CUBANET ...INDEPENDIENTE

19 de junio, 2000



¿El ocaso de un mercado?

Lic. Oscar Espinosa Chepe

LA HABANA, junio - En los últimos tiempos abundan los ataques en la prensa oficial cubana al mercado agropecuario, autorizado en septiembre de 1994 para la concurrencia de entidades estatales y los pequeños agricultores privados después de cumplir éstos con las entregas obligatorias al Estado.

Los mercados son acusados de ofertar los artículos a precios inaccesibles a la mayoría de la población, culpándose esencialmente por esta situación a las personas que laboran como intermediarios entre los campesinos y los consumidores. Cuando estos centros comercializadores empezaron, lograron estimular la producción, reduciéndose los precios en cierta medida. Pero desde 1997, esta tendencia se detuvo e incluso algunas mercancías, como las cárnicas, tuvieron alza en sus cotizaciones en 1999.

La problemática de los precios de los productos agrícolas descansa en varios factores, frecuentemente soslayados por los críticos del mercado agropecuario. En primer lugar, la producción agraria, a pesar de cierta recuperación, se mantiene muy baja, y a fines de 1999 sólo alcanzaba el 65,0 por ciento de los niveles obtenidos a inicios del período especial hace diez años. A esto se agrega que el monto actual de la importación de alimentos también es inferior con respecto a igual punto de partida, por la débil capacidad de compra externa del país.

En contraposición, la demanda se ha estimulado debido a varios hechos. La masa monetaria existente al término de 1999 era de 9,8 miles de millones de pesos, con una tendencia al aumento, contra 4,2 miles de millones en igual fecha de 1989. Asimismo, hay que tomar en cuenta los efectos de la dualidad monetaria, tanto en relación con el incremento de la demanda por las personas con acceso al dólar, como con la desestimulación productiva para la inmensa mayoría de los campesinos que no lo pueden obtener directamente a cambio del fruto de su trabajo.

Debe agregarse que en los diez años transcurridos desde 1989, la población creció en 600,0 miles de habitantes. Además, con el desarrollo de la actividad turística, de 326,3 miles de visitantes se llegó a más de 1,6 millones en ese período, según datos oficiales.

Esta combinación de limitada oferta de productos agrícolas a causa de una agricultura deprimida e importaciones restringidas por un lado, con una creciente masa monetaria interna y un engrosamiento de los consumidores por otro, tiene que repercutir en una sensible alza de los precios.

A los factores apuntados se unen elementos adicionales que también inciden en que los precios de los productos agropecuarios se mantengan elevados. Entre éstos resalta la escasez de recursos que enfrentan los campesinos para desarrollar su producción (fertilizantes, calzado y ropa de trabajo, herramientas de labor, combustible, etc.), puesto que los suministradores estatales no los garantizan. Esto obliga a recurrir al mercado negro o a las tiendas en divisas, donde para comprar deben primero adquirir los dólares, donde los insumos y los productos necesarios tienen precios astronómicos, lo que provoca que los costos de producción se disparen.

Hay que considerar que el mercado agropecuario no es un ente separado del resto de los mecanismos de comercialización y, por tanto, en sus ofertas está presente la influencia de los otros segmentos del mercado. El Estado, en sus tiendas de moneda convertible y de venta en moneda nacional, mantiene precios excesivos que debe pagar la población, comprendidos los campesinos, como 10 pesos por una barra de pan de 400 gramos, 10 pesos por media botella de cerveza, 2 pesos por un huevo, de 23 a 27 pesos por una libra de pollo, 35 pesos por una libra de bisté de cerdo, 7 pesos por una cajetilla de cigarrillos fuertes, 3,50 pesos por una libra de arroz, y así sucesivamente, en un país donde el salario promedio mensual a fines de 1999 no sobrepasaba los 223 pesos.

Adicionalmente, no puede eludirse que los campesinos y sus representantes para concurrir al mercado agropecuario pagan impuestos y gravámenes por el uso de los espacios de venta, almacenamiento de los productos, etc. Todo ello, por supuesto, incide en el aumento de los precios del consumidor.

Ante estas irrebatibles realidades, los medios de difusión totalmente en manos gubernamentales, optan por el silencio. Tampoco reconocen que en la Resolución Conjunta de los ministerios de la Agricultura y Comercio Interior, que norman el funcionamiento de los mercados agropecuarios, quedó establecida la participación de las entidades estatales para competir con el pequeño agricultor, pero en la práctica sus ofertas han sido pobres, a pesar de poseer más del 80,0 por ciento de las tierras agrícolas y el control de los insumos disponibles.

Así descalifican a los intermediarios privados, agentes imprescindibles para que los campesinos puedan dedicarse a sus labores productivas. Sin embargo, no señalan la inoperancia de los esquemas estatales de Acopio, que dejan de recoger los productos agrícolas y provocan cuantiosas pérdidas por su lentitud.

Ahora, con los recién estrenados mercados topados estatales se pretende resolver el problema de los altos precios de los productos agropecuarios, sin advertir que la solución no está en continuar fragmentando el mercado con nuevas estructuras comercializadoras, sino en la terminación del bloqueo que ha mantenido paralizado el desarrollo agrario nacional durante decenios.



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