NUEVA YORK, Estados Unidos.- No hay mal que dure cien años, pero la tragedia de los colombianos residentes en Venezuela y especialmente los que vivían en la frontera entre los dos paises, está prolongándose en demasía. Los abusos contra los deportados, cuyo único delito es para Nicolás Maduro su nacionalidad, son intolerable y las instituciones internacionales, destinadas a proteger al mundo de estas arbitrariedades, deberían actuar con prontitud para poner fin a semejante situación.
Es patético ver a expulsados, con sus pocas pertenencias, cruzar ríos y caminar kilómetros alejándose de lo que hasta ayer eran sus hogares, mantenidos con su trabajo, recordando las terribles imágenes nazis del pasado.
El cierre de dos aeropuertos cercanos al área de la frontera entre Venezuela y Colombia, clausurada hasta nuevo aviso, es otro de los problemas unido a la falta de mercancias, como las frutas, que llegaban desde la nación vecina.
Nicolás Maduro busca mantenerse en el poder a como dé lugar, aleccionado por el gobierno de Cuba y a sabiendas que sus candidatos perderán las elecciones del próximo mes de diciembre. Por eso, busca distraer con los conflictos internacionales y ahora el cierre de la frontera con Colombia, lo que ocurre en Venezuela. Con la crisis de Colombia, el mandatario trata de distraer la atención frente a la crítica situación que vive el país con las colas, el hambre, desabastecimientos, escasez de alimentos, el alto costo de la vida, saqueos y la terrible inseguridad del venezolano, atacado diariamente y a la luz del día, por bandas de criminales armados.
Se hace perentorio que, lo que está ocurriendo ante los ojos del mundo, sea denunciado ante Corte Penal Internacional (CPI) como delito de lesa humanidad. Lo mismo debe pedirse a Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, que tan rápido sesionan cuando miembros de países dominados por la izquierda piden la intervención de esas entidades internacionales en otros casos.