Detenciones y hostigamiento a la disidencia
Yolanda Monge, Madrid. El País. Viernes 23 junio 2000 - Nº 1512
Trece personas fueron ejecutadas durante el año pasado en Cuba y al menos otras nueve estaban sentenciadas a la pena capital en lo que ha constituido "un incremento preocupante en la utilización de la pena de muerte en la isla", según relató ayer Paige
Wilhite, investigadora del programa regional para América de Amnistía Internacional. En 1998, al menos cinco personas fueron ejecutadas, aunque sólo se confirmaron dos muertes. Puesto que la información sobre cuestiones de derechos humanos en el país está
severamente restringida y las autoridades no compilan estadísticas sobre tan espinoso tema, el número puede ser siempre mucho más elevado.
En opinión de Wilhite, este incremento tiene lugar tras la introducción en marzo del año pasado de una ley que instituía la pena de muerte para casos graves de tráfico de drogas, corrupción de menores y robo a mano armada. Según la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la pena de muerte puede imponerse ahora para 112 delitos, de los cuales 79 implican violaciones de la seguridad del Estado y los otros 33 delitos comunes. La Constitución cubana mantiene la pena de muerte. En 1940, la Constitución
entonces vigente limitaba el uso de la máxima pena a los casos de traición o espionaje en tiempos de guerra, pero esa limitación fue suprimida después de la revolución de 1959, que llevó al poder a Fidel Castro.
"A veces las sentencias de muerte en Cuba se ejecutan ante un pelotón de fusilamiento cuando sólo han transcurrido unas semanas del juicio", denuncia Wilhite. Y extiende su queja más allá al afirmar que la preocupación sobre la pena de muerte
practicada en Cuba se ve agravada por la actitud de las autoridades, que no respetan sus propias garantías procesales, especialmente el derecho a la defensa.
Hostigamiento
Wilhite ve con preocupación la frecuencia cada vez mayor con que el Gobierno de Castro emplea ciertas medidas de castigo para reprimir la disidencia, como las detenciones breves, los interrogatorios, las citaciones, las advertencias oficiales, las amenazas, las intimidaciones, los
desalojos, los despidos, las restricciones a la libertad de circulación, los registros, las escuchas telefónicas y las agresiones físicas y verbales por partidarios del Gobierno. "En Cuba, la libertad de expresión, de asociación y de reunión está
severamente limitada tanto en la ley como en la práctica, y quienes intentan expresar opiniones, organizar reuniones o crear organizaciones que discrepan de la política oficial son sometidos con frecuencia a este tipo de medidas punitivas", asegura la investigadora de la
organización internacional.
Si bien en los últimos años el número de presos políticos y de presos de conciencia ha disminuido, y es menos habitual la imposición de penas prolongadas de prisión a quienes el Gobierno considera contrarrevolucionarios, continua Wilhite, se han hecho más
frecuentes otras formas de castigo como el hostigamiento y las detenciones breves. Algunos disidentes, como periodistas, miembros de partidos políticos independientes y defensores de los derechos humanos, se han exiliado para huir de la persecución continua.
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