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Manifestantes del 11J: de la despenalización al escarmiento

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LAS TUNAS, Cuba. — Sancionados por protestar contra políticas públicas que hacen cada vez más miserable la sociedad en la Isla, hoy, cientos de cubanos manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) permanecen encarcelados en condiciones infrahumanas, negándoseles derechos elementales —ahora justamente reconocidos a los animales— como un trato decente y servicios médicos adecuados, ante el asombro del mundo civilizado y el silencio connivente, por intereses económicos o políticos, de cómplices del régimen totalitario comunista.

Criminalizados sus derechos a la libertad de pensamiento y conciencia, los manifestantes del 11J fueron castigados cuales criminales en lugar de personas motivadas por causas altruistas, como es exigir políticas públicas responsables para la vida socioeconómica de la nación y no trabas burocráticas en la conducción del país.

La mayoría de los condenados fueron acusados y sancionados por “sedición”, un delito contra la seguridad interior del Estado, o por delitos contra la administración y la jurisdicción, que son transgresiones conceptuadas como “violencia, ofensa y desobediencia contra la autoridad, los funcionarios públicos y sus agentes”.

Cualquiera que con un mínimo de conocimiento de las leyes penales cubanas escuche el relato de esas sentencias de los tribunales podría decir que el 11J Miguel Díaz-Canel y el sistema judicial pasaron de la despenalización al escarmiento. Digo Díaz-Canel porque, en su condición de gobernante, en lugar de dar respuestas políticas a los manifestantes optó por atemorizar a la población mediante el escarmiento carcelario. Y  me refiero al sistema judicial porque, olvidando su supuesto encargo de agredir lo menos posible al ser humano con sanciones penales, en lugar de despenalizar, se dio a la tarea de sancionar a la familia cubana como nunca antes.

El 29 de mayo de 2013 —hace casi nueve años—, el general Raúl Castro, entonces presidente del Consejo de Estado, firmó el Decreto-Ley No. 310 (vigente todavía), modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta, decía, “los cambios y transformaciones” socioeconómicos ocurridos en el país, la criminalidad, los requerimientos de la practica judicial y “la necesidad de procurar mayor efectividad y eficacia en la prevención y el enfrentamiento al delito”, con el fin de contribuir a la aplicación “más coherente de la política criminal trazada por el Estado”.

En virtud de “la política criminal trazada por el Estado”, el Decreto-Ley No. 310 produjo modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Procedimiento Penal con el fin de despenalizar sanciones en los delitos en los que el límite máximo de las sanciones aplicables no excediera de “tres años de privación de libertad o multas hasta mil cuotas o ambas”, como son los delitos de atentado, resistencia y desacato, por los que se sancionaron no pocos manifestantes con penas de privación de libertad, cuando podían tratarse como no delitos.

En esos hechos, de consecuencias y peligrosidad social escasa y en el que los implicados fueran personas de buena conducta, previa autorización del fiscal, la autoridad actuante está facultada para imponer una multa administrativa sin necesidad de iniciar un proceso penal y remitir las actuaciones al tribunal. ¿Por qué entonces tantos manifestantes presos? ¿Por qué la “indicación de mayor” severidad para tantos acusados sin antecedentes penales y buena conducta?

En lugar de llevar al acusado a los tribunales donde puede ser sancionado con una pena de privación de libertad, —como está sucediendo—, las modificaciones al Código Penal introducidas por el Decreto-Ley No. 310 facultan a la autoridad actuante a imponer una multa de entre trescientos y tres mil pesos en los delitos sancionables con hasta un año de privación de libertad. Las multas pueden ser de entre quinientos y siete mil pesos en dependencia de las circunstancias del hecho y de la persona imputada cuando se trata de delitos sancionables con penas de uno a tres años de privación de libertad.

En esos casos, si en el término de 10 días hábiles el acusado paga la multa y cumple con los requerimientos de responsabilidad civil en el caso de existir daños o perjuicios, las autoridades “tendrán por concluidas las actuaciones y el hecho” y, a los efectos penales, “no se considera delito”, según expresa la Disposición Especial Única del Decreto-Ley No. 310, que modificó el apartado 3 del artículo 8 del vigente Código Penal, disposición de la que, para velar por su cumplimiento, son responsables los jefes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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Cuba: a la espera de un nuevo procedimiento penal

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LA HABANA, Cuba. ─ El “Tribunal Supremo Popular” de la Mayor de las Antillas acaba de presentar a la llamada “Asamblea Nacional del Poder Popular” los proyectos de cuatro nuevas leyes. Según la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN), ello se hace “para fortalecer el Estado socialista de derecho y justicia social”.

Parece adecuado brindar a quienes no son especialistas en derecho una reseña del contenido y los rasgos generales de cada uno de esos cuerpos legales. Y ello sin importar que, por tratarse de un trabajo periodístico, lo planteado al respecto tenga que ser necesariamente breve.

El que mayor interés presenta para el ciudadano común es el proyecto de la Ley del Proceso Penal (LPP). Esto obedece a que sus disposiciones son las que con mayor probabilidad lo afecten en caso de sufrir la represión del régimen, lo mismo si es por motivos políticos que comunes. Por eso parece conveniente abordarla de inicio.

Al respecto, creo que lo primero que conviene plantear es que ese proyecto sigue el ejemplo que sentó la “Constitución raulista”: En la “nueva” superley actual se proclaman los derechos humanos en una forma menos impresentable que en las cartas magnas aprobadas por el fundador de la dinastía. De manera análoga, la letra del nuevo proyecto se ajusta mejor a los principios del “debido proceso” aceptados en el mundo.

Según se plantea en la Exposición de Motivos de la LPP, “se refuerza el principio de presunción de inocencia”. También, con respecto al procesado, reconoce “el derecho a que no sea víctima de coacción o violencia para obligarlo a declarar”. Asimismo la “prohibición de que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho” (Sí, aunque parezca increíble, esos principios no figuran en el actual código procesal).

El proyecto reconoce el derecho del acusado a “disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso”. Esto, a partir de la instructiva de cargos, la que se debe cumplir dentro de las 24 horas en caso de estar detenido” o de cinco días en los restantes casos. A partir de ese momento el imputado “adquiere la condición de parte, tiene derecho a proponer pruebas y a examinar el expediente”.

También se pone fin al virtual monopolio de la Fiscalía sobre la acusación, pues se reconoce a “la víctima o perjudicado como parte en el proceso”. Para los delitos sancionables con cinco años, se ajusta la ley procesal al Código Penal, al admitir la imposición de una simple sanción administrativa; además, en esos casos el Fiscal no está obligado a formular una acusación (“principio de oportunidad”). Se establecen determinados beneficios procesales para los acusados menores de 18 años.

En lo tocante a los recursos de casación (que son los que proceden contra la sentencias dictadas en única instancia por un Tribunal Provincial), “se flexibilizan sus causales dándole mayor alcance al tribunal superior sobre el control del proceso”. Lo anterior tiende a poner fin a lo que, en el argot forense, se conoce como la “dictadura del resultando probado”; es decir, a la preeminencia absoluta de la sala provincial a la hora de determinar cómo sucedieron los hechos.

Ahora se admite, en principio, el recurso por errores “en la valoración de la prueba” (Art. 639). Lo curioso es que “la grabación fónica o fílmica del juicio oral” se autoriza “siempre que sea posible”, pero sólo “de oficio o a instancia del fiscal”; no del acusado o su defensor. Además, “se prohíbe a los asistentes al juicio oral la utilización de medios técnicos de filmación o grabación”, salvo los autorizados de modo expreso (Art. 471).

En cuanto a la prisión provisional, se restablece “el control judicial mediante la posibilidad de que el imputado o su defensor puedan solicitar al tribunal la modificación o revocación de esta medida, una vez agotados ante el fiscal los recursos legales dirigidos a ese mismo fin”.

Se abandona “el concepto de peligrosidad social como principio criminológico rector (…), y se sustituye por el de lesividad social”. En lo relativo al impacto de la LPP en otros textos legales, se plantea: “El Código Penal debe ser objeto de modificaciones en lo relativo al estado peligroso”. ¿Prefigura esto la erradicación definitiva de esa institución, algo que constituye un reclamo antiguo de los juristas de ideas democráticas por haberse prestado a excesos de todo tipo? ¡Ojalá!

Otro maquillaje de cierta importancia es el cambio de nombre del funcionario que tiene a su cargo la sustanciación de los expedientes penales (en lugar de “instructor policial” ahora se emplea el término de “instructor penal”). ¿Significará esto que ya no se tratará de un policía? Lo dudo muchísimo.

Todo parece indicar que la sustanciación de los expedientes de fase preparatoria seguirá a cargo de un uniformado que, para colmo (y a diferencia de los jueces de instrucción de antaño), responde por el “esclarecimiento” de los casos a él confiados: una invitación tácita y poco sutil a que perpetre coacciones de todo tipo con tal de hallar un culpable.

En resumen, si nos limitamos a examinar el texto del nuevo proyecto observaremos ventajas con respecto al que hoy rige. Pasará lo mismo con la actual “Constitución raulista”. Pero de ahí a que esos principios sean aplicados en la práctica va un largo trecho.

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Tribunal cubano absuelve a cantante Danay Suárez

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Danay Suárez (Foto: Granma)

MIAMI, Estados Unidos.- La cantante cubana Danay Suárez fue absuelta por el Tribunal Provincial Popular de La Habana, luego de que el activista LGBTI Alberto Roque Guerra impusiera una querella en su contra por un texto que la rapera compartió en la red social de Facebook.

La demanda fue llevada ante las autoridades en junio de este año por el mensaje que igualaba la pedofilia y la homosexualidad, y por el cual se sintieron ofendidas personas de la comunidad LGBTI en la isla.

Roque Guerra, vinculado con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) compartió en su perfil de Facebook la sentencia, según la cual “(…) la conducta de la querellada Danay Suárez no integra el delito de injuria previsto y sancionado en el artículo 320.1 del Código Penal, pues aun cuando el contenido fuera inadecuado ética y moralmente, tal acto no cumple los presupuestos exigidos legalmente desde el punto de vista objetivo y subjetivo para su configuración”.

El Tribunal cubano considera que ni el demandante, Roque Guerra, ni los testigos miembros de la comunidad LGBTI que participaron en el proceso, dijeron haberse sentido “lesionados específicamente en su honor individual”, además estimó que la reacción asumida por el activista fue desmedida.

Al respecto, dijo que posteó “una serie de mensajes, en los que, si bien mayormente se proyectó de manera abierta contra toda forma de discriminación y en tono de rechazo al cuestionado texto, en algunos de esos mensajes utilizó imágenes que blasfeman la fe cristiana que profesa Suárez Fernández y en otros hizo claras alusiones a la querellada que podrían resultar ofensivas”.

Por otra parte, la institución judicial desestimó la credibilidad de algunos testigos por su cercanía con el querellante, no evaluó de manera determinante el criterio de las doctoras que comparecieron a juicio, y dijo que el texto compartido por Danay Suárez no era tampoco de su autoría.

“Si bien para las doctoras (…) la equiparación que se estableció en el texto en examen podía influir en la conformación de criterios negativos, de rechazo hacia las personas homosexuales, incitando con ello a conductas discriminatorias que asociaran a la homosexualidad con una enfermedad mental, y contraviniendo el esfuerzo de la comunidad internacional y de Cuba por desarrollar una cultura de respeto e inclusivas hacia las personas con diferente orientación sexual, no es menos cierto que las afirmaciones contenidas en el contradictorio texto no perdieron en momento alguno su enfoque desde una perspectiva particular expresada por otra persona y no por la querellada que lo hizo suyo al publicarlo…”, reza el documento.

Roque Guerra aseguró que apelará al Tribunal Supremo. “No estoy triste ni derrotado, tampoco decepcionado. No me sorprende el contenido de la sentencia. Reitero: mi activismo, mi honor, mi ética, mi dignidad, mi voluntad indomable son una sola cosa. Cuando este proceso termine en el Tribunal Supremo publicaré mis juicios razonados sobre todo el proceso”, sentenció.

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Delcy Rodríguez sí violó prohibición de entrada a España, dice Tribunal Supremo

español Delcy Rodríguez

español Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez (sunoticiero.com)

El Tribunal Supremo (TS) español, la máxima corte del país, estableció que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, entró en territorio español violando una prohibición dictada por el Consejo Europeo, informó este viernes la agencia de noticias Europa Press (EP).

“Es un hecho notorio que la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela aterrizó y permaneció en el aeropuerto de Barajas durante la madrugada del día 20 de enero de 2020, permaneciendo durante varias horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva”, lo que “implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo (Europeo) de permitir su entrada en el territorio de la UE”, dijo el Supremo.

La corte, a su vez, determinó que dicha violación no deriva en responsabilidad penal para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien se trasladó la madrugada del 19 enero, cuando Rodríguez hizo una escala en Barajas en un avión donde también viajaba la delegación venezolana para la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

Según EP, Ábalos aseguró que se trasladó esa misma noche al aeropuerto madrileño con el objetivo de impedir que la lugarteniente de Nicolás Maduro, que tiene prohibido entrar en el espacio Schengen por las sanciones de la Unión Europea, se adentrara en territorio español.

“El acceso al territorio español —y, por consiguiente, al de la UE— se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español”, dijo el Supremo, ya que las fronteras de un Estado no son solo las terrestres, sino también las aéreas, marítimas, fluviales y lacustres, “conforme a categorías históricas no discutidas en la dogmática del Derecho Internacional”.

“Por consiguiente”, concluyó la corte, “cuando el Falcon 900LX en el que viajaba la vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto de Barajas, con absoluta independencia de la terminal a la que se dirigiera y de la zona por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado”.

El Partido Popular, principal fuerza opositora al gobierno del PSOE y Podemos, celebró el fallo del tribunal, y la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ana Vázquez, señaló en Twitter que el ministro de Transportes mintió. “Sí pisó territorio español!!”, escribió.

Al respecto, dijo EP, los magistrados del TS estimaron que “está acreditado, por su reconocimiento público —más allá de las contradictorias versiones con las que ha pretendido explicarse—, que el ministro querellado, el señor Ábalos, se entrevistó con la vicepresidenta bolivariana durante su estancia en territorio español”.

No obstante, entendieron que no se le puede imputar un delito de prevaricación porque “las obligaciones derivadas de las decisiones PESC (de Política Exterior y Seguridad Común de la UE) tienen una naturaleza esencialmente política”, y “su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea” cuyo control “incumbe al propio Consejo”.

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Florencia Kirchner deberá acudir cada 15 días a embajada argentina en Cuba

Florencia Kirchner

Florencia Kirchner
Tribunal autoriza a Florencia Kirchner a permanecer en Cuba hasta el 15 de abril (Foto Internet)

BUENOS AIRES, Argentina.- La Justicia argentina ordenó que Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se presente cada 15 días en la embajada de su país en La Habana, ciudad donde recibe tratamiento de salud, en el marco de las causas que le afectan por presunta corrupción.

Según informaron este miércoles a EFE desde la defensa de la exmandataria, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) mandó un exhorto a Cuba trasladando la decisión de que la hija de los expresidentes se presente en la sede diplomática de forma regular para informar sobre su estado y dar cuenta de eventuales cambios de domicilio.

Si bien la orden del TOF 5 se remonta a hace unos días, se ha conocido apenas un día después de que Cristina Fernández, actual precandidata a la vicepresidencia, viajara a La Habana por tercera vez este año para visitarla.

“Obviamente se cumplirán con todas las medidas que dicten. Aunque sean arbitrarias. Esto no es más que proseguir con la persecución política mediática de judicial. Ahora en campaña electoral”, dijo a EFE Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la actual senadora.

Fernández y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner están procesados en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, en las que se los acusa junto a otros imputados, como el empresario Lázaro Báez -ya en prisión desde 2016- de delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

En ambos casos, que tuvieron instrucciones separadas pero se unificaron al llegar a la instancia de juicio oral y público, que aún no tiene fecha de inicio, se investiga si la familia Kirchner cobró, a través del alquiler de propiedades inmobiliarias y hoteleras a empresarios como Báez, retornos económicos de los sobrecostos de las obras adjudicadas.

La exmandataria -afectada por más de una decena de causas, la mayoría por corrupción- estará en Cuba hasta el 10 julio, después de haber sido autorizada a este nuevo viaje por el Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz durante su gestión.

De este modo, la compañera de fórmula en el peronista Frente por Todos de Alberto Fernández, candidato a la presidencia, hace un receso en la campaña electoral con vistas a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se disputarán el 11 de agosto, en las que quedarán definitivamente habilitadas las listas para las generales del 27 de octubre.

Florencia Kirchner, de 28 años, sufre un “trastorno de estrés postraumático” y dolencias secundarias como un síndrome purpúrico, polineuropatía sensitiva desmielinizante y linfedema ligero de miembros inferiores “de etiología no precisada”.

Según asevera su madre, los problemas de salud llegan provocados por la “persecución feroz” a la que asegura la somete la Justicia, y en varias ocasiones ha señalado que los hijos de los políticos “deben permanecer por fuera de cualquier maniobra persecutoria”, ya que no eligieron la vida de sus padres.

En 2016, la Justicia embargó los 4,66 millones de dólares que contenían unas cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (casi 1.300 dólares actuales) de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.

EFE




Concluye para sentencia juicio a productor de carne en Las Tunas

Yoni Castelló Sales (Foto archivo)

LAS TUNAS, Cuba.- El juicio oral por un presunto delito de cohecho contra el mayor productor de carne de cerdo de la provincia Las Tunas, el agricultor Yoni Castelló Sales, residente en el municipio Puerto Padre, quedó concluso este martes para sentencia en la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de Las Tunas.

El juicio oral había comenzado hará ya dos meses, temprano en la mañana del pasado jueves 2 de mayo; prosiguió al día siguiente, hasta la tarde-noche, suspendiéndose la próxima sesión por incomparecencia de testigos; pero cuando debió reiniciarse el 27 de mayo, otra vez fue pospuesto para el 25 de junio.

Finalmente, este martes 25 de junio el juicio oral quedó concluso para sentencia, o, dicho de otro modo, en espera de que los jueces hagan público su veredicto, el lunes 15 de julio, veinte días después de finalizado el juicio.

Técnicamente, inmediatamente después de celebrarse la vista o el juicio, o a más tardar al día siguiente, las sentencias se discuten y votan por el tribunal reunido en sesión secreta, y se firman por todos los jueces competentes “dentro de los seis días hábiles siguientes al que se haya celebrado la vista o terminado el juicio”, conceptúa el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Penal.

Pero en el proceso contra el acusado Yoni Castelló Sales y otras personas encausadas no será así, pues el Tribunal Provincial de Las Tunas optó, de inicio, por todas las prórrogas concedidas por la ley.

Según el supradicho artículo 45 de la Ley de Procedimiento Penal, cuando finalizado el juicio y en los siguientes seis días hábiles no haya podido rubricarse la sentencia por los jueces que deban hacerlo, “el presidente de la Sala podrá conceder una prórroga de hasta tres días hábiles más cuando resulte imprescindible”.

Y, “en casos excepcionales”, el presidente del Tribunal respectivo, en este caso el Provincial de Las Tunas, cuando la complejidad del proceso no permita redactar la sentencia en el plazo concedido por el presidente de la Sala, “podrá otorgar una nueva prórroga por el término de tres días hábiles adicionales”, dispone el citado artículo 45.

Los lectores que han seguido esta historia, desde que comenzamos a publicarla en abril de 2017, cuando luego de un minucioso registro a su domicilio y propiedades, donde no se ocuparon pruebas acusatorias en su contra, y así y todo Yoni Castelló Sales fue sometido a una larga prisión provisional, se preguntarán:

“¿Qué `excepcionalidad´ tiene este caso como para haber mantenido tantos meses en prisión preventiva al acusado y, para colmo, demorarle el veredicto unas tres semanas después de haber concluido el juicio?”

El mes pasado, acerca de este proceso penal contra el mayor productor de carne de cerdo de la provincia Las Tunas, acusado por un presunto delito de cohecho, (dar dádivas, sobornos, ofrecimientos para obtener beneficios), CubaNet informó:

“Acusan a Yoni de un delito de cohecho continuado. La prueba, una pierna de cerdo que, según dicen, allá por 2016, obsequiaría a un funcionario estatal. Pero no muestran quién llevó tal pernil ni quién lo recibió”.

En esta última sesión del juicio, otra fiscal ocupó el estrado de la acusación; pero las pruebas, o más propiamente dicho, la ausencia de nuevas pruebas, no mejoró la posición del ministerio Fiscal con el cambio de representante.

La semana pasada se presentó en el programa de televisión Hacemos Cuba el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro; preguntado por el conductor de esa emisión televisiva acerca de si los jueces en Cuba podían ser objeto de acercamientos, para ejercer influencias a la hora de ellos pronunciar sus veredictos. El presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro admitió que podía darse el caso de que algún particular o alguna institución pretendiera influenciar en el pronunciamiento de un juez, pero que, en ese caso, aceptar tales propuestas, tenía que ver con las flaquezas de esa persona y no con el funcionamiento de los tribunales, pues “los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley”.

Quisiera creer al presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro y al postulado constitucional por el citado en Hacemos Cuba, pero los cubanos sabemos de tantos policías, fiscales y comisarios políticos prejuzgando junto con los jueces para privar de la vida, la libertad o confiscar sus propiedades a las personas que, en ocasiones, cuales perros finos venaderos sobre un rastro olfateamos la narrativa de sus juicios… Conclusos para sentencias, aunque para redactar los veredictos empleen todas las prórrogas, como ahora, con Yoni.




Prisión domiciliaria para agresor de periodista independiente en Cuba

LA HABANA, Cuba.- “Yo no quería venganza, yo sólo quería que se hiciera justicia. Pero eso no fue un juicio serio, ahí todo fue un montaje”, esa fue la percepción del periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez, tras conocer la sentencia emitida por el tribunal Municipal de Marianao contra quién lo agredió físicamente, el pasado mes de diciembre de 2018, causándole una herida en la cabeza que requirió tratamiento médico.

Díaz Rodríguez, periodista de CubaNet, explicó que su atacante, Roberto Alfonso Montiel, fue acusado por la fiscalía de causar lesiones leves y sentenciado, este miércoles, a un año de trabajo correccional sin internamiento, además de pagarle una indemnización de 60 pesos cubanos.

“Me rompió la cabeza con una piedra, podría haberme matado. Me tuvieron que dar varios puntos, la herida incluso se infestó y se me puso fea, pero resulta que para medicina legal son sólo lesiones leves”, denunció.

El artículo 274 del código penal cubano establece que el que cause lesiones corporales, o dañe la salud a otro que, aún cuando no ponen en peligro la vida de la víctima, ni le dejan las secuelas señaladas en los artículos 272 y 273, que  se refieren a la deformidad, incapacidad o cualquier otra secuela anatómica, fisiológica o psíquica, pero requiere para su curación tratamiento médico, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.

Díaz Rodríguez relató que, durante la vista oral, la cual tuvo lugar en el Tribunal ubicado en 100 y 33, del Municipio Marianao, Roberto, su atacante, reconoció en todo momento haberlo agredido, pero al parecer esto no fue suficiente para que los magistrados le impusieran una sanción más fuerte.

“Desde que todo sucedió él siempre dijo, incluso lo gritó, que no le pasaría nada, porque yo era un contrarrevolucionario y él tenía un primo que era de la Seguridad del Estado que lo iba a defender, y así mismo fue, no le pasó nada”, contó Enrique.

El incidente, que ocurrió a finales del mes de diciembre de 2018, se produjo luego de una disputa por un hueco con excremento que apareció frente a la casa del agresor. Éste, vecino del reportero independiente, le preguntó a Enrique si conocía quién lo había hecho, y como al perecer no le gustó la respuesta ofrecida, le rompió la cabeza con una piedra, una vez e periodista le dio la espalda.

Julio Antonio Rojas Portal, otro periodista independiente, que presenció el juicio, alegó que “pudo verse claramente todo el montaje creado en torno al proceso. A Enriquito apenas lo dejaron hablar, y cuando le hacían preguntas lo interrumpían automáticamente, mientras que el otro habló todo lo que quiso y sin interrupciones”, aseguró.

De acuerdo a las declaraciones de Rojas Portal, el fiscal mencionó a los jueces el historial delictivo de Roberto, el atacante, pero fue algo que no tuvieron en cuenta a la hora de la sentencia. “Estaba confiado, puedo asegurar que él sabía que no le pasaría nada”, dijo Lázaro Mendoza, otro de los presentes en el juicio.

Ante la posibilidad de apelar la sentencia dictada por el tribunal, Enrique se dirigió ayer jueves a varias instituciones judiciales, pero le fue negada en cada ocasión.

“Al finalizar el juicio la fiscal me dijo que yo tenía la posibilidad de apelar la sentencia si no estaba conforme, y así lo intenté en la fiscalía de Marianao, que fue a la cual me mandaron, pero, después de una verborrea técnica, me dejaron bien claro que no podía hacer nada. Según ellos, la fiscal pidió la sanción más alta con el mínimo de implicación, quiere decir, que estar en su casa, para ellos, es la pena máxima contra un delito como este. Para mí lo que le dieron fue un premio por atacarme”, condenó Enrique.

Esta es la tercera agresión que sufre el periodista independiente a manos de personas de su localidad. Años atrás, una anciana, partidaria del régimen, le lanzó ácido para limpiar baños a los ojos, y a pesar de que fue acusada, nunca llegó a los tribunales. Tiempo después fue atacado por otro simpatizante del gobierno, que lo agredió con un machete. Este incidente también fue acusado ante las autoridades pertinentes, pero tampoco llegó ante la justicia.




Tribunal pide 5 años de cárcel por “desacato y perjurio” para Dama de Blanco

MIAMI, Estados Unidos.- A la Dama de Blanco Martha Sánchez el tribunal municipal de Artemisa le pide 5 años de cárcel por los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Según el informe que publicó Martí Noticias el juicio quedó concluso para sentencia este martes en esa localidad occidental, después de un largo proceso legal que ha sido postergado desde marzo del presente año.

El esposo de Sánchez, Yuniet Blanco Fernández, explicó que el fiscal decidió solicitar “por el delito de desacato 3 años de privación de libertad, perjurio 1 año y desobediencia otro año”. Asimismo, aseguró que la decisión de dejar el juicio ‘concluso para sentencia’ hasta el 5 de septiembre, se debió a una petición de la abogada de oficio que la defendió pues “no estuvo de acuerdo’ con las irregularidades en el proceso.

El juicio fue calificado por Blanco como “un bochorno”, debido a las incongruencias de parte de la fiscalía, además del despliegue de fuerzas militares como la Policía Nacional Revolucionaria, agentes de la Seguridad del Estado y Tropas Especiales.

Martha Sánchez, de 55 años, fue detenida el 11 de marzo de 2018 cuando se disponía a asistir a misa en la iglesia San Marcos Evangelista, de Artemisa, y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida. La Dama de Blanco fue arrestada ese mismo día, el día en que Cuba celebró elecciones, es por ello que durante el arresto gritó “¡Abajo la farsa electoral! ¡Abajo los Castro! ¡Libertad para los presos políticos!”.

La opositora, que tiene cuatro hijos de 16, 36, 38 y 40 años, ya ha cumplido 5 meses y medio en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como “El Guatao”.

Al momento de ser arrestada en marzo Sánchez debía más de 3 mil pesos en multas, impuestas por supuestamente “violar el dispositivo de seguridad’, una medida aplicada con frecuencia para castigar a las Damas de Blanco y otros opositores. Su esposo aseguró que él está en una situación similar y que sus multas ascienden a casi 2 mil pesos por la misma razón, pero ninguno de los dos va a pagar.

“Nosotros estamos en riesgo de ir a prisión desde que abrimos los ojos por la mañana. No pagamos ni un centavo arbitrario, bastante les roban ellos todo el dinero a las Damas de Blanco cada vez que las detienen por la calle, les quitan los pocos ahorros que tienen en sus carteras, que con ese dinero que se roban paguen las multas”, aseveró Blanco.

Las contravenciones achacadas a opositores y Damas de Blanco sobre la violación al dispositivo de seguridad están comprendidas en el Decreto 141 Art. 2 Inc. h).