MADRID, España.- Tras las denuncias hechas al trovador cubano Fernando Bécquer por abuso sexual, publicadas este miércoles en la revista El Estornudo, el también trovador y amigo del acusado, Ray Fernández, salió en su defensa.

Fernández expresó a través de su perfil de Facebook que se trata de “chanchullos, bretes y difamación”, refiriéndose a las extensas y precisas declaraciones de cinco de las víctimas de Bécquer.

Los comentarios a la publicación demuestran el contundente rechazo a la postura de Ray Fernández.

Los usuarios han condenado que se haya “puesto del lado del victimario, sin una prueba que avale su inocencia, ante el testimonio de no una, sino de cinco mujeres”.

La usuaria Kiana Anandra le responde que “chanchullo” es el suyo y el de sus cómplices, que “se agarran de la veracidad de los comentarios de las chicas, de la postura política del medio que publica y del tiempo transcurrido en que no sucedieron las denuncias”.

“Tú lo proteges aunque Fernando hizo cosas horribles en nombre de los santos, y ellos sí que no perdonan”, manifestó.

Por su parte, Cris Álvares coincidió en que Ray Fernández pone “en tela de juicio el testimonio de mujeres abusadas porque el artículo es publicado por El Estornudo”.

“¿Defiendes a Fernando porque eres su hermano, amigo o cómplice? Lo de comunista pasa, porque cada quien cree en lo que desee, pero lo de encubridor de violadores ya es demasiado”, agregó.

Fernando Bécquer durante años ha sido invitado por Ray Fernández a su peña de los jueves en el Diablo Tun Tun de la Casa de la Música de Miramar. La amistad entre ambos es conocida por quienes frecuentan el lugar y los espacios de la trova cubana.

Desde principios de 2020, Ray Fernández asumió un discurso totalmente opuesto al que profesaba en sus canciones, muchas veces antigubernamentales, y por el que tenía seguidores asiduos en su espacio de La Casa de la Música.

En julio de 2021, desató el descontento y la decepción de su público al justificar la actitud represiva del régimen cubano ante las manifestaciones pacíficas del 11J.

El trovador oficialista Raúl Torres también se sumó este jueves a la defensa de Fernando Bécquer.

“Aunque no he leído todos los argumentos, para mí siguen siendo falacias y patrañas manipuladoras de gente que les da rabia que un negro se pronuncie a favor de la revolución. Tengo mis propias experiencias en ello”, publicó Raúl Torres en Facebook.

Al igual que Fernando Bécquer, Rául Torres y Ray Fernández apoyan los actos oficiales organizados por el régimen cubano.

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MIAMI, Estados Unidos.- La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chung, aseguró que su país está preocupado por las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que llegan desde Cuba.

“Nos preocupan las denuncias de detenciones arbitrarias y vulneración del derecho de los cubanos a reunirse, expresarse y viajar libremente”, escribió la funcionaria en la red social de Twitter este jueves en la mañana.

Y agregó: “Estados Unidos se toma en serio las violaciones de las libertades garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU”.

Aunque la declaración no hace referencia a ninguna persona o hecho en particular, se dan justo cuando en la Isla se viven momentos de tensión por la situación del artivista Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y sed desde el pasado domingo, quien protesta por el estado de sitio que vive desde hace varias semanas.

Otero Alcántara exige también al régimen cubano el respeto a sus derechos y libertades individuales y que le sean devueltas las obras de arte que agentes de la Seguridad del Estado arrancaron de su casa, en Damas 955, también sede del Movimiento San Isidro.

Varios usuarios en la red social respondieron a subsecretaria de Estado. La curadora y activista Yanelis Núñez, residente en España, compartió un video del allanamiento a la sede del Movimiento San Isidro y vivienda de Otero Alcántara.

“Le comparto el video del allanamiento de la casa del artista @LMOAlcantara el 16 de abril de 2021. Luis cumple hoy su 5to día de huelga de hambre y de sed. Luis está sitiado por la policía cubana y sin la posibilidad de recibir a amigos o servicio religioso”, escribió Nuñez.

Por su parte, el movimiento de artistas e intelectuales cubanos 27N hizo un llamado urgente a través de un comunicado a solidarizarse y apoyar a Luis Manuel ante el deterioro de su salud.

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PUERTO PADRE, Cuba, noviembre, 173.203.82.38 -La marea de arrestos arbitrarios no desciende en esta isla, aislada no sólo geográficamente. En tanto nación -un término etnológico a la par de raza-, somos los cubanos un pueblo aislado y, después, segregado.

En posesión de una lengua, una literatura, una tradición histórica común y con unas costumbres y conciencia de lo lícito y de lo ilícito, permanecemos sujetos, más que a leyes, al acomodo de quienes mantienen un ejército de policías pasando sobre sus propias legislaciones.

Conocido es el derecho consuetudinario, que consiste esencialmente en que la costumbre es fuente de ley. Pero en el caso de Cuba, ¿qué representan las costumbres universalmente aceptadas ante la ley?

En cualquier lugar del mundo, cuando un ciudadano es arrestado, es costumbre, aceptada como fraternal, que familiares y amigos vayan a la policía a interesarse por el detenido.

Pero vivimos en Cuba, y aquí la policía asume como un desafío a su autoridad, que alguien vaya a interesarse por un detenido bajo sospecha de disidencia. Y cuídese usted de preguntar en qué ley se amparan para maltratar al interesado.

Recientemente un grupo de personas fue detenida en La Habana por el simple hecho de indagar las condiciones del arresto de alguien de los suyos, una abogada nada menos, arrestada sin culpa y sin causa. ¿Es que interesarte por la suerte de los tuyos es un delito registrado en la ley de procedimiento penal? ¿O será papel mojado la ley de proceder en Cuba?

“A instancia del detenido, o de sus familiares, la policía o la autoridad que lo tenga a su disposición informará la detención y el lugar en que se halle el detenido”, dice el artículo 244 de los procedimientos penales cubanos. Luego, ¿por qué la policía política prohíbe preguntar por un detenido en Cuba? ¿Por qué razón el que pregunta, queda también arrestado?

No es este el único quebrantamiento de ley por parte de las autoridades cubanas. Ojalá lo fuera. Ya son tantos los desafueros, que acerca de ellos bien pudieran escribirse varios tomos titulados “Muestrario del ultraje”.

Solo un ejemplo: Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, blogueros, periodistas independientes, disidentes y toda suerte de opositores políticos son detenidos en Cuba bajo el rótulo de ”mercenarios al servicio del imperialismo yanqui”. Invariablemente, a cada detenido le ocupan teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras, libros o simples cuadernos de apuntes y, en demasiadas ocasiones, estos objetos son decomisados extrajudicialmente.

En concordancia con el artículo 135, de la Ley de Procedimiento Penal, en caso de esos objetos ser de lícita tenencia, la autoridad que los ocupe está en la obligación de, a solicitud del interesado, extender recibo de ocupación de los mismos.

“Yo no tengo que darle ningún recibo a usted”, es la respuesta emitida a cada una de estas personas, cuando exige a los policías el cumplimiento de los procedimientos penales.

Aunque en teoría los policías cubanos no pueden violar las leyes a su antojo, bien sabemos que en la práctica si lo hacen. Un bien aceitado engranaje de control interno, contrainteligencia militar, fiscalía y tribunales militares los mantienen alejados de delitos políticamente incorrectos. Pero el acoso a insumisos está dentro de las reglas del juego. Para nosotros están las leyes que castigan, no las que protegen los derechos ciudadanos.

Y por supuesto, para eso están los policías: Para hacernos vivir en esta isla como náufragos en un islote.

Las múltiples violaciones cometidas por el régimen sobre ciudadanos pacíficos, durante estos días, cuando solo indagaban ante las autoridades, viene a confirmar nuestro desamparo, valga decir nuestro naufragio.

PUERTO PADRE, Cuba, noviembre (173.203.82.38) – Introducir en la parte trasera de una furgoneta completamente cerrada, y luego encapucharlo para impedirle ver hacia dónde era conducido, fue el método de detención empleado aquí por miembros de Seguridad del Estado provenientes de Las Tunas, para intimidar a un periodista independiente, e impedirle viajar a Banes con el propósito de reportar sobre el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo.

Y más dramáticos resultan los atropellos que sufren las Damas de Blanco para impedirles realizar sus citas cívicas dominicales. En cualquier lugar del país donde los opositores políticos, activistas de derechos humanos, o la prensa independiente intenten cumplir con su deber, antes, durante o después, allí estará la policía política para prohibirles viajar, o ya en el lugar de la convocatoria realizar una redada contra ellos y abandonarlos en remotos parajes. Prohibir a un ciudadano frecuentar determinado lugar no está entre las facultades  de un policía, ni siquiera las del Ministro del Interior.

Igual sucede con la prohibición de residir en un lugar, o la obligación de permanecer en una localidad específica. Tales prohibiciones están conceptuadas como sanciones accesorias, y sólo los tribunales tienen la facultad de imponerlas, mediante debido proceso.

Sólo un tribunal puede sancionar a un individuo por la comisión de un delito. Y sólo el tribunal puede prohibirle frecuentar un lugar u obligarlo a permanecer en él.

La actuación de la policía se limitará a hacer cumplir la sentencia. Pero sin un fallo judicial, ninguno puede prohibir a un ciudadano frecuentar el lugar que desee, siempre que no incurra en delito; en cuyo caso se deberá proceder por la comisión del mismo, y no por la permanencia en el sitio.

Algo similar ocurre con la sanción accesoria de destierro, conceptuada en el artículo 42 del Código Penal, consistente en la obligación de permanecer en una localidad específica, o la prohibición de residir en otro lugar; prerrogativas éstas de un jurado, y no de un jefe de policía, independientemente de su jerarquía.

Por consiguiente, cuando un policía, sin obrar sentencia judicial prohíbe frecuentar lugares del territorio nacional a cualquier ciudadano; por ejemplo, que una mujer de Santiago de Cuba vaya a una iglesia en La Habana; o pretende que un bloguero permanezca en su casa de Holguín, ese policía está cometiendo un delito previsto en el artículo 279.1 del Código Penal, donde se expresa: “El que, sin tener facultad para ello, y fuera de los casos y las condiciones previstas en la ley, priva  a otro de su libertad personal, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.

Contra los policías, incluso contra el ministro del Interior si se le ocurriera ocupar el lugar de los tribunales, disponiendo la aplicación de sanciones de destierro, o la prohibición de visitar el lugar que uno escoja, es posible formular denuncias por la comisión de delitos contra los derechos individuales.

Muchos lectores bien informados, o escépticos, dirán que este andamiaje legal funciona solamente donde las capuchas de los secuestradores no están entre los instrumentos de trabajo de la policía, y donde los jueces no integran un partido único. Y no les falta razón. Queda demostrado una vez más que en las dictaduras el gobierno se ejerce fuera de las leyes del propio país.

LA HABANA, Cuba, noviembre (173.203.82.38) – El reciente nacimiento de un nuevo miembro de mi familia trajo la felicidad renovada que el acontecimiento significa, pero también otro ejemplo de las muchas violaciones a los derechos ciudadanos y a las leyes vigentes que cotidianamente sufren los cubanos por capricho o conveniencia de las autoridades.

El caso es que en Cuba no existe la categoría de hijo natural. El artículo 37 de la Constitución vigente, al igual que el Código de Familia consagra que “Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio”. La Carta Magna aclara que “Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación”.

Sin embargo, el Estado impone a los padres extranjeros no casados, una serie de requisitos y procedimientos especiales que, independientemente de que el padre esté presente y dispuesto a reconocer su paternidad, obliga a que los nuevos ciudadanos sean inscritos en primera instancia con los apellidos de la madre.

A diferencia de los padres cubanos, cuya sola presencia acredita y consagra jurídicamente la paternidad, los padres extranjeros deben enfrentar otro vía crucis burocrático que los lleva de la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería a la Consultoría Jurídica Internacional (oficina de tramites jurídico-legales realizados en divisa), y de ahí al Registro Civil de la localidad de residencia del nuevo ciudadano quien, mientras estos trámites se verifican, vive como una especie de “hijo natural con padre reconocido”.

Está claro que no es por gusto que los hijos recién nacidos de padres extranjeros  son colocados en esa absurda condición civil. La necesaria obtención por parte del angustiado padre del “registro de movimientos migratorios”, así como la acreditación de la filiación, implica el pago de las correspondientes tarifas en moneda dura, que tanto necesita un gobierno que no produce ni deja producir riquezas.

Después de medio siglo de dictadura, Cuba es un país sin cultura de derechos y donde el respeto a la ley es desconocido en primera instancia por el propio Estado, quien desconoce derechos y compromisos por interés de su vocación totalitaria e intereses económicos.

Estas imposiciones arbitrarias, que parecen tan naturales para los acostumbrados cubanos, constituyen para los recién nacidos la primera de las muchas violaciones de sus derechos que los esperan a lo largo de sus vidas, si no salen antes del país. Por suerte para ellos, los recién nacidos no se enteran.

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LA HABANA, Cuba, marzo (173.203.82.38) – Migdalia Estévez y su esposo estuvieron pendientes de la serie documental, Las Razones de Cuba,  que trasmitió la televisión el lunes pasado. Entendieron lo de la subversión, la guerra mediática y las maniobras imperialistas. Sin embargo, aun no comprenden la enconada lucha del gobierno contra las antenas.

“La programación de la televisión cubana es aburrida; por lo menos con el cable me entretengo y es menos el tiempo que paso extrañando a mis seres queridos”, comentó la señora de 64 años. Gracias al esfuerzo de sus dos hijos residentes en Estados Unidos, el matrimonio pasa su tiempo de ocio mirando programas extranjeros.

El mes pasado, los inspectores del Ministerio de Informática y Comunicaciones (MIC), realizaron una redada buscando antenas en Párraga, donde vive Migdalia. Dormía la siesta cuando sintió un ruido en el techo. Se levantó sobresaltada. Cuando abrió la puerta, un hombre le preguntó: “¿Dónde está?”. Y, sin esperar respuesta, se introdujo en la casa.

Registró la sala. En uno de los cuartos, tendido sobre el suelo, buscó bajo la cama, hasta que, debajo del televisor, cubierto con un paño, encontró el equipo. La anciana, al borde de la crisis nerviosa, no pudo hablar. Cuando reaccionó ya le habían impuesto una multa de 10 mil pesos.

Horas después, su esposo llegó y la encontró llorando “Me asaltaron por sorpresa, pensé que eran ladrones y casi me muero del susto” –dijo, y le explicó mientras le extendía el papel de la multa.

Ramón Suárez recorrió la ciudad en busca de los que casi provocan un infarto a su mujer. Encontró el lugar en la calle Zanja. Le informaron que para reclamar debía presentar una nota por escrito, pero no le dieron el nombre de los que violaron su hogar.

No obstante, Suárez reconoció en el documental Las Razones de Cuba, al funcionario que lo atendió, después que le solicitara una entrevista para quejarse por el atrevimiento de sus subordinados. El hombre habló en el reportaje sobre la introducción en el país de equipos de conexión satelital.

“Recuerdo su nombre, Carlos Martínez, y es el director la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones”, dijo Suárez, mientras leía las resoluciones 98 y 99 del referido ministerio, dictadas en 1995.

Un amigo le había facilitado las normas legales sobre las antenas. “Me dijo que esas prohibiciones estaban vigentes desde mediados de los 90, pero no que las multas para los ciudadanos son de 1000 pesos. A mí me impusieron una de diez mil”, dijo el hombre.

“Persiguen antenas, pero no explican sus razones para allanar una morada y menos porque estafan a los ciudadanos”, dice Migdalia. “¿Si las leyes dicen unan cifra porque ellos aplican otra?. ¿Con qué creen que vamos a pagar 10 mil pesos, con los 460 pesos que nos dan como jubilación?”, pregunta la señora.

El matrimonio Suárez Estévez, comprendió,  con el documental “Las Razones Cuba” por qué el gobierno teme a las antenas que captan señales satelitales. Sin embargo, no entiende los motivos de Carlos Martínez, un funcionario de Estado, para encubrir a sus subordinados, tolerar que estos violen los derechos de los cubanos y además, los defrauden.

LA HABANA, Cuba, febrero (173.203.82.38) – Los funcionarios del gobierno cubano, a la hora de ejercer sus atribuciones, algunas de ellas arbitrarias, no reflexionan acerca de si sus decisiones, desacreditan el prestigio del las instituciones del Estado que supuestamente representan. La ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza, pasó por alto este particular, en una resolución que impone definitivamente la confiscación a una familia cubana

Pedraza, en la resolución 306/11 de su ministerio, dictada el 24 de enero de 2011, al amparo  del Decreto Ley 149 “Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos por enriquecimiento indebido”, violentó el principio de seguridad del tráfico jurídico, al declarar que son inciertas las informaciones y derechos contenidos en títulos de propiedad expedidos por instituciones estatales.

La ministra, en su providencia,  alegó que era totalmente incierto lo que se declaraba en la Resolución No 1083/06, radicada al expediente No 1045/06 de fecha 4 de abril de 2006, firme desde 4 de mayo de ese mismo año, por la Licenciada Lina Dinora González, en su carácter de directora de la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo.

La resolución del órgano municipal, entidad estatal encargada de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en materia de vivienda en ese territorio, acreditaba que el inmueble confiscado por la titular de Finanzas y Precios, había sido ocupado por su propietario en 1975, fecha en que hubo de construirlo con recursos y esfuerzo propio.

La señora Pedraza, también miembro del Comité Central del Partido Comunista, en su dictamen administrativo, declaró falsa tal afirmación,  pues, según declaraciones de los “factores” (miembros del Comité de Defensa de la Revolución) y vecinos, la vivienda fue construida y ocupada con posterioridad a esa fecha, por otra persona.

La ministra dio más credibilidad a las declaraciones de los vecinos, que pudieran tener en el asunto intereses oculto, que a una resolución firme, emitida por una de las dependencias de un organismo de la Administración Central del Estado, en este caso el Instituto de la Vivienda.

Como si fuera poco, dio más crédito a la inspección ocular, hecha se sabe por quién, pues ella no lo especifica, a los detalles descriptivos consignados en el título de propiedad. Tal vez la ministra desconozca que no ella es competente para hacer tales alegaciones. Antes debió impugnar el documento frente a un tribunal, mediante un proceso contencioso, según regula la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.

Otro tanto sucedió con la Escritura Notarial número 382 de Permuta con Donación, autorizada el 8 de abril de 1993 por la Licenciada Ana Luisa Álvarez, notaria de esta ciudad con sede en el municipio Playa. La ministra, en la mencionada Resolución R-306/11, dio a una de las viviendas objeto de la confiscación, una descripción diferente a la que ofrecía el documento notarial que legitimaba el acto, basándose igualmente en declaraciones de “factores” y vecinos

Poco importó a la ministra que sus aseveraciones no se ajustaran a la verdad ni que la notaria diera fe pública del acto legítimamente válido. Hecho que se presume cierto, necesitándose un fallo judicial para probar lo contrario.

Todos estos títulos fueron ignorados y desacreditados por la ministra, la que insistió en que un ciudadano, según sus argumentos, dueño de tres viviendas, había utilizado “vicios ocultos y subterfugios legales”, sin explicar cuáles, para procurar la titularidad de las mismas a nombre de sus familiares.

Lo importante para ella era cumplir la orden de confiscación y aumentar el patrimonio estatal,  sin reparar que violentaba preceptos legales, colocaba a una persona en estado de indefensión, y en total descrédito a los funcionarios y trabajadores estatales.  Los hechos vienen a reafirmar la tesis que todos sabemos: la corrupción en el  gobierno mina todo el sistema.

Eso no es lo más triste. Penoso es que las propias instituciones que desacredita, más específicamente la Dirección Provincial de la Vivienda de la Habana, sirvan, mediante informes, para respaldar la argumentos sin fundamentos de la ministra. Por lo menos eso fue lo que hizo saber en su resolución.

El Código Penal cubano sanciona al funcionario público que con el propósito de perjudicar a una persona, ejerza las funciones inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia. Me pregunto quién exigirá responsabilidad a la ministra por abusar de su autoridad

¿Se cumplirán las palabras  de Raúl Castro en su último discurso del año pasado, cuando expresó: “Quien cometa un delito en Cuba, con independencia del cargo que ocupe, sea quien sea, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus errores y el peso de la justicia?”. O lo advertido por el periódico Granma, cuando consigno: “La ley se aplicará con el máximo de rigor y severidad necesaria a  los que cometan delitos e injusticias sociales”. Tal vez, habrá que esperar.

LA HABANA, Cuba, diciembre (173.203.82.38) – Las llamas devoraron los 83 cuerpos. Nada pudieron hacer los servicios de emergencia para controlar el incendio a causa del difícil acceso al lugar de los hechos. Eran reclusos quienes murieron calcinados el pasado 8 de diciembre en el penal de San Miguel, ubicado en la capital chilena.

La información agrega el hacinamiento y el retraso del permiso de las autoridades del centro penitenciario para la entrada de los bomberos, entre los elementos que propiciaron el desencadenamiento de la tragedia. A pesar de los esfuerzos, es imposible desembarazarse de las dudas al repasar los pormenores de la noticia.

Leo el artículo de Laura Bécquer en el periódico Granma, medio regularmente utilizado como plataforma para desacreditar a los gobiernos que no comulgan con el régimen cubano. Es posible que esta vez Granma haya accedido a cumplir las normas del periodismo, revelando los pormenores de los hechos, pero no sería saludable fiarse de una política informativa supeditada al poder.

Enterarse de que en el presidio donde ocurrió el siniestro había alrededor de mil 900 internos, cantidad que duplicaba la capacidad de la cárcel, es algo que deja perplejos a todos, no precisamente por la supuesta negligencia, sino porque en Cuba este fenómeno es de larga data.

El hacimiento, la crueldad de los carceleros y las paupérrimas condiciones de habitabilidad en decenas de cárceles, es todavía un asunto pendiente en Cuba. Aquí son otros los incendios que consumen la vida de miles de prisioneros, privados de las condiciones elementales para soportar el encarcelamiento.

A esto hay que añadir las frecuentes violaciones en el proceso de instrucción, así como la falta de una defensa imparcial. No es raro que, incluso en causas de naturaleza política, el abogado defensor sea un ortodoxo militante del partido comunista.

Podemos escoger al azar cualquier prisión o campo de trabajo, de los existentes en Cuba, para advertir decenas de irregularidades con sobrados méritos para emular y quizás superar lo que se expone y denuncia en las páginas de Granma.

Si hipotéticamente el sistema carcelario chileno ha colapsado, hace mucho tiempo que el cubano debería contar con una calificación similar. Basta pensar en el Combinado Provincial de Guantánamo, Kilo 8, Nieves Morejón, Agüica, Taco-Taco, para demostrar la aseveración anterior y saber lo que ocurre tras los muros de las prisiones cubanas.

Antes de 1959, las cárceles en Cuba no pasaban de 10. Hoy, con sólo el doble de población, suman 200, incluyendo los campos de trabajo. La población se ha duplicado y tenemos 20 veces más prisiones. Tal desproporción sirve para desmontar las fantasías de que Cuba es un ejemplo de virtud en el Tercer Mundo.

Granma señala: “A finales de los 90, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), visitó más de 70 cárceles de 21 países latinoamericanos (entre ellos Chile). El resultado de las pesquisas fue negativo. Los expertos consideraron que los sistemas penitenciarios estaban en abierta contradicción  con las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento a reclusos”.

Valga señalar que el régimen cubano no acepta los escrutinios internacionales. El mandato del  relator de la ONU contra la Tortura Manfred Nowak  expiró, sin que el gobierno cubano le concediera la autorización para que visitara algunas de las prisiones del país y pudiera emitiera sus recomendaciones.

Esa descortesía revela un indicio de culpabilidad. Las llamas de las brutalidades cotidianas en el las cárceles cubanas deben mantenerse bajo control.

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