La fuerza de la razón
Lic. Oscar Espinosa Chepe, Economista Independiente
LA HABANA, agosto - A comienzo de agosto, las fuerzas represivas del gobierno desataron una ola de detenciones contra los principales líderes del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba (CUTC), incluidos algunos delegados provinciales. El motivo fue evitar una reunión preparatoria
de su primer Congreso.
Esta organización se ha caracterizado desde su fundación por mantener una conducta responsable, siempre encaminada a evitar la confrontación, pero decidida a defender los legítimos intereses de los trabajadores basándose en las mejores tradiciones sindicales
cubanas.
Es significativo que un gobierno autoproclamado representante de los trabajadores tenga este comportamiento contra ciudadanos que sólo desean el cumplimiento de los objetivos fijados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los cuales convoca a "garantizar
fuertes sindicatos autónomos frente al Estado, independiente de los partidos políticos y empleadores, democráticos para promover la participación de los trabajadores y unitario para dar respuestas a sus intereses y objetivos".
En Cuba, los sindicatos han sido convertidos en apéndices del Estado-Partido, simples poleas de transmisión de sus directrices a los obreros, transformados a su vez en meros servidores sin voz ni voto. La política oficial viola de manera flagrante la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en particular los artículos 20 y 23. El primero, en su punto uno, establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". En el segundo, punto cuatro, se expresa: "Toda persona tiene derecho
a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses".
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lamentablemente todavía sin suscribir por el gobierno cubano, instrumento legal de reconocida validez universal, también subraya en su artículo 8,1, el derecho de los ciudadanos a fundar sindicatos
libres e independientes.
Llama la atención esta represalia contra el Consejo Unitario de Trabajadores, organización que ha manifestado en más de una ocasión su disposición al diálogo con las autoridades y los sindicatos oficialistas, en busca de un entendimiento que beneficie a
los trabajadores y facilite la reconciliación nacional.
Esta actitud tan diáfana ha tenido una gran repercusión, por lo que el prestigio del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba aumenta sin cesar en los ámbitos nacional y mundial. Así se ha reconocido por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), entidad
constituida en 1954 por organizaciones obreras del surcontinente y se caracteriza actualmente por su lucha contra el neoliberalismo y por una globalización con beneficios y prosperidad para el género humano en su conjunto.
Los trabajadores cubanos y sus familias son los más afectados por la crisis que azota al país hace más de diez años. Los salarios que reciben son insuficientes para vivir. Si en 1989 el salario promedio mensual era de 188 pesos, al cierre de 1999 era sólo de
223 pesos, lo que representa una raquítica tasa de crecimiento anual promedio del 1,7 por ciento. En contraposición, la mayoría de los precios de los productos y servicios de la canasta básica se han multiplicado.
A lo anterior se añade una creciente dolarización de la economía que hace que muchos rubros y servicios únicamente sean accesibles en la moneda norteamericana, cuando la inmensa mayoría de los trabajadores perciben su salario exclusivamente en pesos cubanos. La
tasa de cambio desde hace años oscila alrededor de 21 pesos igual a un dólar.
La situación de los trabajadores cuando alcanzan la edad del retiro es peor, con pensiones no mayores a 100 pesos como promedio mensual, después de haber aportado a la sociedad sus máximos esfuerzos durante toda la vida.
Los problemas no se reducen al pronunciado descenso del nivel de vida de los obreros. Tampoco en el plano legal, el panorama es mejor. La Ley #77 para la inversión extranjera, suscrita el 5 de septiembre de 1995, es una evidente muestra de la institucionalización de las violaciones
laborales. Según el artículo 33, punto uno, los trabajadores no pueden contratarse directamente con las entidades formadas con capital extranjero, sino mediante unidades empleadoras estatales. Entre las prioridades impuestas por ésta para contratar a una persona se encuentra el
grado de "fidelidad" al régimen, discriminándose a todo aquel que carezca de un adecuado aval de obediencia. Ellas también son las responsables de pagar a los trabajadores en moneda nacional, mientras cobran los salarios en dólares.
Cuando una de las empresas creadas con capital extranjero considera unilateralmente que un trabajador no satisface sus exigencias, a tenor con la ley puede solicitar su sustitución. Si el empleado en cuestión desea reclamar su derecho, no puede hacerlo directamente, sino a través
de la unidad empleadora, única facultada para dirimir el asunto con la patronal.
En este dramático contexto, con tendencia a empeorar, resulta lógico que los trabajadores cubanos quieran unirse para defender sus legítimos intereses, frente a un sistema que los condena a la miseria. Por eso, el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba reclama su derecho a
actuar legalmente, a reunirse y preparar su primer Congreso de forma pacífica y transparente, con el firme propósito de unir a los trabajadores y convertirlos en dueños de su propia historia, terminando la actual situación de simples marionetas.
La tarea no será fácil. El régimen, además de sus conocidos sofismas y manipulaciones, cuanta con la razón de la fuerza. No obstante, tarde o temprano se impondrá la fuerza de la razón.
Esta información ha sido transmitida por teléfono, ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a Internet.
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