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Cuba 1952-2022: del latifundio al minifundio usufructuario (II)

 LAS TUNAS, Cuba. — “Si usted va a pedir tierras en usufructo, a usted le van a preguntar, `¿tienes bueyes, tractor, arado, dinero para invertir en la tierra que está solicitando?´, y si usted dice que no, que no tiene ni bueyes ni tractor ni arado ni dinero, ¡olvídese de pedir tierra!, que cuando se muera el Estado le va a prestar la tierra del cementerio por dos años y un día, hasta que saquen sus huesos para que otro muerto ocupe su lugar, así funciona la entrega de tierras ociosas en Cuba”, dijo un campesino a otro, interesado en cultivar tierras que el Estado mantiene improductivas.

Los decretos “de la tierra” del general Raúl Castro se propusieron, infructuosamente, abastecer el país con productos agropecuarios nacionales poniendo en movimiento, mediante concesiones en usufructo, miles de hectáreas de terrenos que permanecían ociosas, expropiadas mediante las leyes de “reforma agraria” de Fidel Castro, que entre 1959 y 1963 desposeyeron a sus propietarios de más siete millones de hectáreas, el 71% de toda la superficie agropecuaria de Cuba.

El 17 de mayo de 1959 fue promulgada la llamada “Primera Ley de Reforma Agraria”, que, según su tercer enunciado, estaba dirigida a conseguir dos metas principales: “a) Facilitar el surgimiento y extensión de nuevos cultivos que provean a la industria nacional de materias primas y que satisfagan las necesidades del consumo alimenticio, consoliden y amplíen los renglones de producción agrícola con destino a la exportación, fuente de divisas para las necesarias importaciones; y, b) elevar a la vez la capacidad de consumo de la población mediante el aumento progresivo del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales, lo que contribuirá, al extender el mercado interior, a la creación de industrias que resultan poco rentables en un mercado reducido y a consolidar otros renglones productivos, restringidos por la misma causa”.

A 63 años de promulgarse la llamada “Primera Ley de Reforma Agraria”, todavía sus dos “metas principales” todavía están por cumplirse. Expropiado el latifundio particular y el empresarial para convertirlo en latifundio estatal, en Cuba, después de 1959 y hasta el día de hoy, no han existido producciones que “satisfagan las necesidades del consumo alimenticio” de los cubanos (como es el caso de la leche, la carne y los granos), mucho menos que “consoliden y amplíen los renglones de producción agrícola con destino a la exportación” como fuente de divisas para las importaciones.

Tengamos en cuenta que Cuba pasó de ser el primer productor y exportador de azúcar de caña ha convertirse en importador de azúcar. Respecto a “elevar la capacidad de consumo” de la población mediante el “aumento progresivo del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales” habría que decir que si en 1958 la población rural cubana ascendía al 58% —según fuentes oficiales—, ya en 1990 los habitantes del campo habían disminuido al 25%, cifra que hoy debe ser menor, atendiendo a que en muchos asentamientos rurales sus pobladores carecen hasta de agua potable para tomar y deben bañarse en charcas insalubres.

Pero si en 1959 la legislación agraria dijo sustentarse en intereses socioeconómicos y todavía fue lícito poseer hasta 30 caballerías (402,6 hectáreas) de tierra, y como excepción hasta 100 caballerías (1 342 hectáreas), en el caso de propiedades dedicadas a cañaverales con rendimientos superiores en 50% sobre el promedio nacional, fincas ganaderas atendiendo a la raza, natalidad, sistemas de alimentación y productividad del rebaño, arroceras con promedio superior al 50% del promedio nacional y tierras de cultivos varios, la llamada “Segunda Ley de Reforma Agraria” del 3 de octubre de 1963 fue concebida, estrictamente, con un fin político: expropiar las tierras de las personas opositoras del régimen castrocomunista.

En su primer Por Cuanto, la Segunda Ley de Reforma Agraria expresó: “Existen fincas mayores de sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías) que propietarios o poseedores burgueses retienen en sus manos en detrimento de los intereses del pueblo trabajador, bien obstruccionando la producción de alimentos para la población, especulando con los productos o utilizando con fines antisociales y contrarrevolucionarios los elevados ingresos que obtienen de la explotación del trabajo”. La ley también afirmaba: “La existencia de esa burguesía rural es incompatible con los intereses y fines de la Revolución Socialista”. Basada en esos preceptos la ley decretó en su artículo 1: “Se dispone la nacionalización, y por consiguiente la adjudicación al Estado Cubano de todas las fincas rústicas con una extensión superior a sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías) de tierra”.

De esa forma, con dos firmas, una en mayo de 1959 y otra en octubre de 1963, teniendo a Fidel Castro como presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), primer ministro y jefe del único partido político permitido (el comunista), el “Estado Cubano” se convirtió en el mayor latifundista que jamás tuviera América.

Justo es decir que mientras fue subsidiado o disfrutó de precios preferenciales pagados por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los países comunistas de Europa Oriental, el latifundio del “Estado Cubano” produjo aceptablemente bien. En 1966 tuvo un rebaño de seis millones 774 mil cabezas de ganado vacuno. Aunque en ese momento Cuba ya no exhibía las 0,92 cabezas de ganado por habitante, como en 1958, sí llegó a 0,84 por cubano. En 1970, aunque el esfuerzo colosal que movilizó a toda la nación no consiguió la meta de diez millones de toneladas de azúcar, sí produjo poco más de ocho millones de toneladas.

Pero desaparecidos los subsidios y los pagos preferenciales junto con la extinta URSS y los países comunistas de Europa Oriental, el latifundio del “Estado Cubano” dejó de producir aceptablemente bien para apenas producir algunos bienes agropecuarios a precios incosteables. Así fueron desmantelados los centrales azucareros, así los cañaverales se transformaron en maniguas espinosas y los potreros en sotos sin ganado. El inmenso latifundio del “Estado Cubano” se transformó en minifundio usufructuario de quienes tienen bueyes, tractores, arados o dinero para invertir en la tierra que no es de ellos, sino del Estado, y en la que no pueden vender el ganado, la leche, el tabaco o el café por sí mismos, sino a través del Estado. Esa falta de libertad civil y empresarial hace que el productor no se sienta dueño, sino esclavo en el latifundio que sigue siendo Cuba.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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El complejo horizonte de los arrendatarios de tierras en Cuba

Ley de Reforma Agraria, Agricultura, Cuba

MADRID, España. ─ Observo con preocupación que el régimen comunista cubano ha iniciado una campaña descarada contra los arrendatarios de tierras para trasladar sobre ellos la responsabilidad de la improductividad del sector agropecuario cubano. Y esto lo hacen de forma sutil, presentando experiencias de algunos usufructuarios calificados como exitosos en sus proyectos, para describir las distancias que los definen del resto.

Lo cierto es que la mayoría de los productores privados en Cuba han sido auténticos campeones en sus proyectos para salir adelante. Las trabas que han tenido que superar han sido gigantescas.

Primero, encontrarse con tierras infestadas de marabú por el abandono a que las tenía sometido el Estado, y que había que poner en producción con grandes sacrificios económicos y personales. Segundo, no poder contar ni con una pequeña cabaña en el campo para dejar las pertenencias personales. Cierto que esto se aprobó más tarde, pero hay muchos que no han podido acometer estas tareas. Tercero, dificultades de todo tipo para el aprovisionamiento de los insumos, abonos, herbicidas y tecnologías, de financiación bancaria y de suministro de servicios básicos como electricidad o agua, con tarifas desproporcionadas y extractivas que no incentivan la actividad. Cuarto, la amenaza latente de acopio, que nunca está cuando se le necesita con abandono en campo de las cosechas que se pudren o el impago y retrasos en los compromisos. Quinto, una fiscalidad extractiva, diseñada para limitar el desarrollo de la producción, que incluso obliga a pagar impuestos cuando las tierras no se cultiven por dejarlas en descanso. Y sexto, lo más importante, falta de libertad de decisión sobre qué producir, cuánto y a qué precios, cuánta tierra disponer en función de los objetivos productivos, que es la clave de la actividad privada agropecuaria.

Los arrendatarios de tierras cubanos merecen todo el respeto por lo que han logrado, ya que producen actualmente en más del 70% de la superficie agrícola, que, sin embargo, continúa siendo de titularidad estatal.

Por todo ello, cuando una actividad individual florece, el régimen se deshace para contrastar los resultados. Con ello, no hacen otra cosa que un flaco favor al conjunto de los arrendatarios que saben muy bien lo difícil que es progresar en las instituciones comunistas de Cuba.

En tales condiciones, si se despeja la responsabilidad de la producción eficiente de la tierra por los arrendatarios, y se sitúa la misma en el ámbito de las políticas del gobierno, el ejercicio al que se dedica la propaganda oficial es injusto.

En un artículo reciente en Granma titulado Si un usufructuario se empeña, la tierra produce han hecho este ejercicio, con referencia a una serie de “violaciones” detectadas en el proceso de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que fueron expuestas en una reunión del consejo de ministros, por parte de la Fiscalía general de la República, entre ellas:

  • Explotación deficiente de las tierras. Un asunto que se tiene que situar en la perspectiva de las condiciones en que operan muchos arrendatarios, que si no explotan mejor sus tierras es por culpa de los límites que fija el gobierno, y no por sus motivos propios. Al agricultor le interesa sacar lo máximo de sus tierras. Y si se trata de explotación deficiente, tal vez lo mejor sería contrastar con datos objetivos la productividad y los rendimientos privados comparados con los obtenidos por el estado en sus latifundios.
  • Deficiente control sobre la contratación de las producciones e incumplimiento de lo pactado. Este asunto tiene mucho que ver con el monopolio que tiene el estado en la comercialización que ejerce acopio. Los incumplimientos de la contratación se producen por la falta de motivación para cumplir con quien, más arriba en la jerarquía, tampoco cumple. La responsabilidad del control no recae sobre los arrendatarios, sino sobre las instituciones que se deben encargar de hacer cumplir los contratos, y para ello están las sanciones pecuniarias.
  • Relaciones de aparcería y ocupaciones ilegales de tierra. En todo caso, se trata de un porcentaje ínfimo, toda vez que esta es una de las quejas de los arrendatarios, relativas a los estrictos controles a la tierra que realizan los dirigentes comunistas locales para impedir cualquier exceso en la escala de producción. La aparcería surge porque el trabajador del campo puede obtener un mejor salario trabajando para el arrendatario que en cualquier otra actividad, y ello dice mucho en favor de la productividad de la tierra en estas parcelas.
  • No afiliación a la Seguridad Social. En todo caso, la actividad agropecuaria no es fácil de inscribir en un régimen general de la seguridad social, sino que debería estar organizada en un sistema más adecuado al trabajo autónomo o a la actividad agraria. En Cuba, donde el sector primario da empleo al 18% de la población ocupada, tendría sentido diseñar una seguridad social de régimen agrario que, en vez de alejar a los productores, los atrajera por los beneficios ofrecidos.
  • Incumplimiento de los términos de tramitación de los expedientes de solicitud. Una justificación, en exceso rigurosa de los expedientes, huele a burocracia que es uno de los rasgos del sistema comunista cubano y que funciona como un bloqueo/embargo interno contra el legítimo deseo de actividad propia de los cubanos. Los incumplimientos no son reales y, en todo caso, más que una exigencia absoluta de cumplir los trámites de los expedientes, la burocracia debería estar enfocada en asesorar, ayudar e incluso, contribuir a que se cumplan los trámites.
  • Variaciones no autorizadas de las producciones aprobadas. Este tipo de situaciones tiene que ver con expectativas generadas por el principal comprador de las producciones, que no es otro que el gobierno, sobre todo cuando decide topar precios y aleja a los productores de la tierra. Además, ¿hasta cuándo van a existir “autorizaciones” en la producción? Ya se ha podido comprobar que la planificación central e intervención no ha servido para mejorar el funcionamiento del sector agropecuario cubano, y esto debería llevar a una mayor libertad en el ejercicio por los productores.
  • Falta de control sobre el proceso de contratación de las producciones. No lo parece, teniendo en cuenta la injerencia absoluta de los dirigentes comunistas locales en el proceso de asignación y control de las tierras, lo que lleva igualmente a la contratación de las producciones en donde intervienen organismos estatales. En todo caso, se deberían aclarar las funciones y competencias de unos y otros, y dejar al productor operar en paz.
  • Existen usufructuarios que no trabajan directamente la tierra. Un asunto que igualmente será marginal, y limitado en el número de casos, y que puede obedecer a numerosos factores como problemas de salud, o necesidad de realizar algún desplazamiento temporal, e incluso, dedicarse a otra actividad de forma temporal. Esto no tiene por qué suponer problemas, dado el carácter estacional de muchas producciones agrarias. Si lo que el régimen comunista pretende es mantener a los usufructuarios atados a las tierras, como un instrumento de control social, esto carece de sentido y además es contrario a la razón humana.

Pienso que, con este tipo de planteamientos de la Fiscalía hacia los arrendatarios, el sistema ideado por Raúl Castro hace más de una década se puede venir abajo en cualquier momento. Al no consagrar la estructura de la propiedad de la tierra, sino solo su arriendo, el modelo es reversible por el Estado, en cualquier momento, lo que sería una decisión muy grave que acabaría creando más problemas que soluciones. Últimamente, el régimen quiere que los arrendatarios produzcan para exportar a países de Europa, del Caribe y también a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en vez de concentrarse de forma prioritaria en atender las necesidades de la población.

Entretanto, Acopio sigue dejando en el suelo las cosechas de mangos que no llegan a los mercados y los dirigentes comunistas locales y estatales quieren reforzar su control absoluto sobre los arrendatarios midiendo y decidiendo sobre las superficies en explotación. Y estos campeones, los arrendatarios de tierras, siguen, en medio de todas estas dificultades, en una lucha diaria admirable, desde posiciones de inferioridad con respecto al Estado, que produce admiración y respeto.

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Malas noticias para los usufructuarios de tierras estatales

tierras usufructo cubanos

LA HABANA, Cuba.- Una labor tan extenuante como cultivar la tierra debe de ir acompañada de determinadas características que estimulen el arduo trabajo de los productores. Por ejemplo, que esos productores puedan decidir qué sembrar en sus tierras, a quién vender sus cosechas, y qué importe cobrar por sus producciones. Lamentablemente, son prerrogativas que hoy no disfrutan los que trabajan la tierra en Cuba, y que a no dudarlo, impide el desarrollo del sector agropecuario en la Isla.

En la más reciente reunión del Consejo de Ministros, la situación que presenta la entrega de tierras estatales ociosas a personas (naturales y jurídicas) que deseen trabajarlas ocupó la atención de los asistentes. De acuerdo con una información brindada por la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, un grupo de acciones llevadas a cabo en el 2020 detectaron una serie de violaciones en este proceso.

Entre las anomalías señaladas por la funcionaria acerca del trabajo de los usufructuarios de esas tierras —casi todos, personas naturales—, están las variaciones no autorizadas de las producciones aprobadas; un deficiente control sobre la contratación de las producciones e incumplimiento de lo pactado; la no afiliación a la Seguridad Social de muchos de esos usufructuarios; así como el hecho de que algunos de ellos no están trabajando la tierra que recibieron en usufructo.

Aquí vemos cómo las autoridades castristas consideran “violaciones” a varias de las prerrogativas que antes indicamos como favorecedoras del ímpetu productivo de los hombres del campo. O sea, que los gobernantes no admiten que los usufructuarios se aparten de la producción de los surtidos que les habían orientado “de arriba”, y que dejen de contratar la venta de sus producciones con el Estado, y por supuesto a los precios que fije este último.

En el año 2018 el Consejo de Ministros anunció nuevas medidas acerca de la entrega de tierras en usufructo, un proceso que se había iniciado diez años antes, en el 2008. Entre esas medidas estaban las relacionadas con las causales que podían determinar la extinción del contrato de usufructo. Y entre ellas sobresalían la no afiliación al régimen de seguridad social impuesto por las autoridades, así como que los usufructuarios no trabajaran y administraran de forma personal y directa las tierras que les habían entregado en usufructo.

Entonces, de aplicarse al pie de la letra lo relacionado con los motivos de la extinción del usufructo, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Fiscal General de la República, no sería de extrañar que pronto viéramos disminuir la cifra de personas naturales en posesión de tierras en usufructo.

Pero, por otra parte, tampoco se podría descartar una reacción más prudente por parte de las autoridades, máxime si consideramos la nada despreciable presencia de los usufructuarios en el panorama agropecuario de la isla, y el pobre desempeño que muestran las cooperativas (CPA y CCS) y las empresas estatales. Según el Anuario Estadístico de Cuba 2019, alrededor del 25.2% de las tierras cultivables del país se hallan en manos de los usufructuarios.

Y volviendo a lo dicho en la reunión del Consejo de Ministros, el flamante ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, apuntó que “si tras 12 años de iniciados los procesos de entrega de tierras ociosas se siguen manifestando los mismos problemas, ello constituye una muestra evidente de que no es efectivo el sistema que hemos usado para controlarlo. Hay que cambiar la manera de hacer las inspecciones y los controles estatales”.

A la postre, aún en el caso de que no haya una masiva extinción de los contratos de usufructo, de todas maneras las cadenas del poder apretarán aún más los pescuezos de los pobres usufructuarios.

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Régimen cubano amenaza a campesino opositor con quitarle sus tierras

Día del campesino, Cuba, Campesino, tierras

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Campesinos en Cuba (Foto archivo)

MIAMI, Estados Unidos.- La policía política de Velasco, provincia de Holguín, amenazó a un campesino del territorio con despojarlo de sus tierras, y con ello quitarle el sustento a su familia, porque pertenece al Movimiento Cristiano Liberación, informó Radio Televisión Martí.

Según la nota, el capitán de la policía represora del régimen, que se hace llamar Moreira, le aseguró a Yordán Mariño Fernández que presionaría a los funcionarios del Ministerio de la Agricultura para que le quitaran sus tierras si no dejaba de militar en el movimiento opositor, e incluso lo intimidó con crearle una causa común para encarcelarlo.

“Fui citado el sábado a la unidad policial del poblado de Velasco y allí estaban para interrogarme dos agentes de la policía política. Uno de ellos era el capitán Evelio Moreira, que me advirtió que podrían quitarme las tierras que yo trabajo y que son el sustento de mi familia”, denunció Mariño Fernández a Radio Televisión Martí.

“Moreira me dijo que ellos son los que mandan. Me dieron a elegir entre seguir perteneciendo al Movimiento Cristiano Liberación o morirme de hambre porque (aseguraron) tampoco voy a conseguir empleo en otra parte”, dijo el campesino, que es integrante del Movimiento Cristiano Liberación desde hace más de cinco años.

Yordán Mariño Fernández participó el pasado 22 de julio en el homenaje por el octavo aniversario de las muertes del fundador de la organización Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero.

Sin embargo, Mariño Fernández aseguró que el régimen puede aprovecharse de las nuevas regulaciones contra los agricultores privados “para desposeer de sus fincas a cualquier campesino que se haya declarado opositor”.

La ministra de Finanzas y Precios cubana, Meisi Bolaños Weiss, anunció recientemente que las autoridades penalizarán la improductividad en el programa de tierras ociosas, incrementarán el impuesto que pagan los usufructuarios, y pueden retirarles a los agricultores el permiso operacional para cultivar.

“Mi parcela, que no llega a una hectárea, era propiedad de mi bisabuela. Al morir ella, pasó a mi tío, que me la dio a mí. Según el código agrario, las tierras son del que las trabaje y yo llevo laborándolas hace más de 20 años y con toda una comunidad como testigo”, relató a Martí.

“Mi terreno siempre ha estado plantado. En estos momentos no lo está porque se acaba de retirar una cosecha, se roturó y estoy esperando que llueva para volver a sembrar”.

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Castrismo y expropiaciones, ¿qué resolvieron los cubanos?

Foto tomada de internet

LAS TUNAS, Cuba.- La Aduana de Puerto Padre ocupó un lugar prominente en Cuba por concepto de recaudación de impuestos hasta 1959. El puerto de La Habana, el de Santiago de Cuba, el aeropuerto de Rancho Boyeros y dos terminales más, que ahora escapan de mi memoria, sólo iban delante, con un difícil competidor: Puerto Padre y el central Delicias, el mayor productor de azúcar de caña de Cuba y del mundo.

El alcantarillado de Puerto Padre, data de 1918, proviene de esos dineros fiscales, tributados por la empresa estadounidense The Cuban American Sugar Mills, propietaria de los centrales azucareros Delicias y Chaparra, y de los ramales ferroviarios cañeros y del puerto azucarero en cayo Juan Claro. Pero un libro de historia local dice:

“El 20 de julio de 1960, por la Resolución No. 195 del doctor Fidel Castro, presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se decretó la intervención del central Delicias, más todas las propiedades, bienes, inmuebles, negocios y derechos pertenecientes a la empresa The Cuban American Sugar Mills.

“Al nacionalizarse el central Delicias, que cambió su nombre por el de Antonio Guiteras, se incautaron también las demás propiedades norteamericanas, que incluían la compañía de teléfonos, los centros de expendio de gasolina, el departamento comercial, las tiendas (en las colonias cañeras), la sucursal eléctrica, el puerto del cayo Juan Claro y otras propiedades”.

“¿Qué queda de todo eso?”, se preguntará algún lector.

Pues queda el central Antonio Guiteras, moliendo ahora como un trapiche; queda el puerto de cayo Juan Claro, por donde, en comparación con 60 años atrás, bastante poca azúcar se exporta y todavía menos mercancías se importan; de los ramales ferroviarios no queda un riel; la compañía de teléfonos hoy es el monopolio parapolicial Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA); y de las tiendas en las colonias cañeras ni hablar: hoy no queda una.

Por todos sus bienes perdidos quizá algún día la empresa estadounidense sea resarcida. Pero el mayor daño el castrismo no lo cometió contra las empresas expropiadas, sino contra el pueblo de Cuba. El estatismo castrista, nacido en 1959, goza de buena salud 60 años después, y hasta se ha rejuvenecido.

“La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial”, dice el artículo 29 de la Constitución castrista de 2019. Y al respecto, el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, dijo que “será preciso hacer una norma sobre la tierra, en la cual se establezcan todas las garantías de que sólo el Estado puede ser el que compre este preciado bien”.

Foto tomada de Internet

Para ser exacto, el ministro Rodríguez Rollero debió decir que harán otra norma, otra más, para impedir que los propietarios cubanos de tierras hagan con ellas lo que mejor estimen conveniente sin interferencias del Estado, que es, desde mayo de 1959, quien hace y deshace con las tierras en Cuba.

Hoy, la legislación en materia agraria vigente es el Decreto-Ley No. 125, “Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios”, firmado por Fidel Castro el 30 de enero de 1991, por el cual, muerto un agricultor, su tierra pasa a manos del Estado si, durante cinco años previos al fallecimiento del propietario, sus herederos no han permanecido trabajando esa tierra.

Médicos, abogados, ingenieros, ni ningún otro profesional en ejercicio, pueden heredar la tierra que perteneció a sus ascendientes.

En el referéndum constitucional del pasado domingo 24 de febrero, los cubanos pudieron mostrar muy bien, entre sus muchas inconformidades, la que sienten todos los días al ir a la mesa, provocada por el desabastecimiento alimentario crónico, resultado de lo que el castrismo llamó “reforma agraria”, pero que, en esencia, es latifundio de Estado.

Si el 17 de mayo de 1959 la “primera ley de reforma agraria” expropió las fincas mayores de 30 caballerías (402.6 hectáreas), la “segunda ley de reforma agraria”, del 3 de octubre de 1963, desposeyó a 7 485 propietarios rurales, el 24,5% de los dueños de tierras en Cuba, poseedores de 9 752 fincas asentadas sobre 1 641 440 hectáreas de suelo labrantío, que representaban el 19,3% de las tierras productivas de la nación, que también pasaron a manos del Estado.

Cubierto por el mito de la “reforma agraria”, de dos plumazos, uno en mayo de 1959 y otro en octubre de 1963, el castrismo estatizó 7 893 603 hectáreas, el 92,6% de la tierra agropecuaria y forestal de Cuba.

Entonces, quedarían en manos particulares las fincas de hasta cinco caballerías (67 hectáreas), el 7,4% de la tierra cubana arable, aunque fuentes oficiales aseguran que en manos del Estado sólo quedó el 71% de la tierra labrantía, al entregar 1.1 millones de hectáreas de las expropiadas a quienes las trabajaban.

Pero en realidad puede asegurarse que el 100% de la tierra cultivable de Cuba está en manos del Estado, aunque algunos miles de pequeños agricultores posean título de propiedad de las tierras que ocupan.

La propiedad agraria no es efectiva cuando el propietario no puede decidir qué sembrar, cuándo, con quién comercializar la producción, a qué precio, dónde y cuándo comprar semillas, fertilizantes, plaguicidas, herramientas, maquinarias, combustibles; o decidir si trabaja la tierra personalmente o mediante contrato de arriendo.

En 60 años de estatismo castrista, en Cuba esas decisiones no han podido tomarlas por sí mismos los “propietarios” de tierras, esos poderes son ejercidos por el Estado, que decide, por ejemplo, en cual región del país se sembrará papa y en cual no. Y el resultado de ese estatismo donde mejor se ve no es en la Constitución de la República, sino a la hora de sentarse a la mesa del comedor.

La carencia de alimentos sufridas en Cuba, de alimentos que pueden producirse en la Isla, es fruto de la estatización del campo cubano, ejecutada por el castrismo por conveniencias políticas. La verdadera reforma agraria en Cuba todavía está por hacer.

La expropiación de puertos, aeropuertos, centrales azucareros, fincas ganaderas y toda suerte de fábricas y comercios, ejecutada por el castrismo después de1959, supuestamente con fines de utilidad pública, es un mito.

De utilidad pública, sin importar si están en manos privadas o estatales, son las tierras que producen alimentos, maderas, resinas…; las fábricas que transforman materias primas en bienes de consumo; los comercios bien surtidos, con precios justos, al alcance de todos los bolsillos, y, sobre todo, los puertos y aeropuertos libres al tráfico internacional, según las costumbres y el derecho universalmente aceptado. Pero esas categorías socioeconómicas no las encontramos en Cuba, luego… ¿Qué resolvieron los cubanos con las expropiaciones castristas?




Lo que se da no se quita

Campesino a punto de ser desalojado de tierras que les dio la "revolución"_captura de pantalla YouTube
Campesino a punto de ser desalojado de tierras que les dio la “revolución”_captura de pantalla YouTube

LA HABANA, Cuba.- 38 familias serán desalojadas próximamente de las  fincas que trabajan desde hace años, en el barrio suburbano El Palmar, en el municipio capitalino Marianao, debido a los planes del gobierno de construir allí  una carretera, una empresa de contenedores, un crematorio y un nuevo basurero.

Según la  Ley de Reforma Agraria, luego de cinco años, los productores tendrían el derecho a la propiedad de la tierra que trabajan. Pero en este caso, casi todos llevan más de 25 años trabajando esas tierras, y a pesar de ello, pretenden echarlos a la calle.

Este reportero recogió los testimonios de varios de estos agricultores a los que las autoridades han anunciado que serán desalojados.

Diosdado Ribera Delgado, apodado  El Ripiao, de  71 años de edad, ex combatiente,   lleva más de 25 años en su finca. En el año 1986 fue trasladado desde la provincia de Pinar del Río con 11 yuntas de bueyes, 16 vacas paridas, una yegua y un  potrillo.

Jesús González Gómez, de la finca “El Doctor”,  cercana al central “Martínez Prieto”, refiere que esas tierras hace muchos años  pertenecían  a la  CPA “Playa Girón”, que estaban abandonadas, y las pidió al gobierno, pero se las negaron, a pesar de que vive allí y las trabaja desde hace 49 años, junto su padre y sus dos hermanos.

Elmer Reyes Márquez es de los que menos tiempo lleva en estas tierras. En el año 2010 le entregaron 5 hectáreas llenas de yerba, escombros y marabú. Hoy, menos del 1%  falta por cultivar. Una hectárea y media está sembrada de caña. En el resto, sembró   tomate, maíz, calabaza, habichuelas.

Yoel Pérez Ortiz,  unos de los más jóvenes de los agricultores que entrevistamos, vive  hace 7 años, en la finca Pacheco, también aledaña al central “Martínez Prieto”:

-Me pidieron las tierras –dice-, y nunca me negaré a entregarlas siempre y cuando el gobierno  valore el esfuerzo de todas estas familias y no nos dejen desamparados.

Estos productores, durante los años que han trabajado las tierras, que le fueron entregadas por el Estado cubiertas  de marabú, le han reportado a la empresa  y a la CPA  el 25 % y el 20 %, respectivamente, de sus ganancias.

[email protected]

Vea el testimonio de Jesús González, uno de los campesinos, llegado a Cubanet por cortesía de Karel Becerra.

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Cambios demorados

LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -A pesar de que es evidente que el programa de entrega de tierras en usufructo ha fracasado en su objetivo  de elevar la producción agropecuaria, el gobierno continua demorando la aplicación de medidas adicionales para promover el interés de los campesinos por incrementar la producción.

Han existido promesas de ampliar la extensión de las tierras entregadas en usufructo hasta 67 hectáreas, de las 13,42 permitidas por el Decreto-Ley No 259; autorizar a los usufructuarios construir sus viviendas en las áreas entregadas; eliminar el término de 10 años, prorrogables sucesivamente a otros 10, para la concesión del usufructo, haciéndolo por tiempo indefinido; dejar a los campesinos comercializar los productos  directamente en el mercado,  y otorgar a sus descendientes  derecho a la herencia.  No obstante los insistentes comentarios sobre la próxima  adopción de esas  medidas, estas  no llegan y la producción agropecuaria continúa sin aumentar en la medida que con urgencia se necesita. Como consecuencia otra vez el Estado tendrá que dedicar este año más de 1500 millones de dólares a la compra de alimentos, que en su inmensa mayoría podrían producirse nacionalmente,  constriñendo más la pobre capacidad de compra en el exterior  y las posibilidades de realizar inversiones.

Hasta el momento han sido entregadas en usufructo 1 131 000 hectáreas de tierra, de un fondo original de 1 200 000 de hectáreas ociosas, pero con posterioridad se ha reconocido la existencia de 600,0 hectáreas adicionales en esas condiciones. Cuba posee, según datos oficiales, un total de 6,6 millones de ha de superficie agrícola,  en su mayoría en manos estatales con áreas todavía ociosas y otras deficientemente cultivadas, con rendimientos agropecuarios muy distantes del potencial productivo que tienen esas tierras.

Por otra parte, mientras prosiguen las demoras en la implantación de  medidas que podrían  impulsar la producción nacional, los precios de los alimentos en el mercado internacional continúan a niveles muy altos; más de dos veces del promedio existente entre 2002-2004, lo que parece no cambiará sustancialmente en los próximos años, aunque sucedan algunas fluctuaciones. Llama la atención que el azúcar continúe siendo el alimento mejor cotizado, a pesar de que en septiembre su precio bajo ligeramente respecto a agosto.  Actualmente, el precio oscila entre 25 y 30 centavos de dólar la libra. Llama la atención estos altos precios, cuando se conoce que las expectativas de producción de Europa e India son elevadas, y la zafra realizada por Brasil, el mayor productor mundial, fue mejor que lo esperado.  Si Cuba hubiera dispuesto de significativas cantidades de azúcar para exportar, como en otras épocas,  habría tenido una bonanza económica de “vacas gordas”.

Los incrementos de precios en septiembre con respecto al nivel 2002-2004 fueron los siguientes: productos lácteos 2,1 veces, cereales 2,4, aceites y grasas 2,3, y azúcar 3,8, según el Índice de Precios de FAO, publicado el  6 de octubre pasado.

Prácticamente ya se ha perdido el año 2011 y una parte del 2012, pues incluso si mañana se implantaran las reformas, se necesitará tiempo para la limpieza de las tierras ociosas cubiertas de malezas, en especial  marabú, el posterior alistamiento, la siembra y la cosecha, por lo cual los beneficios se recibirían a finales de 2012.

Hay que recordar además, el  creciente peligro de que el mundo vuelva a un proceso de recesión, cuyas consecuencias para Cuba serían terribles, teniendo en cuenta que se trataría de una crisis sobre un país en crisis desde hace muchos años.




Tierras en usufructo

LA HABANA, Cuba, marzo (173.203.82.38) – Se habían entregado 1 179 795 hectáreas de tierra hasta diciembre de 2010, dentro del marco de la Decreto-Ley 259 sobre la entrega de tierras en usufructo, de acuerdo con informaciones brindadas por el Ministerio de Agricultura (MINAGRIC).

El 76,4% de ellas están en explotación, tras los trabajos de limpia de marabú y otras malezas por los nuevos agricultores. Esto significa que el 95,7% de las tierras declaradas ociosas al cierre de 2007, 1,2 millones de hectáreas, según el Anuario Estadístico del 2010, han sido entregadas. Asimismo, MINAGRIC anunció que de las 155 000 solicitudes de tierra, 128 000 fueron aprobadas y otras 19 000 están pendientes.

En realidad, la cantidad de tierras ociosas es superior. Deben agregarse 2,4 millones de hectáreas dedicadas a pastos naturales, en un porciento muy alto cubiertas de marabú y otros arbustos. Paralelamente, los  3 millones de hectáreas de superficie supuestamente cultivadas, en gran medida no están empleadas, o son altamente subutilizadas, especialmente las áreas cañeras con rendimientos promedio en 2009 que no sobrepasaron 27 toneladas por hectárea, lo que indica que una parte considerable debería demolerse. Como conclusión puede decirse que queda mucha tierra por entregarse a quienes deseen cultivarlas.

Debe subrayarse que el hecho de declarar una tierra en explotación no representa que esté dando los resultados productivos esperados. A pesar de aproximarse el tercer aniversario de la implementación del Decreto- Ley 259, la agricultura continúa sin brindar los resultados que con urgencia demanda la economía. En 2010 la producción agropecuaria cayó 4,2%, en términos de volumen físico, de acuerdo a cifras oficiales, sin considerar el desastre de la cosecha de la caña de azúcar. Ello conlleva que seguirán importándose colosales cantidades de alimentos perfectamente producibles en Cuba, incrementándose la erogación de importantes cantidades de divisas por ese concepto, situación que este año se complica adicionalmente con los sustanciales incrementos de las cotizaciones de los alimentos en el mercado internacional.

Quizás por ello, Raúl Castro, en su discurso ante la última sesión  de la Asamblea Nacional, indicó que el gobierno está “en condiciones de valorar la asignación de áreas adicionales, por encima de los límites que regula el Decreto-Ley 259 de Julio de 2008”.  Esta medida pudiera ser positiva, pero debería acompañarse de otros cambios, como sería, entre otros, la ampliación del plazo de usufructo de la tierra a más de 10 años, con igual derecho a prorroga, como ahora está establecido para las personas naturales. Resulta incomprensible e inaceptable que mientras a los cubanos se les otorgan plazos tan reducidos, se le amplia a los extranjeros el derecho de superficie a 99 años.

Al mismo tiempo, debe permitirse que los usufructuarios puedan fabricar sus viviendas e instalaciones necesarias para preservar sus bienes y cosechas, cuestión que por mecanismos legales y burocráticos hoy presenta dificultades, con la consecuencia del entorpecimiento de la labor de los campesinos. Además, sería beneficioso el estudio de otras opciones a la entrega de la tierra en usufructo. Estas podrían ser el arrendamiento y la venta de determinadas áreas con el pago en productos, consiguiéndose así una superior motivación productiva y mejor cuidado de los suelos, maltratados por decenios de mala explotación.

En cualquier variante, es indispensable liberar a los campesinos de las múltiples trabas y prohibiciones que ahora tienen para vender sus productos, y obtener, a precios razonables, los recursos productivos requeridos para una eficiente explotación de sus tierras.

Raúl Castro, en más de una ocasión ha señalado que para Cuba la producción de alimentos representa una cuestión estratégica. En la actualidad esto es más cierto, cuando los precios de los alimentos alcanzan niveles record y todo indica que debido a varios factores, aun cuando puedan aparecer algunos ajustes en el mercado, la coyuntura en la comercialización de estos productos no cambiará sustancialmente en el futuro.

Las propias reformas anunciadas por el gobierno, como han señalado los especialistas, serán difíciles de implantar si la agricultura no logra remontar sus insuficientes niveles productivos. De ahí la trascendental importancia de la modificación del Decreto- Ley 259 con una visión integral, dejando de lado dogmas y concepciones desfasadas.