CONTACTO Magazine (www.contactomagazine.com). Febrero 27, 2000
Durante años, políticos, intelectuales, académicos e inclusive círculos de poder de Estados Unidos han abogado por el mejoramiento de las relaciones entre Washington y La Habana, cuya historia de hostilidades se remonta a 1960, un año después del
triunfo revolucionario de Fidel Castro, cuando éste ordenó la confiscación de propiedades norteamericanas, clausuró o expropió los medios de comunicación de la isla, y suprimió las libertades fundamentales que garantizaba la Constitución
cubana de 1940, interrumpida por Fulgencio Batista durante seis años, nueve meses y 21 días.
Por lo general, se culpa al "todopoderoso vecino del norte" de obstaculizar durante todos estos años el mejoramiento de las maltrechas relaciones entre ambos países.
Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos en los últimos tiempos, especialmente luego del cese de la Guerra Fría, parece dar la razón al presidente norteamericano, Bill Clinton, quien recientemente dijo a la prensa que cada vez que Estados Unidos intentaba
acercarse a Cuba, Castro "derriba avionetas civiles matando a ciudadanos norteamericanos" y "encarcela a sus disidentes", como si el gobernante cubano no quisiera aportar nada a ese posible mejoramiento.
En los últimos meses, esta conducta de Castro parece haber empeorado. Una red de 10 espías cubanos fue desmantelada en Florida a finales de 1998, y ahora se desata otro incidente diplomático en el que un alto funcionario del Servicio de Inmigración de Estados
Unidos y un vicecónsul cubano han quedado atrapados en lo que parece ser otro escándalo de espionaje a favor de los servicios de inteligencia de la isla.
Mientras tanto, dentro de Cuba, el médico Oscar Elías Biscet, protagonista de una conocida huelga de hambre en 1999 en favor del respeto a los derechos humanos y la libertad de los prisioneros políticos, fue condenado a tres años de cárcel, como parte de una
cadena de actos de hostigamiento hacia la disidencia interna.
En febrero de 1999, el parlamento unipartidista de Castro aprobó la llamada "ley mordaza", mediante la que se puede condenar a cualquier cubano a un máximo de 20 años de cárcel por enviar hacia el extranjero información critica del gobierno. Un mes
después, los tribunales castristas condenaron a cuatro conocidos disidentes a varias penas de cárcel por haber divulgado el documento "La Patria es de Todos", en el que se desafían las tesis del Partido Comunista de Cuba, único legal en la isla.
En 1996, de acuerdo con fuentes políticas norteamericanas, todo estaba listo para lograr un acercamiento. El 24 de febrero de ese año, Castro ordenó el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en aguas internacionales,
con saldo de cuatro muertos, tres de ellos ciudadanos norteamericanos. Aquel hecho fue precedido por una ola de arrestos a opositores pacíficos que pedían un tránsito hacia la democracia y respeto a los derechos humanos. Y todo ello condujo a la aprobación de la Ley
Helms-Burton, que estaba destinada a morir no sólo en el escritorio del presidente demócrata Bill Clinton, sino también en el del republicano George Bush, si éste se hubiese reelegido.
Es como si Castro enviara un prepotente y condenable mensaje: si quieren tener relaciones con Cuba ha de ser con mis reglas del juego, mato a quien quiero, encarcelo a quien quiero, y más aun, como dijera recientemente a un periodista mexicano de Chicago, no dejo el poder "porque
no me da la gana".
Pero esta lógica tiene aristas que van más allá de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En enero de 1998, el papa Juan Pablo II visitó Cuba, mencionó 53 veces la palabra libertad, abogó por los derechos humanos y dictó pautas acerca de
la conducta de un estado moderno. Nada se logró con ello. En noviembre de 1999, se efectuó en La Habana la IX Cumbre Iberoamericana, en la que numerosos cancilleres y jefes de Estado y de gobiernos se entrevistaron más con líderes de la disidencia interna que con el
propio Castro, y en sus discursos abogaron por el respeto a la libertad, la democracia y los derechos humanos. Nada se logró con ello.
Las cosas, respecto a Cuba, debieron estar claras para todos desde hace muchos años, pero si no lo estuvieron, 41 años de poder absoluto parecen suficientes ahora para convencer a cualquier incrédulo de que Castro debe ser tratado, por compromisos con la justicia y con la
historia, como un vulgar dictador, en cuya defensa nadie debe mancharse las manos.
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