Deroy Murdock. Publicado el martes, 16 de mayo de 2000 en El Nuevo Herald
Al arrebatar a Elián González de la casa de su tío abuelo en Miami, el gobierno Clinton-Gore pisoteó, por lo menos, la mitad de los 10 principios de la Carta de Derechos (Bill of Rights).
La cláusula sobre la libertad de prensa de la Primera Enmienda no pudo proteger al personal de NBC News. Agentes federales patearon al camarógrafo Tony Zumbado en el estómago, le arrancaron un cable a su cámara y deshabilitaron sus equipos. Tony dijo a NBC que ``los
federales me pusieron un pie en el estómago y me dijeron que no me moviera o iban a disparar''.
Otro guardia golpeó en la cabeza al sonidista Gustavo Moller con la culata de su rifle y le dijo que se estuviera quieto o le iba a disparar. Moller me dijo que sufrió una pequeña herida, ``pero como era en la frente, sangraba mucho''.
NBC le ha pedido al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) que explique --como le dijo Bill Wheatley, vicepresidente de NBC News, a la Associated Press-- por qué ``nuestra gente no pudo hacer su trabajo debido a las acciones de los agentes''.
La comisionada del INS, Doris Meissner, le dijo a CBS que esa fuerza abrumadora era necesaria dada ``la posibilidad de que hubiera armas de fuego'' en la casa de los González. ¿Sí? ¿Y qué? La Segunda Enmienda garantiza el derecho de todo ciudadano a ``tener y
portar armas''. Si la simple presencia de armas de fuego justificara semejantes acciones federales, los residentes del 40 por ciento de los hogares norteamericanos, en los que hay armas de fuego, tendrían que dormir con un ojo abierto.
Al utilizar una inapropiada orden de registro, el Departamento de Justicia violó la restricción de la Cuarta Enmienda contra los ``registros y confiscaciones irracionales''. Este documento fue firmado no por el juez que conocía el caso de Elián, y en horas laborables,
sino un Viernes Santo a las 7:20 p.m., y por un magistrado no familiarizado con el caso. La solicitud para la orden de registro alegaba que Elián estaba ``escondido'', lo cual no era cierto, y que era ``un extranjero ilegal'', que tampoco lo era.
La declaración jurada tampoco mencionaba las supuestas armas de Lázaro González que presuntamente requerían la intervención de un SWAT team.
Alan Dershowitz, un profesor de Derecho de Harvard, partidario de Clinton, descarta la validez de la orden y dice que el gobierno ``actuó ilegalmente''. Como dijo a Fox News: ``Es un día peligroso para todos los norteamericanos''.
La Sexta Enmienda incluye el derecho al ``auxilio de un abogado'' en los procesos penales. Elián no es un delincuente, pero el espíritu de la Enmienda sugiere que pueda ver a los abogados que están defendiendo su caso de asilo. Pero los abogados de Elián no pueden
verlo y ni siquiera comprobar su situación aunque está rodeado de alguaciles federales.
Todavía peor, el único abogado que está en contacto con Elián es Greg Craig, el abogado de su padre, que está trabajando para desestimar la solicitud de asilo. Esto es como tener a Leonid Brezhnev representando a Alexander Solyenitsin.
La Décima Enmienda reserva ``a los estados respectivamente, o al pueblo'' los derechos que no hayan sido constitucionalmente delegados al gobierno federal. Sin embargo, Washington intervino en un problema de custodia familiar que es habitualmente manejado por las autoridades estatales.
El Departamento de Justicia alertó al entonces jefe de la policía de Miami, William O'Brien, antes de la ``Operación Reunión'' y, según se reportó, le ordenó que no informara al alcalde de Miami, Joe Carollo. Carollo tenía relaciones
estrechas con la familia de los González y pudiera haber transmitido la noticia. Con todo, los agentes federales no debieron haber intervenido en un gobierno local para dividir al jefe de la policía de su jefe civil, electo por el voto popular.
El menosprecio del Departamento de Justicia por la 11na. Corte de Circuito de Apelaciones es un insulto a la separación de poderes. La negativa de la 11na. Corte a ordenar la trasferencia de Elián a su padre no convenció al Departamento de Justicia. Cuando un panel federal
de tres jueces rechazó su plan, Reno lo ejecutó de todas formas. Por supuesto, todo esto se pudiera haber evitado si Reno simplemente hubiera esperado hasta la audiencia de la corte para argumentar su caso de reunificación.
Bill Clinton y Janet Reno no respetan la Carta de Derechos ni la Constitución.
Y, sin embargo, una encuesta de Gallup del 24 de abril reveló que el 60 por ciento de los norteamericanos aplaudió el secuestro extralegal de un niño de seis años. Esto es importante. Si el Presidente y la Secretaria de Justicia consiguen que se pase por alto este
abuso de poder, la próxima vez que agentes federales asalten una casa privada, escudados en una precaria orden de allanamiento, esa puerta que van a derribar pudiera ser la suya.
Catedrático decano de la Fundación de Investigación Económica Atlas en Fairfax, Virginia. Escribe desde Nueva York.
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