WASHINGTON. Pedro Rodríguez corresponsal. ABC. Abril 12, 2000
El peligro de una aplicación más estricta de la ley Helms-Burton empieza a dibujarse como una consecuencia no deseada de la dramática epopeya protagonizada por Elián González desde hace cuatro meses. Fuentes diplomáticas consultadas por ABC han expresado
su temor, compartido entre miembros de la Unión Europea, a que el previsible retorno del niño a Cuba sea «compensado» con una aplicación más firme de la Helms-Burton.
A pesar de las enormes presiones del exilio cubano y del Congreso, con mayoría republicana, multiplicadas por la Cumbre Iberoamericana de La Habana, la Administración Clinton ha hecho todo lo posible en el último año por no seguir adelante con esta polémica
legislación. Haciendo uso de toda una serie de maniobras burocráticas y prerrogativas presidenciales, el Gobierno de Estados Unidos ha evitado crearse inútiles enfrentamientos con terceros países que rechazan de plano la extra-territorialidad de esta polémica ley.
Pero ante la complicada situación creada en Miami y la perspectiva de una simbólica victoria para Fidel Castro, la Administración Clinton tendría muchas dificultades para continuar con su política de relajado cumplimiento de la Ley Helms-Burton. Florida
representa 25 decisivos votos en las presidenciales de noviembre, lo que alimenta el miedo a que la Casa Blanca abra la política de «una de cal y otra de arena» ante el exilio cubano.
A LA ESPERA DE UN ULTIMÁTUM
En primera fila para ser objeto de las sanciones previstas al amparo de la Helms-Burton se encuentra la cadena española Sol-Meliá. Desde el año pasado, la empresa se encuentra a la espera de un ultimátum por parte del Departamento de Estado. La disputa contra la compañía
turística se centra en unos terrenos expropiados en 1959 por el régimen de Fidel Castro y sobre el que se construyó un hotel operado actualmente por la cadena.
Al amparo de la legislación Helms-Burton, con el anhelo de estrangular económicamente al régimen castrista, el Gobierno de Estados Unidos puede penalizar a cualquier empresa del mundo que «trafique» con bienes expropiados por el régimen comunista. El
Departamento de Estado ya ha remitido a Sol-Meliá una misiva de advertencia sobre «evidencias razonables» en torno a las reclamaciones entabladas por la familia Sánchez Hill.
Según el procedimiento burocrático establecido por la Helms-Burton, en el momento en que el Departamento de Estado emita su ultimátum definitivo, la empresa española dispondrá de 45 días para interrumpir sus actividades comerciales en Cuba o indemnizar a
los demandantes, una claudicación rechazada de plano por la Unión Europea.
En el caso más que probable de que Sol-Meliá no ceda a las presiones norteamericanas, la empresa se expone a una serie de sanciones y represalias administrativas que incluyen la retirada de visados para entrar en Estados Unidos a socios, ejecutivos de la empresa y sus familiares.
La compañía española ha insistido durante todo este pulso en que sus actuaciones en Cuba son estrictamente respetuosas del Derecho Internacional y que los trece hoteles operados en la isla caribeña se encuentran en régimen de gestión y no de propiedad.
SANCIONES «INACEPTABLES»
La Unión Europea ha dejado bien claro que las posibles sanciones de la Helms-Burton son inaceptables. Bruselas, a tenor de una larga serie de contactos mantenidos con Washington, entiende que la ley se encuentra suspendida a cambio de que la Unión Europea no recurra ante la
Organización Mundial del Comercio y se aumente la presión en materia de derechos humanos sobre el régimen cubano. Este delicado «status quo» estaría amenazado por las presiones políticas asociadas a la casi inevitable reunión de Elián González
con su padre en los próximos días.
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