En virtud de una ley contra el terrorismo y la delincuencia, el Ministerio Público de Venezuela mantiene bajo libertad restringida a cerca de mil ciudadanos que han participado en las manifestaciones que se iniciaron hace tres semanas, y podría condenarlos a penas de seis a diez años de cárcel, informa el diario “El Universal”
El artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo prevé que “quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años”,
Los fiscales han achacado reiteradamente esta norma a los opositores en las últimas semanas, señaló al periódico Nizar El Fakih, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las organizaciones que ha representado a los aprehendidos.
El jurista explicó que en varios de los casos que han defendido en Caracas los fiscales “han imputado a los manifestantes detenidos los mismos delitos: Obstrucción de vías, daños al patrimonio, resistencia a la autoridad,e instigación para delinquir, y si presentan a grupos, r asociación para delinquir”.
Para el catedrático de Derecho Penal José Luis Tamayo, el uso “tipo comodín” que vienen haciendo los fiscales, con la anuencia de los jueces, de la norma de la Ley contra el Terrorismo “es algo grotesco”.
“¿Qué es asociación para delinquir? Que tú, yo y otra persona nos unamos para hacer actos de delincuencia organizada (secuestro, homicidio o terrorismo). Sin embargo, se lo aplican a personas que coincidieron en un lugar y en momento y se pusieron a tirar piedras”, afirmó quien fuera corredactor del proyecto de Código Penal que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó a la Asamblea Nacional en 2004.
El exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, denunció que el fin es criminalizar las protestas: “A aquellos que antes se ponían capuchas y se enfrentaban con la policía cuando los detenían los dejaban en libertad, pero ahora se les abren procesos judiciales y se les imponen restricciones a la libertad como la prohibición inconstitucional de declarar a los medios o de manifestar, lo cual es una forma de castigarlos por ejercer un derecho”.
El diario caraqueño señala que la posición de los fiscales contraviene las instrucciones que la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público les giró en 2011, cuando les estableció que para imputar este delito “deben acreditar en autos la existencia de una agrupación de sujetos asociados ‘por cierto tiempo’ que estén resueltos a delinquir.
El viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que 1.044 personas habían sido detenidas durante los incidentes de los últimos días, pero solamente 72 seguían tras las rejas,mientras que 888 gozaban de “medidas sustitutivas”.
Arteaga señala que “aunque la gente pueda creer que es una concesión graciosa el ser sometido a presentación periódica o que se le prohíba salir del país no lo es, pues sobre esa persona pende un proceso penal que se sabe cuando comienza pero no cuando termina”.
