CUBANET ...INDEPENDIENTE

3 de julio, 2000



Con la viga en el ojo

Lic. Oscar Espinosa Chepe, Economista Independiente

LA HABANA, junio - La prensa cubana por todos sus controlados medios, en el curso de junio, lanzó una fuerte campaña contra Estados Unidos. El motivo ahora supuestamente ha sido defender la vida de dos afronorteamericanos condenados a muerte, Mumia Abu-Jamal y Gary Graham (Shaka Sancofa), éste ejecutado el 22 de junio.

En el contexto de esta campaña, también se ha denunciado el racismo prevaleciente en la impartición de justicia en ese país. Para ello, los voceros gubernamentales se han basado en datos estadísticos e información suministrada por activistas norteamericanos, que con todas las garantías luchan por transformar esa situación.

La pena capital aplicada para castigar a las personas comisoras de asesinatos u otros delitos debe ser anulada. Esa es la tendencia prevaleciente a nivel planetario. Entidades de derechos humanos tan respetables como Amnistía Internacional y American Watch respaldan esa posición. Este castigo resulta incompatible con las normas humanitarias adoptadas por la ONU y otras organizaciones de ámbito regional desde 1948; además de estar probado mediante serios estudios que en la práctica nunca ha resultado un factor disuasivo para prevenir los delitos.

Existen muchos más argumentos probatorios de lo injustificado de la pena capital y demostrativos de que su naturaleza no es hacer justicia, sino efectuar un hecho de venganza sin tener en cuenta las responsabilidades de la familia y la sociedad en la culpabilidad de los reos, en la mayoría de los casos.

No obstante, las denuncias de los medios oficiales tienen poco valor ya que en Cuba desde hace tiempo está en pleno vigor la pena capital. Según datos comprobados por Amnistía Internacional, fueron ejecutadas 13 personas en 1999 y actualmente esperan por ese destino un grupo de ciudadanos. Esto se agrava por la absoluta carencia de información pública sobre los respectivos procesos judiciales. También sorprende el cuestionamiento de la sociedad norteamericana por el elevado número de reclusos en sus cárceles, un millón 800 mil personas, y la gran proporción de ciudadanos negros en esa cifra, cuando en Cuba todo el mundo conoce que existen idénticos problemas.

Realmente se carece de datos oficiales sobre el total de reclusos en las prisiones de la Isla, pero estimados hechos por serias organizaciones de derechos humanos apuntan a alrededor de 100 mil personas, con una proporción de compatriotas negros y mestizos de entre un 75-80 por ciento lo cual daría índices más altos en Cuba, tomando en consideración las poblaciones de la mayor de Las Antillas y Estados Unidos.

Debe reconocerse que con el triunfo de la revolución en 1959 se produjo una sensible mejoría en la situación de la población más humilde en la que estaban incluida un alto por ciento de negros y mestizos. Pero con el surgimiento de la crisis, que dura ya más de diez años, esa capa social es precisamente la más sufrida. Cabe recordar que la cantidad de negros y mestizos que emigró en los últimos cuarenta años fue relativamente baja y por tanto carecen de familiares que les envíen dólares; serio handicap en la Cuba de hoy.

Tampoco se puede olvidar que, como señalara un conocido periodista cubano recientemente, "(...) una parte de la población negra vive en los mismos lugares donde nacieron sus padres y abuelos, y como se conoce, muchos hábitos de vida, costumbres y conductas de los antecesores, adquiridos en desventaja social, se trasmiten en cierta medida a los descendientes". Circunstancias que no cooperan en medida alguna a paliar las precarias condiciones existenciales impuestas por la crisis.

Por otra parte, el análisis de la sociedad norteamericana que realiza la prensa oficial es poco objetivo. Ciertamente, en esa sociedad prevalecen problemas de intolerancia racial, cuestión reconocida por el propio presidente Clinton en varias ocasiones. Sin embargo, resulta innegable que en los pasados cincuenta años los norteamericanos han avanzado significativamente en ese terreno y actualmente pueden verse en todos los campos de la actividad social la prominente participación de las minorías étnicas residentes allí.

Además, el debate sobre los problemas carcelarios y raciales en Estados Unidos no cesa, mientras en Cuba éstos siguen siendo tabú, y se carece de los datos estadísticos mínimos para realizar estudios serios al respecto.

Es cierto que algunos altos dirigentes del Estado cubano han fijado claramente sus posiciones sobre el problema racial, lo que resulta muy plausible, pero a ello no le ha seguido un debate en toda la sociedad, que inevitablemente conduciría a la raíz del problema: la crisis en la que está envuelta la nación desde hace muchos años.

Si efectivamente las autoridades quisieran contribuir a la solución de la pena capital aplicada en Estados Unidos y otros países, deberían comenzar por abolirla en Cuba, así como suscribir los pactos y protocolos internacionales sobre derechos humanos existentes. Igualmente, si quieren que se reduzca la población penal en Estados Unidos y otros países, debería disminuir la propia, para lo cual sería indispensable la revisión del draconiano Código Penal, eliminándose todas las penas imputables a los ciudadanos que desean expresar sus opiniones y figuras como la llamada "peligrosidad". Si pretenden coadyuvar en el combate por la erradicación de la discriminación en el planeta, podrían ayudar mucho con la terminación de la crisis nacional, un fenómeno que está retrotayendo a la sociedad cubana a los peores momentos del pasado, con agravantes adicionales.

Estas medidas sí serían un valioso apoyo a los activistas que en todas partes del mundo luchan por el respeto de los derechos humanos y contra el racismo y la pena de muerte. Entonces sí tendrían credibilidad sus denuncias, lo contrario de seguir viendo la paja en el ojo ajeno, cuando se tiene una viga en el propio.



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