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“Lo tienen detenido pasando frío, muriéndose de hambre”, denuncia la madre de un doctor cubano

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MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Blanca Nieves Alcántara Chacón denunció la situación de su hijo, el doctor Elioney Rodríguez, quien fue detenido por las autoridades cubanas por un presunto intento de salida ilegal del país. 

“A él lo detuvieron por supuestamente una salida ilegal. Está detenido hace más de ocho días y lo tienen incomunicado, pasando hambre, sin darle comida, y muriéndose de frío”, lamentó la mujer en entrevista con CubaNet

Alcántara Chacón enfatizó que su hijo “no es ningún delincuente” sino “un médico, una persona preparada” a la que están maltratando. “Mi hijo es un profesional de la salud y lo tienen detenido pasando frío, muriéndose de hambre”, insistió. 

La familia de Elioney ha llamado a “todas las PNR de Artemisa”, la provincia donde fue detenido y en la cual, supuestamente, se mantiene encarcelado el joven galeno. “No hemos tenido respuestas de nada. Como madre estoy desesperada porque aquí amenazan, aquí matan, y aquí la vida de mi hijo está en peligro, y por eso voy a ir adonde tenga que ir; lo tienen secuestrado”, aseguró la entrevistada.

Con respecto al panorama que impulsa a los jóvenes a migrar, aun arriesgando su vida, Alcántara Chacón dijo: “Todo el mundo aquí sabe cómo está la situación de este país. Hay miseria, no hay medicinas, no hay nada…”, dijo. 

Solo en el año fiscal 2022, unos 224 607 cubanos llegaron a Estados Unidos por fronteras terrestres, lo que constituye el 2% de la población de la Isla y más del 4% de su población activa.

“El Gobierno debe decir por qué la juventud está migrando. Yo no sé si él se iba o no, pero ¿por qué se está yendo la juventud? ¿Por qué? Por las condiciones de vida que tiene. Mi hijo es cardiólogo y en más de 10 años de trabajo que lleva, ¿qué tiene él? No tiene ni siquiera una bicicleta”, lamentó la mujer. 

“Analicen, traten con los jóvenes”, pidió a las autoridades. “Me he visto en la obligación de hacer esto [acudir a la prensa independiente] porque es el único medio que tengo para llegar a Díaz-Canel como presidente de este país, porque ya no aguanto más, estoy desesperada”, aseguró.

Antes de concluir, Alcántara Chacón recalcó a que su hijo “no lo cogieron con un arma” y que “nunca lo han cogido estafando ni lo cogieron en el mar”. 

“Ya no sé qué voy a hacer, a quién me voy a dirigirme, pero seguiré hacia adelante”, sostuvo.

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Balseros capturados por guardafronteras, luego de zozobrar embarcación

Balseros detenidos por las autoridades (foto cortesía de los entrevistados)
Balseros detenidos por las autoridades (foto cortesía de los entrevistados)

VILLA CLARA, Cuba. -Tropas de Guardafronteras (TGF) villaclareñas capturaron a seis ciudadanos que intentaban salir de forma ilegal del país hacia los Estados Unidos, el pasado 2 de marzo.

Vismarky Rivero Pedrosa, uno de los implicados, refirió a CubaNet que él, en compañía de Frank, Cristopher Rivero Río, Amaury Rivero Díaz, Rafael Pérez Aponte y Yadián Moreno Hernández, organizaron una salida ilegal del país por la zona marítima ubicada al Norte de Sagua la Grande, uno de los municipios villaclareños en el centro de la Isla. Pero el intento fracasó, zozobraron en la noche del 23 de febrero, y permanecieron en el área hasta el amanecer para poderse orientar.

Pérez Aponte continuó el relato: “El martes 24, avistamos el Cayo Esquivel, allí, permanecimos hasta el viernes 27. Durante ese tiempo, sobrevivimos comiendo pescados, caracoles de cobo, y bebiendo agua de coco y de algún pomo de agua recalado en la costa del cayo”.

“El viernes fuimos encontrados por efectivos locales de TGF, los que de inmediato nos esposaron y condujeron a la unidad de este órgano en Isabela de Sagua. En condiciones de hacinamiento, como si fuéramos perros, fuimos llevados el sábado 28 al Departamento de la Seguridad del Estado de Santa Clara, para encarar el proceso investigativo. Se nos incautaron nuestros avíos de pesca, que utilizamos para enmascarar el verdadero propósito de nuestra salida al mar”.

Ellos pretenden efectuar una reclamación ante las autoridades competentes, para que sean devueltas sus propiedades confiscadas, pues eran de adquisición lícita, a la vez, que asumirán el pago total de la multa de 3 mil pesos impuesta, según cuenta Amaury Rivero, otro de los implicados.

Se aventuraron en esta acción por la “falta de oportunidades y la crisis permanente que presenta el país”, alegó Cristopher Rivero.




Persiste el alto número de salidas ilegales en el Oriente cubano

foto de archivo
foto de archivo

GRANMA, Cuba. (Ramón Esteban Enamorados Santos) -En días recientes fue citado a la Delegación del Ministerio del Interior, del municipio de Manzanillo, provincia Granma, un nutrido grupo de personas, que se pudo conocer estaba conformado por 27 individuos. Estos ciudadanos fueron multados, unos por haber sido sorprendidos intentando abandonar el país ilegalmente, y otros por haber sido deportados desde Islas Caimán y México.

Entre ellos se encontraba el señor Manuel Pulido García, quien accedió a brindarnos la información del hecho.

Durante el tiempo que estuvieron en la Unidad fueron objeto todos de un exhaustivo chequeo policial y a cada uno se le confeccionó un Acta de Advertencia. También fueron informados de que, a partir de ese momento, serían rigurosamente vigilados y sancionados si intentaban participar nuevamente en salidas ilegales, encarcelados y procesados con todo el rigor de la ley.

Últimamente la llamada Zona del Golfo de Guacanayabo, se ha convertido en un lugar habitual para aquellos que pretenden escapar del país por vía marítima.

Todo esto se ha incrementado debido a las recientes conversaciones migratorias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América en las que la parte cubana ha planteado debe cesar la Ley de Ajuste Cubano y la política de pie seco-pie mojado; ello hace que las personas piensen en apurar decisiones que quizás ya habían tomado anteriormente.




Medio ambiente y doble moral

LA HABANA, Cuba, enero (173.203.82.38) – Hace un año las autoridades, con el obvio objetivo de impedir las fugas del país, decomisaron arbitrariamente  20 catamaranes, pertenecientes a vecinos la playa Guanabo, al este de La Habana. Hasta el momento sus reclamaciones no han tenido respuesta, pero mantienen la confianza en que la jefatura del Ministerio del Interior y los tribunales abran una investigación sobre el decomiso, y se haga justicia.

Resulta lamentable que los paranoicos jefes de Tropas Guardafronteras se dediquen a la persecución de gente que intenta huir por mar del país, y sean indiferentes ante la pesca ilícita de tortugas marinas que, pueden vivir entre 150 y 200 años. La matanza de las tortugas que pretenden llegar a las playas para poner sus huevos, se produce cada primavera durante la temporada de desove.

Los pescadores furtivos se reparten los tramos de playa, que oscilan entre los 400 y 500 metros. A veces se producen  disputas por el control de cada demarcación. En ocasiones las peleas han llevado a hechos de sangre, pero, irónicamente, esta situación es ignorada por las autoridades.

Los restos de cuerpos de las tortugas marinas son arrastrados por las corrientes hasta las playas, y allí son devorados por aves carroñeras. Muchos  turistas, al verlos y enterarse de la situación,  se indignan ante la indolencia de las autoridades.

Hace unos años, Fidel Castro – el principal responsable del desastre ecológico que es nuestro país- recibió un premio de la Academia  de Ciencias de Cuba, por su actitud ante los programas de conservación del medio ambiente. Lo que ocurre con las tortugas marinas es una muestra de la doble moral que también impera en los organismos que supuestamente deben velar por la protección del medio ambiente.

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La severa justicia revolucionaria

LA HABANA, Cuba, enero (173.203.82.38) – Los cienfuegueros Bárbaro López Villavicencio,  de 44 años, y Rafael Felipe Martínez Irizar, de 41, ambos de la raza negra y adictos al alcohol, acordaron a mediados de 2009, robar una embarcación para salir del país rumbo a México, y de allí viajar a los Estados Unidos.

En la organización del plan distribuyeron las tareas. Martínez Irizar sería el encargado de localizar personas solventes, interesadas en abandonar el país, como una forma de obtener ayuda para sufragar los gastos de la operación. López Villavicencio buscaría  el combustible y al patrón de la embarcación, a quien le pagarían por fingir un secuestro.

Pablo Gómez Castillo, oficial de la contrainteligencia militar denunció los hechos. López y Martínez aun no tenían en su poder ni un litro de petróleo, cuando ambos fueron detenidos. El tribunal de Cienfuegos los declaró responsables, en concepto de autores, de un delito de salida ilegal del país.

Ninguna de las evidencias apreciadas por el tribunal determinó las fechas exactas de la comisión de la acción delictiva imputada a los acusados. El órgano de justicia estimó pruebas documentales sobre el lugar en que se ideó el plan, de las averiguaciones e intentos por comprar petróleo, entre los días finales de mayo y principio de junio de 2009.

El hecho delictivo fue probado exclusivamente por declaraciones de los testigos y los inculpados quienes, en el acto de juicio oral confesaron haber ideado un plan que nunca llevaron a la práctica. En vano trataron de argumentar un desistimiento. El tribunal no lo valoró porque “ante las detenciones estuvieron haciendo gestiones y averiguaciones en torno al logro de los objetivos propuestos”.

El plan, considerado peligroso por el tribunal, “felizmente no aconteció gracias a la actuación oportuna de las autoridades”, que ante la detención de los enjuiciados impidieron el desarrollo de la ilegal actividad. Un reconocimiento por parte del tribunal en su fallo, a la unidad de delitos contra la Seguridad del Estado en Cienfuegos, órgano encargado de la ‘investigación criminal’.

De nada valió que el fiscal reconociera, en sus conclusiones provisionales, que López Villavicencio “pensó hablarle para la misión” al testigo Rafael Jiménez Solís, capitán del ferro cemento y de la patana que los acusados intentarían secuestrar. Sin embargo, “no lo llegó a concretar”.

Tampoco sirvió que “en el sumario fueron explicitas y detalladas sus confesiones, al punto de ayudar al esclarecimiento del supuesto hecho delictivo”, según argumentó el tribunal en la sentencia.  Ingenuamente creyeron en la ley. El Código Penal exime de responsabilidad a la persona que desista voluntariamente de cometer un acto delictivo, cuando lo pone en conocimiento de las autoridades.

En su afán de enfrentar el delito y las injusticias, el tribunal provincial de Cienfuegos pasó por alto que los intentos de los acusados fueran infructuosos. Incluso reconoció en la sentencia que Martínez Irizar no pudo “materializar las gestiones realizadas en aras de localizar el combustible”.

Una muestra de “la eficiencia, trato racional y diferenciado, la adecuada comunicación con las personas, la profesionalidad y rapidez en el esclarecimiento de los hechos delictivo y demás servicios que brindan al pueblo” los órganos de justicia y represión del gobierno revolucionario, según afirmó el diario Granma recientemente.

El tribunal apreció las declaraciones de 5 personas contactadas por Martínez Irizar, en su labor de promoción de la salida ilegal. Sin embargo, la sentencia omitió detallar si estas tenían recursos para financiar la operación, requerimiento del plan de los acusados. Por el contrario, dejo por sentado que ninguna aceptó la propuesta, cosa rara en estos días.

Las pruebas para incriminarlos fueron valoradas “de conformidad con los principios de la ciencia  y la razón”. Bárbaro fue sancionado a 4 y Rafael a 5 años de privación de libertad, máxima pena que prevé el delito de promover y organizar la salida ilegal de personas del territorio nacional.

Si todos los cubanos que fraguan planes para abandonar el país se sancionaran, la población penal de la isla alcanzaría los 11 millones de reclusos.  Esa realidad no importa, como tampoco interesó, en la determinación de la sentencia, la prevención y el arrepentimiento. Mejor es castigar ejemplarmente. Lo fundamental para la justicia revolucionaria es aplicar la ley “con el máximo de rigor y severidad necesarios”.