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LAS TUNAS, Cuba. - Este viernes, la Ley de Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959, que liquidó la propiedad privada de empresas agropecuarias en Cuba cumple 60 años. Firmada en La Plata, Sierra Maestra, por Fidel Castro y su Consejo de Ministros, el artículo No. 1 de esa ley dice: “Se proscribe el latifundio. El máximo de extensión de tierra que podrá poseer una persona natural o jurídica será treinta caballerías. Las tierras propiedad de una persona natural o jurídica que excedan de ese límite serán expropiadas para su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierras.” Pero según contó Antonio Núñez Jiménez, retirados del otrora cuartel general guerrillero los ministros firmantes al atardecer de aquel 17 de mayo, sólo con su escolta y algunos colaboradores, ya de noche y en el bohío que le sirvió de habitación en la intrincada montaña, a la luz de un quinqué, acomodado en su cama, Fidel Castro leyó y releyó la Ley recién aprobada, haciéndole “pequeños ajustes”. Resulta que existían empresas agropecuarias productivas, desarrolladas, “que no deben ser fragmentadas para su distribución a los campesinos”, sino que sean “propiedad de todo el pueblo”, y a estas grandes unidades las llamaremos “Granjas del Pueblo”, dijo Fidel Castro. Han transcurrido 60 años desde que Fidel Castro tomó en sus manos, personalmente, y hasta su muerte, la estatización de la producción agropecuaria en Cuba. Y si el 17 de mayo de 1959 dictó la “Primera Ley de Reforma Agraria”, en la que aun permitía la propiedad sobre 30 caballerías de tierra, tan pronto como el 3 de octubre de 1963 promulgó la “Segunda Ley de Reforma Agraria”, la que en su artículo No. 1 dice: “Se dispone la nacionalización, y por consiguiente la adjudicación al Estado cubano de todas las fincas rústicas con una extensión superior a las sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías) de tierra.” Y… observen que ya en esta segunda ley, los apuntes cuidadosos de Fidel Castro a la luz de un quinqué, llamando “Granjas del Pueblo” a las tierras expropiadas de las que se dijo de “su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierras”, ya no es tal y al destino de la expropiación forzosa se le llama por su nombre: “Adjudicación al Estado”. Hoy Fidel Castro está muerto, pero su Decreto-Ley No. 125, Régimen de propiedad, posesión y herencia de la tierra y bienes agropecuarios, está tan vivo como cuando él lo firmó el 30 de enero de 1991, determinando, incluso, a cuál de los herederos debe adjudicarse esas exiguas cinco caballerías de tierras muerto el propietario. La fábula de la “reforma agraria” en Cuba se derrumbó junto con la quimera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No más tractores, no más petróleo, no más fertilizantes, no más plaguicidas y fungicidas subsidiados, y la tierra confiscada por el castrismo se transformó de campos de cultivos en intrincados matorrales espinosos. Tras el derrumbe de la URSS, desde 1993 y hasta hoy día, el castrismo ha legislado una ristra de decretos-leyes (142/1993, 258/2008, 300/2012 y 358/2018), para mantener en poder del Estado la propiedad de la tierra, permitiendo sólo su usufructo, en lugar de hacer una efectiva reforma agraria entregando en propiedad la tierra a quienes la trabajan. O deseen trabajarla. Esas y otras muchas trabas hacen que cada día son menos los cubanos dedicados a las faenas agropecuarias, forestales y la vida rural, despoblándose el campo cubano de forma acelerada y alarmante. Según fuentes oficiales, hoy sólo el 23% de la población cubana habita en zonas rurales, mientras en 1958, el 58% de los cubanos habitaban en sus fincas, grandes o chicas o en comunidades rurales vinculadas a la producción agropecuaria. Asentamientos poblacionales, incluso creados por el castrismo después de 1959, han desaparecido. Cierto es. Había que hacer una reforma agraria y mejorar las condiciones de vida de la población rural, pero no a coste de transformar el latifundio privado en latifundio de Estado, empeorando la soberanía alimentaria de la población cubana toda. Fuentes del ministerio de la Agricultura informaron que, del 2008 al presente entregaron en usufructo 2.1 millones de hectáreas de tierras ociosas para que agricultores privados las situaran en producción. Pero de esos 2.1 millones de hectáreas de tierras baldías entregadas, no en propiedad sino en usufructo, cientos fueron devueltas por los usufructuarios. En 700 mil hectáreas fue extinguido el uso de los terrenos. Desde 2008 hasta el presente, el ministerio de la Agricultura realizó unos 221 mil contratos de usufructo con agricultores privados. Pero más de 70 mil fueron rescindidos. Según cifras oficiales de septiembre de 2018, ahora hay en Cuba 155 mil usufructuarios cultivando 1.3 millones de hectáreas de tierras abandonadas durante décadas. Pero un usufructuario no es un propietario, luego no un real hacedor de bienes. Y ahora los cubanos estamos cosechando lo bien temprano pronosticado. Justo seis días después de promulgarse la Ley de Reforma Agraria, el 23 de mayo de 1959, el embajador de Estados Unidos en La Habana, Fhilip Wilson Bonsal, remitió un informe al Departamento de Estado donde decía haber recibido en la Embajada a 30 de los 34 representantes de centrales azucareros de su país en Cuba, diciéndoles estas personas sus preocupaciones sobre los efectos de esa Ley, resumidos en seis puntos: Efecto adverso de la Ley sobre la economía. Que su resultado sería la pérdida sustancial de la producción de azúcar. Su preocupación por la compensación conceptuada por la Ley. La inutilidad de emitir cualquier protesta. Temor de pasar de la expropiación a la confiscación total. Los efectos drásticos que esos resultados traerían sobre la legislación azucarera estadounidense. Pero no sólo fueron los estadounidenses quienes nos pusieron sobre la mesa las carencias que la ministra de Comercio Betsy Díaz Velázquez, justo en el 60 aniversario de la Reforma Agraria, nos informó esta semana. En junio de 1959, antes de cumplir un mes la Ley de Reforma Agraria, la Asociación Provincial de Ganaderos de Camagüey declaró: “… rechazo a la actual redacción de la Ley de Reforma Agraria, porque el brusco cambio de sistema económico del país traería aparejada la paralización de la economía con sus consecuencias inmediatas de hambre y miseria. Paralización que jamás podía ser imputada a las clases económicas y sería una inevitable consecuencia de la propia repercusión de la ley acordada”. Bien. Según la ministra de Comercio, demás ministros, el premier Díaz-Canel y el general Raúl Castro, por “dificultades financieras y el difícil acceso a los mercados donde se adquirían regularmente”, tendremos “desabastecimiento” y controladas nuestras compras de aceite, arroz, frijoles, pollo, huevo, leche, salchichas…, debido al “recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a nuestro país”. Luego de esos discursos y esas carencias caben sólo dos preguntas: ¿De qué han servido a Cuba y a los cubanos 60 años de “reforma agraria”? ¿Hasta cuándo, con su politización monopolista, el castrocomunismo mantendrá encadenada la producción agropecuaria en Cuba?

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