Recurso de alzada
Manuel David Orrio, CPI
LA HABANA, noviembre - Yurisleydis partió rumbo a La Habana desde su
natal Las Tunas para "hacer carrera". A su favor, una licenciatura en
idioma inglés, la piel cobrizo-dorada de esas hembras provincianas y un
tratado de geometría en cada rincón de su cuerpo de 27 años
de edad.
Dos años vivió de fingir placer con extranjeros, hasta que un
día de mayo un habanero de ojos verdes, joyero de oficio, le arrancó
los primeros jadeos orgásmicos habidos en ella desde su llegada a la
capital. Yurisleydis dejó la calle, feliz de cocinar frijoles negros para
quien le endurece los pezones, y hasta encontró empleo como profesora de
inglés. La pareja alquiló un apartamento, cuyo dueño
insistió en cumplir las formalidades legales: licencia, impuestos y
autorización de residencia para la "palestina", a tenor del
Decreto 217. Entonces, llegó la hecatombe. No se autorizó su
permanencia en La Habana, pese a contar con los requisitos establecidos por la
ley.
Yurisleydis no se amilanó. Acudió a los abogados de la Dirección
de Viviendas del municipio donde reside, nada culpables de la negativa, quienes
le aconsejaron presentar un recurso de alzada ante una instancia superior en
contra de la resolución del presidente del Poder Popular de ese
territorio. La segunda hecatombe fue peor que la primera; Yurisleydis ganó
el pleito y el alcalde, por sobrepasar la ley, quedó en ridículo.
Uno de los letrados interpretó el hecho, para algunos completamente
inusual, de la siguiente manera: "Cuando se declaren con lugar sesenta
recursos de alzada, alguien va a llamar al presidente del Poder Popular de ese
municipio y le va a preguntar cómo rayos está aplicando la ley".
Los juristas tomaron nota: han devenido promotores fanáticos del recurso
de alzada.
Más allá de la inconstitucionalidad flagrante del Decreto 217,
destinado a regular migraciones internas en país donde la Ley de leyes
dice que todos "se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las
ciudades", lo cual quiere decir que el cubano puede habitar donde le dé
la gana, la experiencia de Yurisleydis conduce a un tema que con carácter
creciente es abordado entre funcionarios capitalinos: dirigentes locales dados a
sobrepasar la legalidad, cuando parece voluntad gubernamental dejar hacer,
siempre que se cumpla lo establecido por la legislación. Ni un centímetro
más, ni uno menos.
Tensión como ésa, entre poder central y poderes territoriales,
se refleja en el controvertido arrendamiento de viviendas, hijo legítimo
de una economía de resistencia dispuesta a vestir de cuello y corbata.
Por un lado, el Instituto Nacional de la Vivienda afirma que ese ejercicio económico
se desenvuelve con tendencia favorable a la legalidad. Por el otro, percepciones
locales y de prensa oficiosa persisten en apuntar ilegalidad creciente y represión
al por mayor. Observadores atentos, por ello, consideran admisible la hipótesis
de que sectores de poder contrarios al arrendamiento destacan al supuesto relajo
como pretexto para eliminar o restringir lo más posible al alquiler de
viviendas, cual si tratárase de "botar al niño con el agua
sucia de la bañera", en escenario donde ese ejercicio económico
pudiera llegar a las 12 mil licencias a fines del 2000, si no llegó ya, a
nivel nacional, cuando apenas un año y medio atrás eran poco menos
de 9 mil. Vieja polémica a la vista: más privados, más
sociedad civil y menos totalitarismo, sobre
todo de barrio.
La ciudad de La Habana es representativa del estado actual del arrendamiento
de viviendas, si se analizan los datos oficiales disponibles, pues su carácter
populoso hace más difícil control y represión, a los
efectos del mundo real. Ella concentra más del 30 por ciento del alquiler
legal de Cuba, con un crecimiento de casi 53 por ciento entre 1997 y mediados
del 2000. Llama la atención que, siendo el polo turístico mayor de
la Isla, el arrendamiento para cubanos se haya incrementado ¡82 por ciento!
entre estos dos momentos, mientras que su similar a extranjeros ascendió
42 por ciento en igual período. Aunque el segundo es superior al primero
-70 por ciento del total- , tan espectacular crecimiento del alquiler a cubanos
advierte, y mucho, de lo que puede estar en las mentes oscuras de ciertos
funcionarios excedidos: más compatriotas alquilados, más sociedad
civil. Sospechoso resulta que las autoridades reconozcan como tendencia
sostenida disminución de multas y de inspecciones, a la par que aumenta
el ejercicio legal del arrendamiento; mientras, por otro lado, otros hablan de
ilegalidad creciente, sin perjuicio del hecho cierto de que las detecciones de
alquileres ilegales distan de ser eficaces.
Esa intención excedida se manifiesta, además, como búsqueda
de mayor control del extranjero y falta de publicidad civilizada. Fuentes del
Instituto Nacional de la Vivienda aseveran que se ha llegado a proponer el
establecimiento de un Buró de Turismo, destinado a "suministrar"
clientes foráneos a los arrendadores especializados en ese giro, para así
eliminar a los intermediarios. Pero nadie parece haber pensado en idea similar
para los nacionales, quienes podrían confrontar ofertas y demandas en
tiempo mínimo, de contarse con servicio de tal género. A más
de un compatriota ocurre, incluso a este periodista, meses en busca de un
alquiler, y éste aparece a "la vuelta de la esquina", vacante
desde meses atrás.
Poder central, poderes locales, parece en verdad tensión observable.
Entretanto, el joyero de Yurisleydis se jacta de su arte: él hizo los
anillos de compromiso.
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