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El terror contenido en el artículo 4 de la nueva Constitución cubana

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Acto de repudio en La Habana contra Damas de Blanco (EFE)

LA HABANA, Cuba. – Al leer el proyecto de Constitución que será sometido a votación el 24 de febrero, de pronto me impactó el artículo 4: “La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.

“La traición a la patria es el más grave de los crímenes, y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.”

“El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable.”

“Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en esta Constitución.”

Aprobar un artículo semejante (sobre todo redactado tan ambiguamente) equivaldría a autorizar a cualquiera a atacarnos por expresar nuestra opinión prodemocrática y contraria al régimen. Cualquiera podría agredirnos amparado en la ley. Estaríamos legalizando el crimen y la violencia entre cubanos, amén de acentuar la división de nuestra sociedad.

Inmediatamente vinieron a mi memoria varios de los episodios más lamentables de la historia cubana posterior a 1959. Recordé los masivos y arbitrarios fusilamientos sin juicio o con juicios amañados de los años sesentas, y los actos de repudio de los años 80 promovidos por los CDR, la FMC, la CTC y otras organizaciones políticas y de masas —que no sociedad civil— durante el éxodo de Mariel tras los sucesos de la embajada del Perú. En aquellas ocasiones no era necesario probarles a las víctimas su disensión, homosexualidad, prostitución, proxenetismo ni intención de emigrar. Bastaba la acusación no demostrada de cualquier vecino o colega ambicioso o envidioso para terminar fusilado, encarcelado indefinidamente, apedreado y vejado públicamente o al menos con la fachada manchada de huevazos.

Recordé asimismo las revueltas de los noventas durante el éxodo masivo de los balseros, a comienzos del período especial. Según múltiples testigos, en aquella ocasión las turbas represoras, supuestamente civiles y espontáneas, llevaban la misma ropa (las camisetas del contingente Blas Roca) y las mismas cabillas.

El régimen dictatorial siempre se ha equiparado a la patria, y en este caso equipara el “sí” a la dignidad, al patriotismo, y otros valores. De cara a un referendo popular es habitual hacer campaña, pero esta debe ser honesta. En el caso particular de Cuba, cualquier campaña gubernamental es de hecho deshonesta, pues el gobierno ejerce el control absoluto sobre los medios de comunicación. En adición, se ha descubierto que ETECSA bloquea mensajes con textos alusivos a votar “No”. Además de la fuerte campaña por el “sí”, incluso el discurso oficial lo da por hecho (“cuando aprobemos”, “cuando el pueblo acuda a votar ‘sí’”, “el nuevo proyecto que será aprobado el 24 de febrero”, “el referendo para aprobar la nueva Constitución”, etc.). En el propio título del tabloide (“Constitución de la República de Cuba”, en lugar de “Proyecto de Constitución…”) se evidencia que la propaganda está concebida de tal manera que muchos no se dan cuenta de que el “No” es una opción.

Esto crea en los ciudadanos una sensación de indefensión, de que el resultado está ya decidido y no servirá de nada oponerse. Una parte de esos desencantados piensan abstenerse, ya sea no presentarse a las urnas o entregar la boleta en blanco, porque “el gobierno de todas maneras va a declarar aprobada la nueva Constitución”. Opinan que la dictadura siempre se saldrá con la suya, que “aquí nada va a cambiar”, que no se puede hacer nada para revertir nuestra situación. Otros, por ese mismo motivo, piensan ir a votar “sí”, pero no por convicción, sino por miedo. El gobierno ha magnificado hasta tal punto su capacidad de vigilancia y espionaje, que muchos se lo han creído y piensan que las boletas están marcadas o que hay cámaras ocultas en la cabina de votación. En uno y otro grupo hay también quienes no están interesados en expresar su opinión, sino en pasar desapercibidos hasta lograr la ansiada oportunidad de irse.

Es importante no confundir el referendo con las falsas elecciones. Si bien cada cuatro años es acertado no acudir a las urnas, en el caso de este referendo la abstención es peligrosa, pues sería como firmarle un cheque en blanco a un estafador inescrupuloso. Si regalamos el derecho a expresar nuestra opinión estaríamos dando consentimiento a la represión, dándole luz verde al régimen para agredirnos. Y es que con el artículo 4 se crean las condiciones para que las bandas paramilitares (representativas de lo peor de la sociedad) asesinen impunemente a opositores pacíficos y a cualquier ciudadano digno que no se quede callado.




LGBTI de Villa Clara votarán por el No

(foto del autor)

VILLA CLARA. – En las noches de sábado, en El Mejunje, en el parque de la ciudad de Santa Clara, no se conversa de otro asunto que no sea la reciente exclusión del artículo 68 de la Carta Magna. Los criterios, diversos y encontrados, como la propia población que los esgrime, apuntan todos a un voto contrario a lo que espera el Cenesex de los miembros de la comunidad LGBTI cubana.

“Pusieron a debatir a la gente y al final lo quitaron así, como por arte de magia”, opina Dagnis Romero, vicecoordinadora de TRANSCUBA en Villa Clara. A sus 36 años, esta muchacha trans se siente discriminada y excluida de la constitución cubana. “Ahora me están quitando la posibilidad de formar un hogar. ¿De qué moral van a hablar las iglesias? Dios nos creó a todos por igual. En las noticias te dicen que la comunidad LGBTI vive muy tranquila en este país. Eso es mentira. La misma policía no nos respeta. Que no engañen más al pueblo y digan la verdad”.

Más intransigente y claro respecto a su posición ante el referéndum, Jesús Ernesto, estudiante de medicina de 5to año, está seguro que la comunidad LGBTI votará por el No a la constitución. “Nunca hice hincapié en el tema porque sabía que este país no estaba preparado para eso. Tenemos un atraso cultural muy grande. Estoy en desacuerdo en llevarlo a voto popular. Están condenando la ley, es ilógico. Tienen que entender que la homosexualidad no es una enfermedad”.

Hace algunos días, un grupo de activistas radicados en el municipio de Placetas hicieron circular por las redes sociales su pronunciamiento en claro desacuerdo a la propuesta de llevar a Referéndum el código de familia.

En la proclama refieren que el artículo 82 no satisface las demandas de las poblaciones LGBTI, pues deja fuera del texto constitucional la formulación de matrimonio. Y agregan: “nos encontramos ante un retroceso a los avances logrados que colisionan con los principios de igualdad, libertad, dignidad, no discriminación y justicia social”.

Por su parte, las iglesias se han manifestado públicamente a favor de la medida tomada “por unanimidad” y declaran en las redes sociales que los cristianos votarán por el sí, además de agradecer a “la providencia divina” porque fueron respetados “sus derechos religiosos”.

También Facebook se ha convertido en un hervidero de opiniones en contra de la decisión tomada por la Asamblea. Un usuario que se nombra Esney Rodríguez Leo dejó clara su posición al expresar en un post: “A dios gracias tengo 8 meses fuera y para atrás ni para coger impulsos”. Otro internauta, Lázaro M Benítez apunta: “esa es mi ciudad, valiente, capaz de descarrilar el tren de la ignorancia y el miedo”.  “Yo estudio allá y conozco buena parte de la comunidad LGBTI, estoy seguro de su voto y ese es no”, expone Jancel Moreno.

En la propia página del Cenesex, varios usuarios han respondido a los comentarios de activistas que llaman a votar por el sí a la constitución. Javier Fernández indaga acerca de la modificación: “¿Cómo se puede ser conyugue sino somos el esposo y la esposa? La definición de la palabra conyugue es para un hombre y una mujer (…) ¿O es que también se planea modificar el diccionario?”




¿Qué ofrece a los cubanos la nueva constitución?

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Cubanos esperando entrar a la embajada de Estados Unidos en La Habana para pedir visa. 2016 (Desmond Boylan/AP)

GUANTÁNAMO, Cuba. – La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el texto definitivo de la Constitución que será sometida al voto popular el 24 de febrero del 2019.

Al exponer sus consideraciones sobre el documento, el señor Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado, habló sobre los artículos del Proyecto de Constitución más debatidos por la población, entre ellos el matrimonio igualitario, la edad límite para ocupar el cargo de Presidente de la República, la forma de elección de dicho cargo, la extensión de su período de mandato y la designación del Gobernador provincial, entre otros.

Acerca de la irrevocabilidad del socialismo y el papel del Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad no informó cuántos ciudadanos los cuestionaron, aunque sí ocurrió.

Siguiendo a la fraseología comunista

El señor Homero Acosta Álvarez también hizo hincapié en las presuntas “bondades” de la dictadura cubana y  el carácter democrático del proceso que acaba de concluir.

Para ser honestos, el proceso que acaba de terminar ha tenido un solo  momento democrático, el de la consulta popular, y ha sido una democracia a medias. Porque si bien es cierto que muchos ciudadanos  asistieron a las reuniones y expresaron sus criterios sobre el Proyecto de Constitución, también lo es que las opiniones contrarias a los intereses de los comunistas, que incidían sobre artículos en extremo importantes como los referidos a la irrevocabilidad del socialismo, la imposición del sistema de partido único,  la igualdad ciudadana, la elección del Presidente de la República y los Gobernadores provinciales, no han sido tenidas en cuenta y se desconoce qué método fue el utilizado para evaluar y desestimar tales opiniones.

Democracia a medias porque la redacción del texto del Proyecto de Constitución y del documento definitivo fue hecha por comunistas que excluyeron de un proceso tan importante a  otras fuerzas políticas cubanas y porque la aprobación de ambos documentos fue hecha por la ANPP, una instancia de poder conformada únicamente por comunistas y varios dóciles asalariados del pensamiento oficial, según la frase del argentino del gatillo alegre. En tales condiciones hablar de democracia es un insulto a la inteligencia. Si bastara una sola prueba esta es que la discriminación por razones políticas ha sido ratificada como uno de los fundamentos de la dictadura comunista al no ser incluida como una de las acciones lesivas a la dignidad humana en la nueva Constitución.

En otro momento de su exposición, el señor Homero Acosta Álvarez expresó, refiriéndose al artículo que regula la presunta libertad de prensa existente en Cuba: “No se puede coartar el derecho a la libertad de prensa”. Como razón principal para sostener su criterio adujo el avance incontenible de las tecnologías de la información. Pero si fuera cierto que los comunistas cubanos respetan la libertad de prensa, información y expresión, ¿por qué censuran a los medios de la prensa independiente?, ¿por qué hostigan, discriminan, reprimen y detienen ilegalmente a los periodistas independientes y les roban sus pertenencias?, ¿por qué obstaculizan la libre recepción de las señales de Radio y TV Martí? ¿Por qué detienen a los opositores pacíficos que se expresan públicamente en contra de la dictadura comunista?

Por su parte, en el discurso de clausura del Segundo Período Ordinario de sesiones de la 9na legislatura de la ANPP, el señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, afirmó que el texto constitucional refuerza el papel decisor del pueblo. ¿Realmente es así?

¿Qué le ofrece al soberano la nueva Constitución?

Lo que la nueva Constitución le ofrece al soberano es más de lo mismo porque reafirma la existencia de una dictadura de partido único y la discriminación política. También continúa privándolo del legítimo derecho de participar en el gobierno del país al no permitirle elegir a las personas que deben ocupar los principales cargos del gobierno y el Estado, una flagrante violación del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo articulado, de forma íntegra, debió ser incorporado a la Constitución y no fue así.

Según la nueva Constitución el pueblo cubano no será quien elija al Presidente de la República, ni al del Consejo de Estado, ni al Primer Ministro, ni al Gobernador Provincial, ni al Presidente de las Asambleas Municipales del Poder Popular, ni a los jueces y fiscales de sus respectivos territorios. Al único funcionario de la estructura estatal al que puede elegir el  pueblo es el que menos poder tiene y por tanto nada resuelve ni representa, me refiero al delegado del Poder Popular, un verdadero correveidile del sistema. ¿De qué soberanía hablan los comunistas?

Refiriéndose a quienes propusieron que la elección del Presidente de la República se hiciera directamente, Homero Acosta Álvarez dijo que nuestro pueblo debía defender sin complejos la forma de elección de ese cargo en Cuba porque sólo podía ocuparlo un ciudadano previamente electo como diputado. Añadió que había muchos países en el mundo que no elegían a su presidente directamente, lo cual es una verdad a medias porque en esos países los parlamentos no son monopartidistas sino respetuosos de la pluralidad política y  sus diputados son elegidos directamente por el pueblo en procesos verdaderamente democráticos. El señor Homero ocultó que esos parlamentos, al quedar conformados por diferentes fuerzas políticas, sí representan al pueblo y no a una parte de él como ocurre en Cuba. Tampoco dijo el señor Homero que los diputados cubanos son seleccionados “a dedo” por una comisión de candidatura controlada por el partido comunista y que más de la mitad de los que componen la ANPP ni siquiera son delegados electos en las circunscripciones. Tampoco dijo que muchos de esos diputados llevan veinte años o más en ese puesto sin haber visitado jamás las zonas que dicen representar.

En tales circunstancias es una burla extraordinaria hablar de democracia, respeto a los derechos civiles y políticos y afirmar que el nuevo texto constitucional reafirma el poder decisor del pueblo.




El régimen vuelve a introducir la palabra “comunismo” en borrador de Constitución

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Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamentocubano.cu)

LA HABANA, Cuba. – La referencia al comunismo que había sido eliminada en el primer borrador de la nueva Constitución cubana, cuyo texto final vota hoy la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de la isla, volvió a ser incluida en el proyecto, después de que más de 1.800 cubanos lo solicitaran.

El diputado por Holguín Yusuam Palacios reveló durante las reuniones previas al pleno de este viernes que la palabra comunismo se incluyó en el preámbulo de la Carta Magna bajo la afirmación “solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”, publica hoy el diario estatal Granma.

En la Constitución vigente (1976) el término aparece en el artículo 5, que establece que “el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

Sin embargo, en el primer borrador propuesto quedaba excluida esa referencia final.

Según el diputado Palacios, la inclusión del término “presenta una lectura revolucionaria y coherente con lo que hemos defendido y tenemos que seguir defendiendo”.

Con la reaparición de esta referencia al comunismo y la exclusión del artículo que abría las puertas a las uniones homosexuales al modificar la definición de matrimonio que aparece en la actual Carta Magna, quedan fuera dos de las principales novedades que aparecían inicialmente en el borrador de la nueva Constitución cubana.

Estas dos modificaciones forman parte de las 760 enmiendas al borrador propuesto inicialmente por la Comisión Constitucional que lidera el expresidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Raúl Castro.

Los cambios al texto inicial se introdujeron tras un proceso de consultas populares que duró tres meses y en el que participaron casi nueve millones de cubanos, incluida, por primera vez, la comunidad emigrante.

La Asamblea Nacional comenzó a primera hora de este viernes su segundo y último pleno del año, en el que se votará -y previsiblemente se aprobará por unanimidad- el nuevo texto constitucional.
En la sesión están presentes tanto Raúl Castro, que es diputado por Santiago de Cuba, como , Miguel Díaz-Canel.

Una vez superado el trámite parlamentario, la Constitución será sometida a referendo el próximo 24 de febrero y promulgada en una fecha aún por definir, aunque los diputados propusieron durante sus reuniones de esta semana que se haga el 10 de abril del año que viene.

El borrador de la nueva Constitución cubana no incorpora modificaciones del sistema político, reconoce la propiedad privada y la importancia de la inversión extranjera y establece la figura de primer ministro, entre otros cambios.

(EFE)




Artículo 68: entre alarmas, radicalismos y malas interpretaciones

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Marcha por el orgullo gay en La Habana, en mayo de 2015. (AFP)

LA HABANA, Cuba.- Los juicios encontrados sobre la eliminación o modificación del artículo 68 que abriría la puerta al matrimonio igualitario en la nueva Constitución cubana han calentado las redes. El pronunciamiento del Parlamento cubano emitido por la plataforma Twitter ha generado conclusiones precipitadas sobre la posible exclusión del acápite más debatido durante las consultas populares que concluyeron el pasado 15 de noviembre.

Según el mensaje de la Asamblea, el artículo 68 habría sido separado de la Carta Magna “como forma de respetar todas las opiniones”, una clara referencia a la enconada oposición manifestada por parte de las iglesias cubanas y un segmento importante de la ciudadanía. La modificación del concepto de matrimonio que figura en la Constitución de 1976 como la “unión entre un hombre y una mujer”, continuará siendo analizada por el Parlamento como parte del nuevo código de familia, que habrá de precisar quiénes tienen derecho al matrimonio.

Ante el maremoto de comentarios y conclusiones precipitadas, Mariela Castro —abanderada del activismo en favor del matrimonio igualitario— ha aclarado a través de las redes sociales que no habrá retroceso en el camino hacia una ley matrimonial inclusiva, y subrayó que el tuit emitido por el Parlamento posee un enfoque inapropiado, además de haber mutilado ¿intencionalmente? la propuesta.

La directora del CENESEX corroboró que “la nueva fórmula mantiene la esencia del artículo 68, elimina el binarismo de género y la heteronormatividad con que estaba definido el matrimonio en la Constitución de 1976, e introduce en la nueva propuesta la sustitución de «personas» por «cónyuges», cuestión que mantiene la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a la institución matrimonial”.

Vistos sus argumentos, las recientes alarmas parecen prematuras. Los cubanos dieron por sentado que con la aprobación del artículo 68 quedaría inmediatamente legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando en realidad se trata de insertar un nuevo concepto de unión en la Ley Suprema, que permita reconocer tal derecho en un futuro cercano a través de las disposiciones legales pertinentes.

La nueva propuesta incluye además “las uniones de hecho sin atarlas a género alguno”, explicando que dicha figura es, según estadísticas, “la más usada en nuestra sociedad”. En resumen, la reformulación del artículo 68 continuará siendo analizada por el Parlamento y se prevé que dentro de dos años una disposición transitoria al respecto sea sometida a referéndum independiente.

Mientras tanto, el llamado de la propia Mariela a continuar luchando por la creación de un Código de Familia más avanzado, indica que la iniciativa deberá sortear toda clase de fundamentalismos. Ante el revuelo de las últimas horas sobre la eliminación o modificación del artículo 68, se impone una revisión de todo el esfuerzo realizado por lograr que el colectivo LGBTI+ cubano vea colmada su aspiración de contar con mayores garantías civiles y jurisdiccionales.

El tuit publicado por el Parlamento rezuma hostilidad y malas intenciones. Si bien una parte de la población no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, no hay que olvidar la furibunda campaña impulsada por las iglesias contra una comunidad que no es inferior en números, pero sí en activismo y sagacidad a la hora de hacer causa común.

Contrariamente a lo establecido en la Constitución vigente, los religiosos pudieron hacer proselitismo a placer, promoviendo mensajes homofóbicos entre ciudadanos creyentes y laicos; mientras a la comunidad LGBTI+ no le fue permitido realizar acciones de amplio alcance en favor de sus derechos. Más de veinte iglesias se unieron para enfrentar lo que consideran un enemigo público; en cambio, el activismo en favor del matrimonio igualitario prácticamente se limitó a contraatacar, evidenciando no solo su falta de empoderamiento, autonomía y estrategias efectivas para sensibilizar a la ciudadanía, sino su dependencia casi absoluta de la plataforma estatal.

Históricamente la lucha por los derechos civiles ha demandado altas dosis de esfuerzo, diálogo y constancia; pero es obvio que hay que repensar las vías y maneras de hacer desde ambos puntos de vista, colectivo e individual. La controversia en torno al artículo 68 no supone un retroceso según Mariela; pero sí le resta solidez a la causa y tanto juego con las denominaciones ha adquirido un cariz de manipulación.

Lo que muchos vieron como un sprint, se ha convertido en una maratón que promete ser larga. Habrá que esperar para decidir si el artículo 68 tuvo un propósito noble y cívico desde el principio, o si solo fue un espinoso asunto que el régimen arrojó a sus ciudadanos para que picotearan gustosos, olvidando temas más urgentes para el futuro de la nación.




Mariela Castro responde a Cubanet sobre eliminación del artículo 68

Mariela Castro (Foto EFE)

MIAMI, Estados Unidos. – La diputada y activista por los derechos de la Comunidad LGBTI, Mariela Castro, increpó ayer a un miembro del equipo de periodistas de Cubanet que publicó en la red social Twitter un breve escrito sobre la eliminación del artículo 68 del Proyecto de Constitución.

La réplica de la hija del dictador cubano Raúl Castro fue realizada en la cuenta del periodista Fernando Donate, quien hizo referencia a una publicación de la diputada que calificaba de desafortunado eliminar el artículo sobre matrimonio gay.

Mariela Castro había lamentado públicamente ayer que la Asamblea Nacional de Poder Popular hubiese eliminado del nuevo Proyecto de Constitución el conocido artículo 68, el cual recogía la letra de la ley que, supuestamente, allanaría el camino para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba.

“Desafortunadamente, el mensaje tuiteado por nuestro órgano legislativo mutiló la nueva propuesta y con enfoque no apropiado lanzó al ruedo lo que muchas personas están interpretando como un retroceso”, publicó Mariela en su cuenta en la red social Twitter.

Tras la publicación de Donate, Mariela deslizó en su respuesta la intención del periodista de manipular su publicación, sin embargo, el tuit firmado por el órgano legislativo cubano dejó claro que habría modificaciones.

Captura de pantalla

“La Comisión propone diferir el concepto del matrimonio, es decir, que salga del Proyecto de la Constitución, como forma de respetar todas las opiniones. El matrimonio es una institución social y jurídica”, publicó el legislativo en la tarde de ayer, lo que trajo consigo una avalancha de críticas entre varios sectores que interpretaron el hecho como un freno a los progresos de la Comunidad LGBTI en la Isla.   .




Cuba, los derechos civiles y la reforma constitucional (I)

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Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel (Reuters)

GUANTÁNAMO, Cuba. – Este lunes 10 de diciembre se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Algunos de ellos también fueron regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966 y puesto en vigor el 23 de marzo de 1976.

El gobierno cubano es parte de este importante instrumento jurídico internacional y, de conformidad con los compromisos contraídos con la ONU al ratificar dicho Pacto y con los acuerdos firmados con la Unión Europea, debió haber incorporado hace mucho tiempo su articulado a la legislación nacional, lo cual no ha hecho.

Se esperaba que en el Proyecto de Constitución que fue sometido a debate popular esos artículos quedaran incluidos para sentar las bases de la necesaria transformación política del país, algo que permitiría que esos derechos humanos estén al alcance de todos los cubanos. Sin embargo, una comparación entre ambos documentos demuestra que no ha sido así.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Proyecto de Constitución cubano

En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —en lo adelante PIDCP— se reconoce que: “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal de ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales”.

En Cuba no están creadas las condiciones a que alude el Preámbulo del PIDCP y eso queda demostrado con un simple cotejo de ese documento y el Proyecto de Constitución.

Aunque el Proyecto de Constitución supera —en cuanto a la ampliación de los derechos consignados en él— a la Carta Magna de 1976, eso no provocará una situación garantista de esos derechos si no se realizan profundas transformaciones de nuestro sistema político, algo que no está en las mentes de los gobernantes cubanos. Eso indica que tendremos una nueva Constitución, pero que seguirá siendo formal y vulnerada como hasta ahora ha ocurrido con la vigente, porque en Cuba no existen garantías para el cumplimiento de los derechos civiles y políticos.

El artículo I del PIDCP establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Ese principio del Derecho Internacional aparece en el art. 16, inciso (a), del Proyecto de Constitución, pero la dificultad estriba en que para que se haga realidad entre nosotros, el pueblo debe decidir mediante elecciones auténticas —léase democráticas y multipartidistas— el sistema político que desea, y eso jamás ha ocurrido en Cuba después de 1959, pues se nos ha impuesto un sistema de partido único sin que el Partido Comunista haya sido elegido por el pueblo para ocupar la posición auto asignada. En Cuba el pueblo solo elige a los delegados de cada circunscripción al Poder Popular, personas que carecen de poder real para resolver los problemas de la comunidad. Cuando a las asambleas de elección de candidatos se presentan personas que defienden un proyecto alternativo al castrismo estas son detenidas por la Seguridad del Estado. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) son impuestos por una comisión de candidatura que para nada tiene en cuenta las opiniones de los electores. Dichos diputados son mayoría con respecto a las personas elegidas en la base, casi todos militantes del partido y todos subordinados a él. En tales condiciones no puede hablarse de soberanía popular pues la ANPP está circunscrita a los límites impuestos por los comunistas, quienes han decidido que sea ella la que elija a los más importantes dirigentes del país y tome todas las decisiones trascendentales; es decir, los 605 diputados, que representan el 0.00027% del total de los electores, son los ejecutores de la soberanía nacional, mientras que el 99.99973 % restante no decide nada. ¿De qué libre determinación puede hablarse en Cuba?

El artículo 2 del PIDCP establece la obligación de cada Estado firmante del documento —Cuba lo es— de integrar a su legislación los derechos reconocidos en él. En el primer párrafo de dicho artículo se establece que el reconocimiento de esos derechos a todos los individuos, se hará sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social. En el Proyecto de Constitución no se menciona la discriminación política como lesiva a la dignidad humana pues eso impondría a los castristas la obligación de reconocer el multipartidismo. En tales condiciones resulta una falacia de los dirigentes cubanos proclamar que el Partido Comunista representa a todo el pueblo.

El artículo 3 del PIDCP establece que cada uno de los Estados partes se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo —ante los tribunales— aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. En el Proyecto de Constitución aparece en el art. 94 la posibilidad de reclamar ante los tribunales por esa causa, pero en Cuba el sistema judicial está subordinado al Partido Comunista y las personas son juzgadas según su posición política. Cuando el recurso se establece ante tribunales de esta naturaleza, contra la actuación de funcionarios del Estado, el ciudadano está en una posición desigual. Mientras esta realidad no se subvierta, el derecho a un recurso efectivo ante estos tribunales será otra simple expresión de marketing político.

En cuanto a la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos reconocida en el artículo 3 del documento internacional, aunque el art. 40 del Proyecto de Constitución establece el principio de igualdad y oportunidad de los ciudadanos, en Cuba sólo disfrutan plenamente sus derechos las personas reconocidas como defensoras del proyecto comunista. Todos los demás ciudadanos son discriminados de una forma u otra.

(Primera parte del artículo de Roberto Jesús Quiñones Álvarez. Lea la segunda parte aquí)




Principios incumplidos y presidentes impuestos

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Debate del Proyecto de Constitución. Foto Cubahora

GUANTÁNAMO, Cuba. – El título VI del Proyecto de Constitución regula la nueva estructura del Estado.

El capítulo I, dedicado a los principios de organización y funcionamiento de los órganos del Estado establece, entre otros de la mal llamada “democracia socialista cubana” —democracia no,  dictadura,  y tampoco socialista ni cubana, porque el pueblo carece de poder y el modelo fue copiado de los soviéticos— que todos los órganos representativos del Estado son electivos y renovables, pero en la elección y renovación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE) el pueblo  tiene una participación formal, por no decir nula. ¿Eso cambiará cuando se promulgue la nueva Ley Electoral? Lo dudo.

El párrafo 285 asegura que el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de los diputados, delegados y  funcionarios, pero en 42 años de existencia del sistema de poder popular no conozco una sola acción  dirigida al control de la ANPP ni del CE, ni existe una norma  que defina claramente cómo el pueblo puede hacerlo. ¿Cómo el soberano puede tener una participación real en el control de los órganos de poder si en 42 años ningún diputado ha cuestionado a un ministro, a un miembro del CE  o  a su Presidente? A pesar de los muchos fracasos económicos y errores en ese lapso, jamás  ése órgano ha promovido una moción de censura contra esos dirigentes. Hechos sangrientos como los de Río Canímar, en Matanzas, o el hundimiento del remolcador 13 de marzo, jamás provocaron que los diputados interpelaran a los responsables  ¿De qué control popular sobre el ejecutivo puede hablarse entonces? ¿Se hará una ley complementaria para subsanar esa falta de democracia? También lo dudo.

El párrafo 286  establece que los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento, pero los únicos que rinden cuenta directamente al pueblo son los delegados de circunscripción, convertidos en recaderos con escaso poder de decisión sobre los problemas que nos perjudican. No conozco que un solo diputado  haya rendido cuenta de su actuación a sus electores. Algunos llevan 42 años en la ANPP y jamás han visitado a quienes votaron por ellos.

En cuanto al principio expuesto en el párrafo 288, debería existir una preeminencia de las normas superiores con respecto a las inferiores, pero no pocas veces un funcionario ministerial, provincial o municipal ha desconocido esa jerarquía y hasta violado derechos plasmados en la Constitución de 1976.

Por último, el principio expuesto en el párrafo 290, que establece la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría, tampoco goza de mucha salud en la práctica “democrática” gubernamental cubana y los ejemplos sobran.

Todos estos principios aparecen en la Constitución de 1976. Todos han sido incumplidos.

Dos Presidentes y  un Primer Ministro

Hasta ahora la máxima representación del Estado y el Gobierno ha recaído en el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que siempre ha sido una misma persona. Con la estructura que se propone, el Presidente dela ANNP —el mismo del CE— ha fortalecido aparentemente su poder, pero su relación con el Presidente de la República es inferior, algo que resulta contradictorio si tenemos en cuenta que —según el proyecto— la ANPP es el órgano supremo del poder del Estado. En el proyecto la importancia del Presidente del CE disminuye con relación a la Constitución vigente, aunque seguramente seguirá siendo un miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba que, como sabemos, está por encima de la Constitución, del pueblo y, si pudiera, hasta de Dios.

En cuanto al Presidente de la República será el Jefe del Estado y, según las atribuciones inherentes al cargo, lo representará y determinará su política general, dirigirá la política exterior y las relaciones con otros Estados y la relativa a la seguridad nacional, desempeñará la jefatura suprema de las instituciones armadas, decidirá su organización general y asumirá importantes funciones que en la Constitución vigente estaban atribuidas al Presidente del CE.

El Primer Ministro, según el art. 135 del proyecto, será el Jefe de Gobierno de la República y estará subordinado a la ANPP y al Presidente de la República.

Hasta ahora en Cuba el poder había sido ejercido de forma omnímoda por Fidel Castro Ruz y su hermano Raúl. En vísperas de la desaparición de la generación histórica de la revolución la descentralización del poder que propone el proyecto elimina la posibilidad de que una sola persona vuelva a acumular tanto poder, aunque todo indica que si Miguel Díaz Canel Bermúdez se porta bien —y recuerdo que la frase no es mía sino del General de Ejército— en algún momento podrá ocupar concomitantemente los cargos de Presidente de la República y Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Entonces será el hombre más poderoso del país, aunque sólo por diez años como máximo si se mantiene así en el documento final, pues ha habido ciudadanos que han propuesto que no se ponga límites a los períodos de mandato  a pesar de que se trata de un cargo que no es elegido por el pueblo, lo cual me recuerda esta frase de Abraham Lincoln: “Ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”. Pero el masoquismo político entre nosotros también está “apululu”.

En realidad la elección directa del Presidente de la República carece de sentido en un sistema unipartidista, pues cualquiera que sea el nominado para ese cargo será siempre un comunista y el pueblo carecerá de otros políticos como referentes alternativos a los cuales otorgar su voto.

Así que, quizás muy pronto, en vez de un Presidente tendremos dos. Eso sí, ninguno será elegido por el pueblo sino por un partido que pretende aupar para sí la representación de toda la nación, aunque a una parte de ella la discrimine, persiga y encarcele porque no comparte su ideología.




Eurocámara denuncia falta de libertades en Proyecto de Constitución en Cuba

Eurocámara. Foto EFE

MIAMI, Estados Unidos.- El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves un texto que critica el nuevo proyecto de Constitución en Cuba, y denuncia que este proceso “carece de los elementos de inclusión, tolerancia y respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales que podrían garantizar un proceso constitucional democrático”, informó la agencia de noticias EFE.

La resolución, promovida por las fuerzas conservadoras y liberales del hemiciclo europeo, fue aprobada por 325 votos a favor, 240 en contra y 44 abstenciones.

El texto aprobado en la Eurocámara insta al Gobierno cubano a que redefina su política de derechos humanos adaptándola a la legislación internacional, y reclaman que esa nueva normativa permita, sin imponer restricciones, que toda la sociedad civil y los miembros de la oposición política participen activamente en la vida política y social.

Por otro lado, en la línea de anteriores resoluciones, se “condena enérgicamente la detención arbitraria, la persecución y el acoso, y los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en Cuba”.

Los eurodiputados “lamentan” que “no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia pese a haberse adoptado el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y Cuba que entró en vigor en 2017.

En ese sentido, piden que se cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en dicho acuerdo, en particular en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y recuerdan que si no es así está prevista una cláusula de suspensión.

La resolución en la Eurocámara promovida por los populares, conservadores y liberales europeos llega una semana antes de que se produzca la visita de Pedro Sánchez a la isla, el primer viaje oficial de un presidente del Gobierno español en 32 años.




Figuras públicas internacionales rechazan futura Constitución en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- En una carta promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la Asociación Damas de Blanco, una veintena de políticos, artistas e intelectuales como los escritores Mario Vargas Llosa y Raúl Rivero, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el político español Albert River o el jazzista Paquito D’Rivera rechazaron el nuevo texto constitucional que se prepara en Cuba.

Asimismo, denunciaron que la Carta Magna que propone el régimen “no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación”.

El documento, firmado también por líderes de la sociedad civil cubana sostiene que el anteproyecto actualmente en discusión “no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana”, y pide a gobiernos democráticos, organizaciones internacionales, partidos y ciudadanos de bien de todo el mundo “continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia”.

Por otro lado, los firmantes cuestionan que la reforma constitucional haya sido diseñada “exclusivamente por el Partido Comunista”, por lo que “solo responde a su voluntad e intereses”.

“Agradecemos a todos los firmantes su compromiso con los valores democráticos. La reforma constitucional, a día de hoy, no satisface las más elementales normas democráticas, ni protege los derechos fundamentales. Es una urgencia que el Gobierno escuche el clamor de los cubanos y de la comunidad internacional”, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

 

A continuación, los firmantes de la declaración del OCDH:

 

Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos (España)

Alfonso Armada, presidente de Reporteros sin Fronteras en España (España)

Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba (Cuba)

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Antonio Elorza Domínguez, profesor emérito de la UCM (España)

Berta Soler, representante de las Damas de Blanco (Cuba)

Blanca Reyes, Dama de Blanco (Cuba)

Christophe Deloire, secretario general de RSF Internacional (Francia)

Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (Cuba)

Erik Jennische, Programme Director for Latin America at Civil Rights Defender (Suecia)

Fernando Maura, abogado, escritor y diputado del Partido Ciudadanos (España)

Guillermo Fariñas, Premio Andrei Sajarov y coordinador general del FANTU.

Iván Hernández, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y exprisionero político (Cuba)

Jaime Trobo, diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes (Uruguay)

Javier El-Hage, director jurídico de Human Right Foundation

Javier Nart, abogado y eurodiputado del Partido Ciudadanos (España)

José Conrado Rodríguez, sacerdote católico (Cuba)

José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba y exprisionero político (Cuba)

Juan Carlos Latorre, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (Chile)

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 (Perú)

Marlene Azor, socióloga y activista de derechos humanos (Cuba)

Paquito D’ Rivera, músico y compositor (Cuba)

Raúl Rivero, periodista, poeta y exprisionero político (Cuba)

Rosa Montero, periodista y escritora (España)

Teófilo de Luis, diputado del Partido Popular (España)

Thor Halvorssen, presidente de Human Right Foundation (EEUU)