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LA HABANA, Cuba.- Uno de los mayores hostigamientos contra opositores cubanos tuvo lugar en el año 2003, cuando llevaron a juicio a 75 disidentes que se dedicaban a diferentes actividades pro democracia en Cuba. Casi todos fueron sancionados, con severas penas de hasta 25 años de privación de libertad. De ellos, más de la tercera parte eran periodistas independientes. Ahora bien, la situación de este grupo al día de hoy es: nueve fallecidos, otros nueve quedan en Cuba, y el resto vive en el extranjero; algunos de ellos desvinculados totalmente de la causa. A la gran mayoría de los que fuimos juzgados se nos aplicó la Ley 88, “Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba”, aprobada durante los días 15 y 16 de febrero de 1999 en Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidida por Ricardo Alarcón de Quesada en ese entonces. Esta legislación se conoce de forma popular como “Ley Mordaza”. Después de la experiencia internacional que tuvo la dictadura con el Grupo de los 75, la Ley 88 no ha vuelto a ser aplicada en masa, aunque no puedo afirmar que no lo haya sido en algún caso en particular. No obstante, hace apenas unos días, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, amenazó ̶ a través de Twitter ̶ con emplear esta Ley contra quienes colaboren con los objetivos de la Helms-Burton. Para aquellos que piensan –todavía ̶ que en Cuba hay división de poderes, esta es una prueba inequívoca de que el poder judicial está politizado y no tiene ninguna independencia, hay un sistema de hecho y no de derecho. El único poder está en el Partido Comunista de Cuba, y en las manos de un solo hombre. La falta de garantías que de un individuo para ser juzgado es algo sin justificación. Al señor Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia del poder judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se le podría dar conocimiento de ello, aunque producto de algún rasgo marxista puede ser que no esté muy interesado. Dentro de las complicadas informaciones que se dan en la Isla, la amenaza del Dr. Rubén Remigio se convierte en una contradicción. Cabría preguntar ¿por qué intimidar a los disidentes, y en especial a los periodistas, con algo que no es aplicable en el país? El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha informado –en una plana completa de las pobres ocho páginas con las que sale editado ̶ que: …“la Ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba, en primer lugar, porque es una Ley de Estados Unidos y por tanto su jurisdicción, su espacio de aplicación, es en Estados Unidos”. De igual forma, el 13 de abril, en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se acordó un documento en el que se plantea: “Total apego al espíritu de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, Ley No.80 de 1996, que declara ilícita, inaplicable y sin efecto jurídico la Ley Helms-Burton…” Todo ello se contradice también con los anuncios televisivos en los que la dictadura plantea que alguien puede reclamar una escuela, un hospital, un banco, el estadio de pelota y hasta el agromercado al que acuden los cubanos. Así entonces, a pesar de estas discrepancias internas, en los últimos días ha salido a la luz pública la lujosa vida que se da el hijo de Ferro, nombrado también Rubén Remigio, lo que demuestra la continuación del nepotismo del sistema y el alto nivel de corrupción. El joven se fotografía manejando autos modernos, cerca de helicópteros y hasta comiendo en McDonalds; y al igual que el resto de los hijos y nietos de “papá”, pasa sus vacaciones acompañado de la novia en Paris, Londres, Cancún, Punta Cana y Buenos Aires. El muchacho tiene “debilidades capitalistas”, aprobadas por el órgano de justicia que dirige su progenitor, por supuesto. Cuando se conocen estas inmoralidades, que durante mucho tiempo fueron ocultadas al pueblo que vive en penurias, y que ahora gracias a Internet se ha descubierto, a pesar de las limitaciones, se puede afirmar que esta es la dictadura en su máxima expresión. La experiencia de llevar a prisión a 75 disidentes durante la Primavera Negra de 2003 no fue buena, y tuvo un alto costo político para el régimen. Así que si se piensa volver a ese momento sería un gran retroceso en todos los sentidos. No estoy autorizada a hablar en nombre de los disidentes que quedamos en Cuba y pertenecemos a este Grupo, quienes además nos encontramos en un limbo jurídico, pero estoy segura, por la entereza que todos han demostrado, que las amenazas caerán al vacío, porque al interés que tenemos en llevar a nuestro país a la democracia no lo venció nunca ningún peligro, ni siquiera cuando nos dijeron a algunos que nos iban a fusilar. Muy personalmente me atrevería a decirle al señor Rubén Remigio Ferro que está echando fuego donde ya hay candela.

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El régimen cubano y el aumento de las amenazas contra opositores