las
detenidas. La nota oficial no hace referencia a la supuesta vinculación
de Esteran y Garro a la banda terrorista ETA.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores optó ayer por
quitar importancia a esta nota cubana, quizás por lo que pudiera tener de
provocación derivada del malestar que suscitaron en La Habana las
actuaciones del Gobierno de Madrid en relación con los cubanos que han
buscado asilo en delegaciones diplomáticas españolas.
El propio comunicado del ministerio cubano recuerda que las garantías
pedidas ahora por Cuba son las mismas que en el pasado solicitó la
Embajada española en la capital cubana cuando ciudadanos cubanos
penetraron y permanecieron en dicha delegación durante "días
y semanas enteras". Según La Habana, estas personas "recibieron
siempre del Gobierno cubano las garantías requeridas por el Gobierno español".
En 1990, dieciocho cubanos se refugiaron en la misión diplomática
española en La Habana y permanecieron en ella durante varios meses.
Posteriormente, en diferentes ocasiones, otros ciudadanos cubanos penetraron
igualmente por la fuerza en la Embajada española, pero fueron "convencidos"
por funcionarios españoles de que saliesen por propia voluntad. El último
caso conocido es el de dos cubanas de nacionalidad española, Karelia
Deulefou y su hija Gabriela, quienes entraron en la Embajada española el
28 de marzo pasado y llegaron a pasar una noche en el recinto diplomático.
La cumbre de Panamá
La petición de garantías para las presuntas etarras a la que
ayer dieron publicidad las autoridades cubanas se produce en vísperas de
la Cumbre Iberoamericana de Panamá, donde, el próximo día
17, muy probablemente, Fidel Castro volverá a coincidir con el rey don
Juan Carlos y el presidente del Gobierno, José María Aznar. La
edición de esta reunión en 1999, celebrada en La Habana, marcó
una clara recuperación de las relaciones hispano-cubanas, que se habían
deteriorado tras la llegada del PP al Gobierno.
La despreocupación del ministerio español de Exteriores por el
incidente de ayer parecía sincera, en la medida en que la Oficina de
Información Diplomática tardó horas en hallar la pista de
las dos comunicaciones que los cubanos decían haber realizado en relación
con este tema. Tanto el ministro, Josep Piqué, como el secretario de
Estado para América Latina, Miguel Ángel Cortés, ignoraban
el requerimiento cubano a las 16.30 de ayer. Sin embargo, la primera comunicación
sobre el tema databa de las 10 de la noche del pasado lunes, 6 de noviembre, y
consistió en una llamada telefónica del ministro consejero de la
Embajada cubana al funcionario español de guardia en Exteriores. La
segunda, fue una nota verbal de la embajadora en Madrid, Isabel Allende,
entregada en mano en Exteriores a finales de la mañana del martes.
El comunicado hecho público en La Habana incluye un relato preciso de
los hechos. Según el ministerio cubano de Exteriores, alrededor de las
nueve de la noche del día 6 "dos ciudadanas saltaron la cerca que
limita el acceso al área exterior de la Embajada de Cuba" en Madrid.
Inmediatamente después, un vigilante que se encontraba allí llamó
a la policía "temiendo que se tratara de una provocación o
agresión a la sede diplomática". En el jardín, las dos
mujeres plantearon al custodio que eran "perseguidas" y dijeron que
querían ingresar en la legación, a lo cual el guardia se negó.
A los pocos minutos, prosigue el comunicado, llegó a la Embajada un
diplomático cubano que "logró persuadir a dichas ciudadanas
para que desistieran de su propósito", tras explicarles que no
existen acuerdos de asilo entre Cuba y ningún país de Europa.
Las dos presuntas etarras abandonaron el recinto diplomático "voluntariamente"
una hora y cuarto después, indica la nota, tras lo cual fueron detenidas.
Integridad física
El comunicado afirma que, tras conocer los hechos Isabel Allende, la
Embajada se puso en contacto con el ministerio español de Asuntos
Exteriores para comunicar lo sucedido y solicitar además "que la
solución tuviera lugar con pleno respeto a las normas diplomáticas
y de la integridad física de las personas que solicitan asilo". La
OID comenta a este respecto que el ministerio recibió una llamada telefónica
sobre las 10 de la noche del día 6, en la que fue informado de la situación
y de que el asilo político no se concedería; y otra llamada unos
diez minutos más tarde, en la que la delegación cubana indicó
que las dos mujeres ya habían salido de la Embajada.
En el comunicado publicado ayer en La Habana se asegura que "el
Gobierno de Cuba sólo tuvo conocimiento de esta situación varias
horas después de lo ocurrido", y se dice que la Embajada de Cuba en
Madrid fue instruida "inmediatamente" para que enviase al Ministerio
de Asuntos Exteriores español una nota en la que reiteraba "la
solicitud de garantías para la integridad física de dichas
ciudadanas, el más cabal respeto a sus derechos e información
sobre la situación de las mismas".
Una fuente de la OID informó a este periódico de que, por
simple falta de tiempo, esta nota aún no había sido respondida, y
añadió que, en cualquier caso, Cuba tendrá la confirmación
deseada de unas garantías "que son obvias, al ser España un
Estado de Derecho". La misma fuente añadió que, con todo, en
este caso prevalece la satisfacción por la colaboración
antiterrorista prestada por las autoridades cubanas.
En virtud de un acuerdo entre los Gobiernos español y cubano, desde
1984 permanecen deportados en la isla una decena de militantes históricos
de ETA político-militar y de ETA militar. Algunos de ellos han abandonado
la isla, y uno, Peio el Viejo, fue detenido tras entrar ilegalmente en Francia.
La isla acoge etarras desde 1984 por un acuerdo con el Gobierno
socialista
EL PAÍS, Madrid
Cuba viene acogiendo etarras desde 1984 en función de "un
acuerdo" en ese sentido "con el Gobierno socialista de Felipe González
que piensa seguir cumpliendo". Así de categórico se mostró
su presidente, Fidel Castro, en febrero de 1998, en La Habana, ante una delegación
del PNV que se interesó por la situación de ese grupo. Iñaki
Anasagasti y Joseba Egibar, portavoces del partido que preside Xabier Arzalluz,
informaron entonces de que, según Castro, "la disposición
cubana era la de no crear problemas" con su actitud hacia los miembros o ex
miembros de la banda terrorista afincados en su territorio.
En esa época, ya con el PP en La Moncloa, las relaciones entre el
Ejecutivo español y el cubano eran muy tensas tras la retirada por parte
de las autoridades isleñas del plácet a José Coderch como
embajador. José María Aznar insistía en que el régimen
castrista había utilizado su política de asilo a los etarras como
un resorte de presión en sus relaciones con España y le exigía
garantías de que no ampararía a ningún prófugo de la
justicia española ni permitiría el regreso a la clandestinidad de
los militantes residentes en la isla.
La reclamación del Ejecutivo español en su diálogo con
el cubano respondía, entre otras razones, a su convicción de la
simpatía de ETA y HB por la revolución castrista y la participación
directa de etarras en la sandinista, que contó con el pleno apoyo de
Cuba. Por ejemplo, Eusebio Arzalluz Tapia, Paticorto, considerado como uno de
los máximos responsables del aparato logístico de la organización
terrorista, intervino activamente en la lucha planteada a la contra nicaragüense.
La política de deportación
Cuba, en efecto, fue el destino, en el marco de la política de
deportación negociada por el Gobierno socialista con Francia, de diversos
activistas de ETA, algunos de ellos, como Jesús Abrisqueta Corta, Txutxo,
y José María Larretxea Goñi, acusados del asesinato del
capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983. Ambos, junto a
José Antonio Múgica Arregi; Carlos Ibarguren, Nervios; José
Ángel Urteaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio
cursaron estudios universitarios en la Universidad de La Habana y recibieron
subvenciones económicas del régimen castrista, que les dio trato
de representantes políticos.
Más recientemente, en mayo de 1998, con ocasión del
desmantelamiento de parte del entramado financiero de ETA y su entorno en una
operación dirigida por el juez Baltasar Garzón, se descubrió
que varias de las empresas legales de la banda han invertido decenas de millones
de pesetas en Cuba en los últimos años. Así, según
el juez, la sociedad Gadusmar, de Bermeo (Vizcaya), se constituyó en
Bilbao en diciembre de 1994, y dos años más tarde, en 1996, nombró
a Nervios y a Agustín Azkarate Itxaurrondo, Kapela, como sus apoderados
en la isla.
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