1

Régimen cubano asegura que liberó más de 10 000 presos durante la pandemia

Cuba; presos políticos coronavirus pandemia
Presos en Cuba (Foto: Archivo/AP)

MIAMI, Estados Unidos.- En el programa oficialista de televisión Mesa Redonda de este martes, Rubén Remigio Ferro, el presidente del Tribunal Supremo Popular, aseguró que durante la crisis generada por la pandemia del coronavirus en Cuba se liberaron más de 10 000 presos, y se modificó la medida cautelar de prisión provisional a 283 acusados.

Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, había dicho el pasado mes de abril que se les había otorgado la libertad a 6579 personas como medida de contención ante la propagación de la pandemia en el país, y según sus declaraciones a la prensa oficial, la medida se aplicó a ciudadanos que presentaron una buena conducta desde su detención, no representaban un peligro y de los cuales no había indicios de que fueran a evadir la justicia, por lo que podían esperar el juicio en su casa con las restricciones correspondientes.

Respecto al sistema judicial cubano, Remigio Ferro dijo además en el programa, conducido por Randy Alonso, que en las fases de desescalada lo más importante y lo que se va a priorizar en Cuba son los “los procesos penales a violaciones con relación a las medidas de la COVID-19, los acusados en prisión provisional, los pendientes de recursos de apelación, guarda y cuidado de los menores, procesos laborales, entre otros”.

Por su parte, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, también presente en Mesa Redonda, dijo que, con respecto al control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública, en una primera fase “se revisarán los procesos penales archivados y suspendidos y se mantiene el control de los procesos penales sin la presencia física en las unidades de la Policía y Órganos de Instrucción”.

“Se mantienen los límites en la participación en acciones de instrucción y la entrevista a los detenidos”, añadió.

En una segunda fase la Fiscalía trabajará “en la conclusión progresiva de los procesos en curso”, además se reiniciarán “los eventos presenciales de control de los términos de los procesos”.

Según el Ministerio de Salud Pública cubano, en las cárceles de la Isla no se reportaron casos positivos de COVID-19 durante estos meses de crisis por la pandemia, pues una de las medidas que el régimen adoptó para evitar la propagación del virus fue la suspensión total de las visitas de familiares.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.




“Régimen usa sistema judicial para imponer miedo”, denuncia OCDH

OCDH La Habana tribunal

OCDH
Foto archivo

MIAMI, Estados Unidos.- En el pasado mes de mayo, en Cuba se produjeron al menos 67 detenciones arbitrarias y 74 actuaciones represivas de otro tipo, principalmente de acoso, mediante citaciones policiales, denunció en su más reciente informe el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En el texto, en el que el OCDH condenó los juicios sumarios ejemplarizantes que violan las garantías procesales de los imputados en la Isla, se dio a conocer además que las provincias más afectadas por los arrestos por motivos políticos fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.

De acuerdo a la red de activistas del OCDH, aunque el Gobierno no ha declarado de manera oficial el Estado de Emergencia, sí ha aprovechado para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos, pues el régimen “ha continuado con las amenazas e imposición de multas a opositores y activistas utilizando el Decreto Ley 370, que limita de libertad de expresión”.

“Denunciamos la ola de juicios ejemplarizantes con la que el régimen busca intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país. La utilización del sistema judicial para imponer el miedo, se realiza violando el debido proceso”, dijo Yaxys Cires, director de estrategia política del OCDH.

Al respecto, el empleo del método de “atestado directo” del procedimiento proceso penal “sumario” implica una fuerte limitación de garantías procesales para los imputados, que suelen enterarse formalmente de qué se le acusa —y tener acceso a un abogado— escasas horas antes del juicio, reza el informe.

Así mismo, el OCDH denuncia que varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema, y según la prensa oficial, solamente en La Habana se han realizado más de 500 juicios, principalmente por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita.

El activista dijo además que “es paradójico que el Gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio Gobierno no ha declarado el estado de emergencia”.

“Es también un contrasentido que (el régimen) dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero”, agregó.

El 1 de mayo, fuerzas represivas del Gobierno cubano detuvieron e incomunicaron por más de 48 horas al activista Enix Berrio Sardá, —dice el informe— quien había presentado el 29 de abril una solicitud formal para que la Asamblea Nacional del Poder Popular declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Isla.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.




Cuba aspira a cambiar sus tribunales en 2019

Cuba aspira a cambiar sus tribunales en 2019

LA HABANA, Cuba. – El espacio oficialista de la Televisión Cubana, “Mesa Redonda”, abordó esta semana varias cuestiones referidas al sistema judicial cubano, el cual, según autoridades de la Isla, experimentará cambios durante el presente año.

Rubén Remigio Ferro, presidente de la Corte Suprema Popular de Cuba explicó que de las 118 782 sentencias extinguidas, se han demorado un total de 428. Asimismo, precisó que de los 137 906 casos presentados, 136 365 fueron resueltos.

Julio Ferrer Tamayo, abogado independiente que cumplió su condena en 2018, explicó a CubaNet que el fenómeno de la tramitación demorada obedece a que  las autoridades judiciales no hacían las diligencias que les correspondían y que ese era una tarea a la que ahora se estaban enfrentando”.

De igual forma, Ferrer Tamayo aseguró que una de las mayores dificultades del sistema judicial radica en que “los militares son los que deciden”.

Al jurista se le debía haber extinguido la condena el 6 de diciembre de 2018, tal y como aparece en el Tribunal Municipal del Cerro, pero descubrió que es la institución militar Dirección General de Establecimientos Penitenciarios ha decidido y definido que su condena se extingue el 30 de julio de 2019.

Según Remigio Ferro, para el 2019 los tribunales cubanos se han trazado un plan de trabajo que para muchos suena a demagogia y retórica. Todo ello, en un marco donde se aprobará, seguramente por unanimidad, una nueva Constitución.

Para Ferrer Tamayo, el hecho de que se diga a través de los medios oficiales que el papel del juez cubano tiene que ser más activo y que el mismo debe determinar pruebas de oficio para llegar a la verdad” constituye un reconocimiento de que en la Isla los jueces “han tomado decisiones sin contar con los demás”.

Otros temas son la correcta individualización de la pena que implica que los jueces no pueden imponer, en los juicios colectivos, una sanción al bulto sino tener en cuenta, con objetividad, las características de cada persona y el grado de implicación en los hechos en busca de que la pena se corresponda con la acción delictiva”.

Para Ferrer Tamayo los tribunales pueden seguirse trazando planes “demagógicos” porque “no hay dónde ir a reclamar nada de eso”.

“Remigio habla de las oficinas de Atención a la Población donde se pueden entregar las quejas, donde dice que somos atendidos con prontitud, pero sabemos que es totalmente incierto”, dice Ferrer Tamayo. Desde el 2012, el jurista se ha dirigido directamente al presidente del tribunal supremo, y “siempre he recibido la callada por respuesta”.

Ferrer asegura que las autoridades judiciales nunca han respondido a sus reclamos pero tampoco a los pedidos de otras autoridades, y cuenta también que fueron la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, el Tribunal Provincial y la Comisión de asuntos constitucionales de la Asamblea Nacional quienes han ignorado los atropellos que ha sufrido su familia.




Sistema judicial cubano: una crisis de larga data

rusia cubanos frontera migrantes cuba

GUANTÁNAMO, Cuba.- En el recién finalizado X Período Ordinario de Sesiones de la VIII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), rindieron cuentas sobre su trabajo el Tribunal Supremo Popular (TSP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar del cantinfleo característico de la prensa oficialista, la crisis en que se halla el sistema judicial cubano y la propia institucionalidad creada por el castrismo es evidente.

Se trata de un fenómeno que surgió desde el nacimiento de la dictadura castrista. Quienes han ejercido la abogacía en Cuba saben que año tras año la crisis potencia sus problemas y resulta insoluble dentro de las condiciones impuestas.

Problemas de larga data

Según el periódico Granma del pasado 22 de diciembre, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, reconoció la existencia de demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales, falta de profesionalidad y solemnidad en la celebración de los juicios, comparecencias, incumplimiento de procedimientos y buenas prácticas establecidas, sentencias y resoluciones sin argumentación y trato descortés e inadecuado a algunas personas.

Por su parte, el fiscal general de la FGR, Darío Delgado Cura, expresó que en el último quinquenio fueron atendidas 483 969 personas, de las cuales al 24% les asistió razón. Me detengo aquí para advertir que aunque el fiscal general no lo dijo, ese 24% representa a 116 152 personas, lo cual demuestra el nivel de quebrantamiento de la legalidad existente. Por supuesto que el general Darío Delgado Cura tampoco se refirió a las quejas que jamás son atendidas ni respondidas adecuadamente, de acuerdo con las leyes cubanas, ni a la complicidad de la FGR con las acciones represivas y muchas veces ilegales cometidas por la Seguridad del Estado en contra de los opositores pacíficos. Estos ciudadanos reciben maltratos y un total desamparo jurídico cuando acuden a la FGR en reclamación de sus derechos.

Según el Dictamen ofrecido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP ante la rendición de cuentas de ambas instituciones, es común a ambas el no completamiento de sus plantillas, la falta de estabilidad en el personal y es necesario continuar trabajando para imprimir mayor calidad a su trabajo. Habría sido muy válido que los diputados hubieran indagado por las causas que provocan que muy pocos estudiantes de Derecho quieran ser jueces o fiscales a pesar de los beneficios y prebendas que estos profesionales reciben y de los altos salarios que les pagan.

Muy significativo resultó que la mencionada Comisión se pronunciara porque las sentencias en materia penal sean congruentes con el material probatorio aportado por los fiscales, las características personales del acusado y otras circunstancias concurrentes, un problema que se arrastra por décadas.

¿Hay solución a esta crisis dentro del castrismo?

La historia del castrismo es abundante en cuanto a la discriminación política y judicial que aplica a sus ciudadanos, según sea su posición política con respecto al régimen. Las formalidades y el respeto a derechos esenciales de las personas han sido violados reiteradamente por el ejecutivo y la administración de justicia cubana desde el mismo nacimiento de la dictadura.

La esencia dictatorial del régimen quedó al descubierto desde el mismo mes de enero de 1959 con la realización de los tristemente célebres procesos penales sumarios donde de forma casi absoluta la única sentencia aplicada era la pena de muerte. Dos procesos muy sonados fueron el juicio al comandante Hubert Matos y el de los pilotos de la dictadura batistiana.

En el primero Fidel Castro acudió como testigo y terminó dirigiendo el juicio, si es que ya no lo había hecho antes de su celebración. En el segundo, el tribunal formado por oficiales del ejército rebelde, absolvió por falta de pruebas a los acusados. Desde La Habana y enfurecido, Fidel Castro arremetió contra el tribunal y ordenó la realización de un nuevo juicio donde los pilotos fueron condenados a muerte. La afrenta fue tal que el comandante Félix Pena, presidente del tribunal, se suicidó.

Lo ocurrido en La Cabaña bajo la dirección del argentino del gatillo alegre fue otra prueba de que en Cuba jamás volvería a haber una administración de justicia independiente del ejecutivo.

Ya en los años setenta se concibieron los siniestros juicios “ejemplarizantes”, verdaderas demostraciones estalinistas de uso de la fuerza y la intimidación donde las sentencias y hasta los más mínimos detalles del proceso eran decididos por jueces, fiscales y policías en reuniones donde cada acusado salía con su sentencia mucho antes de la celebración del juicio, que de esta forma se convertía en una mascarada.

A esa práctica se unieron las modificaciones de las actas de los juicios e impedir a los defensores que tuvieran acceso a dicha acta y a la causa para realizar los recursos de casación. Se ha llegado  al extremo de no permitir a los acusados que designen un abogado defensor, no avisar a sus familiares de la fecha del juicio y llenar la sala del juicio con chivatos de la Seguridad del Estado para impedir la presencia de personas no gratas.

Condiciones indispensables para que exista justicia son que los jueces sean realmente independientes y no demuestren más obediencia que a la ley. También que los ciudadanos sometidos al fuero de los tribunales no sean discriminados por su posición política, ni que esos órganos de justicia se desentiendan de los abusos cometidos por el Estado en contra de tales personas. Esas condiciones, desgraciadamente, no existen en Cuba. La FGR y el TSP podrán rendir cuentas de sus actuaciones cuantas veces quieran o decida la ANPP, pero la crisis es insoluble, sencillamente porque la calidad de la justicia es inversamente proporcional a la fortaleza de una dictadura.