Ofensiva contra ilegalidades en inmuebles
Héctor Maseda, Grupo de Trabajo Decoro
LA HABANA, marzo - La Fiscalía General de la República de Cuba se propone cumplir este año un vasto plan de inspecciones a las direcciones municipales de la vivienda, dirigido a detectar irregularidades, violaciones y actos de corrupción de muchos funcionarios que
laboran en este importante sector de la vida nacional.
El anuncio fue realizado la semana anterior por este alto órgano, que debe velar por el cumplimiento de la legalidad en el país. En el mismo participarán, además de la Fiscalía, funcionarios del Instituto Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Justicia y el
Instituto de Planificación Física.
Las ocupaciones ilegales de inmuebles por medios fraudulentos, la corrupción de muchos empleados del ramo, que viabilizan trámites y conceden prerrogativas indebidas a cambio de fuertes sumas de dinero, y la ola de protestas de los beneficiarios ilícitos sorprendidos "in
fraganti", luego de convertirse en víctimas de los indolentes funcionarios especialistas en estos sucios manejos, han servido para que este mal se generalice a niveles alarmantes en todo el país.
Algunos afectados opinan haber caído en la maquinaria paralela al organismo municipal competente porque deseaban ampliarse, reducirse o mudarse para otro sitio, entre muchas razones y que los mecanismos establecidos oficialmente son diabólicos y no brindan resultados positivos en
tiempos razonables.
Otros consideran que el Estado cubano, de la misma manera en que legalizó en un momento dado la tenencia de dólares a la ciudadanía, deberá hacer algo similar que permita la compra-venta de inmuebles directamente entre los interesados. Esta medida -sugieren- eliminaría
también la larga cadena de intermediarios que complican las gestiones legales y propician prácticas abusivas y las frecuentes estafas de que son objeto, al tratar de acelerar la solución en sus gestiones.
Lo cierto es que las leyes vigentes en Cuba prohiben cualquier venta de viviendas que no sean ofertadas -en primera instancia- al Instituto Nacional de la Vivienda, quien ofrece precios tan desproporcionadamente bajos que hacen irrealizables las operaciones lícitas en este campo.
Es hora -pensamos- de que la Administración Castro reflexione al respecto. La práctica internacional en la compra-venta de bienes raíces se realiza libremente entre compradores y vendedores. Los mecanismos de control son ejercidos por el propio mercado y las leyes económicas
que los rigen. El Estado no tiene por qué inmiscuirse en transacciones comerciales entre terceros.
La ofensiva debe, efectivamente, realizarse, pero no contra las ilegalidades, sino para suprimir las leyes que las provocan y obstaculizan la armonía y el dinamismo sociales. Los males, para que sean eliminados, deben atacarse en las causas que los provocan, no en los efectos que se
derivan de éstas.
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