El gobierno venezolano considera reemplazar a la Guardia Nacional Bolivariana, exhausta luego de cinco semanas de protestas opositoras, y reemplazarlas por efectivos del Ejército. Fuentes venezolanas revelaron al diario El Nuevo Herald que entre las nuevas medidas represivas de Nicolás Maduro está también la de decretar la suspensión de las garantías constitucionales en los puntos “calientes” de las revueltas.
Según el diario con sede en Miami, la posibilidad de que los soldados salgan a la calle encuentra resistencia entre los altos cargos militares, temerosos de que la falta de experiencia en la lucha urbana termine por activar una espiral incontenible de violencia.
Al evidente agotamiento de la GNB debe sumarse el rechazo de muchos de sus oficiales a acatar las órdenes de represión. Al menos tres coroneles han dimitido y se encuentran prófugos por ese motivo.
“La Guardia Nacional ya no da más. Están pensando (la cúpula chavista) en sacar al Ejército, decretar un toque de queda y suspender las garantías, pero no han podido hacerlo porque no han conseguido el apoyo total militar”.
Las protestas opositoras iniciadas a mediados de febrero ya han dejado 28 muertos, más de 300 heridos y más de 1,300 detenidos, incluido el líder opositor Leopoldo López.
“Sacar el Ejército implica el riesgo de provocar un número mayor d
En declaraciones recientes en Miami, el ex comandante del Ejército, el general Carlos Julio Peñaloza, coincidió en que la Guardia Nacional ya está desgastada. “Ha sido más de un mes de lucha. Los manifestantes también están cansados, pero son jóvenes, y hay más de ellos. En Venezuela, entre los liceos y las universidades hay cerca de tres millones de muchachos, y los agentes de la Guardia Nacional son 30.000”, comentó Peñaloza.
“Están siendo asistidos por otros 15.000 que conforman los grupos paramilitares y las milicias, pero 45.000 no pueden contra tres millones, aún cuando están súper armados”, agregó.
El Ejército, en cambio, cuenta con unos 100.000 hombres, pero su formación no es apta para contener manifestaciones callejeras. El Gobierno enfrenta además múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
La última escalada de violencia se ha cobrado la vida de tres personas en Valencia, la tercera ciudad más grande del país, en el estado de Carabobo. Dos de las víctimas eran civiles y la otra un guardia nacional.
Los familiares de los civiles han acusado a grupos paramilitares aliados al gobierno de disparar contra los manifestantes. Estos motorizados son el brazo armado del régimen y muchas veces sus acciones violentas escapan al control
