MIAMI, Estados Unidos. — Este miércoles se desarrolló en La Habana el primer día del juicio contra 15 manifestantes de las protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio (11J) en la capital, quienes enfrentan peticiones fiscales de hasta 13 años de cárcel.

Según dijo a Radio Televisión Martí Orlando Ramírez, padrastro del manifestante Jonathan Torres Farrat, durante la primera jornada de vista oral un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) —cuya identidad se desconoce— aseguró que escuchó disparos en las protestas ocurridas en el municipio de Diez de Octubre.

Ramírez, que estuvo presente en el juicio, dijo a ese medio que el oficial de la PNR aceptó que él no tenía armas, pero que escuchó disparos en las manifestaciones.

“Le preguntaron que si sabía quién tenía arma y él dijo que no sabía, ni que tampoco podía estar atento a quién tenía una pistola o no, solo que la orden que tenía era no usar armas”, declaró el padrastro de Farrat.

Los manifestantes imputados en el juicio son Maykel Arnaldo Reyes Álvarez, Andro Ledesma Prieto, Omar Bravo Cruzata, Luis Daniel Carrillo Urquiola, Kevin Lázaro Pimentel Oduardo, Dayana Camejo Ramos, Kevin Edward Charles Matos, Ernesto Briera Sempé, Hansel Felipe Arbolay Prim, Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban, Alejandro Flores Rubio, Yuniel Blanco Jiménez, Richard Jorge Hierrezuelo, Rudyels Ulloa López y Jonathan Torres Farrat. En el caso de este última, enfrentaba una petición fiscal de año años de cárcel.

El reporte de Radio y Televisión Martí añade que la activista Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan, también estuvo presente en la vista oral, pero que se negó a declarar ante las autoridades judiciales.

“Me preguntaron nada más que mi nombre, mi apellido y la edad que tenía y que si conocía algún acusado. Les dije que yo era la madre de Jonathan Torres Farrat y que me abstenía a declarar”, explicó la mujer.

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MIAMI, Estados Unidos. — Las madres y esposas de varios presos políticos cubanos rechazaron cualquier ayuda humanitaria que no venga acompañada de pronunciamientos en favor de la libertad de sus hijos.

La iniciativa es liderada por Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, quien cumple una condena de seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J en Camagüey.

“Al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea, a los países que han dado apoyo a la dictadura cubana. Nosotros no queremos alimentos. Nosotros no queremos electricidad. Nosotros no queremos migajas. Nosotros exigimos, por favor, que nos ayuden a la excarcelación de nuestros hijos. Que nuestros hijos queden en libertad. Que a todos los presos políticos se les libere, se les libere ya”, expresó la mujer.

El reclamo fue secundado por Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla; Liset Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca; y por Yenisey Taboada, madre del prisionero político del 11J Duanny Dabel León Taboada.

“Nosotros no queremos dinero; no queremos comida; no queremos alimentos. Lo que queremos es que se libere a nuestros esposos e hijos”, señaló Saily Nuñez Pérez.

Para estas madres y esposas, resulta inconcebible que la comunidad internacional brinde ayuda al régimen cubano y no tenga en cuenta lo que ocurre al interior de las cárceles con los presos políticos y conciencia.

En el caso de Ailex Marcano, denunció la situación de su hijo, quien se encuentra plantado y en celda de aislamiento. La madre dijo no saber nada de Ángel Jesús Véliz Marcano, quien, asegura, fue injustamente encarcelado.

En una situación similar se encuentra Liset Fonseca, quien sostuvo que las madres y esposas del 11J necesitan apoyo y acompañamiento en sus causas.

“Le pido, le ruego a la comunidad internacional, al gobierno de Estados Unidos, que nos ayuden para que nuestros hijos sean libres, para una Cuba libre. No necesitamos dinero, no necesitamos ayuda material. Lo que necesitamos es dejar de sufrir”, indicó Liset Fonseca.

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MIAMI, Estados Unidos. — Las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) no solo estremecieron las calles de Cuba, sino que también consolidaron las ansias de libertad entre los cubanos dentro y fuera de la Isla. Fe de ello dieron a CubaNet varias mujeres cubanas radicadas en Europa que desde hace varios meses apoyan con su activismo a las víctimas de la represión.

Todas las madres entrevistadas por este diario admiten que, aunque eran conscientes de la realidad que se vivía en la Isla, el 11J marcó un antes y un después.

“Llevamos muchos años viviendo con mucho dolor el sufrimiento del pueblo de Cuba”, aseguró Idalmis, radicada en Barcelona (España).

Para esta mujer, no solo es necesario solidarizarse con los activistas y con los presos al interior de la Isla, sino también desmontar el mito del socialismo cubano en el viejo continente.

“Uno de nuestros objetivos es desmontar ese mito de la dictadura cubana de que el problema de Cuba es el bloqueo, cuando sabemos que el único bloqueo que tiene Cuba es el Partido Comunista”, afirmó Idalmis.

Otro de los bastiones de solidaridad está en Italia. Allí radican “Las guerreras”, madres en su mayoría trabajadores que, sin mayor interés que el de ver a Cuba libre, apoyan la causa de los presos políticos y sus familiares.

“Nos fuimos juntando y formamos el grupo de las guerreras. No es sencillo, porque todas tenemos nuestras responsabilidades, pero es lo que hacemos: guerrear, guerrear y guerrear, y darle duro a esa dictadura”, expresó Kenia Rodríguez, quien reside en la península itálica desde hace más de dos décadas.

Kenia, Yoli, Dayairis y otras valiosas mujeres integran el grupo de “Las Guerreras”. Aseguran no solo apoyar a través del activismo en las redes sociales, sino también tomando las calles en cada una de las movilizaciones que se realizan en el viejo continente en favor de la libertad de Cuba.

“Tenemos el deseo de ayudar a nuestro pueblo. Y hablamos mucho con los italianos para mostrarles la verdadera realidad de Cuba. Y no vamos a parar. Esto es solo el inicio”, explicó Yoli, quien también admitió haber tomado mayor conciencia de la realidad de la Isla a partir de las protestas del 11J.

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MIAMI, Estados Unidos. — Yosvany Rosell García Caso, manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) en la provincia de Holguín, fue golpeado en prisión y trasladado a una celda de castigo por vestir de blanco durante el primer aniversario de las protestas antigubernamentales.

La denuncia, aparecida el pasado lunes en la página Presos Políticos De Cuba fue confirmada a CubaNet por su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez. La mujer aseguró a este diario que hasta la fecha no sabe nada de él.

“Hoy, jueves, todavía no sé nada de él, aunque él me llama nada más los sábados. Yo estoy muy preocupada”, declaró Rodríguez Sánchez.

La esposa del recluso dijo, además, haber recibido diferentes versiones de lo sucedido a su esposo en prisión.

“Luego me dicen que mi esposo fue golpeado no el día 11, sino el 10, para que no se vistiera de blanco ese día, porque ya él había dicho que lo iba a hacer. Ahora me dirijo a la prisión a ver qué respuesta me dan, porque yo hace días que no duermo”.

Yosvany Rosell García Caso enfrentó la mayor petición fiscal (30 años de prisión) entre todos los manifestantes del 11J que fueron procesados. Fue condenado a 20 años de prisión por el delito de sedición, una sanción que quedó finalmente en 15 años tras la apelación.

Herrero de 33 años y padre de tres menores de edad, García Caso ya ha protagonizó una huelga el pasado mes de junio en protesta por la violación de sus derechos. Tres meses antes, en marzo, el preso político hizo circular un audio en el que desmintió el discurso del régimen cubano sobre la naturaleza de las protestas del 11J.

“Yo en lo más mínimo me arrepiento de nada. ¿Cómo voy a arrepentirme de querer ver a mi país libre de una dictadura comunista que nos tiene sumergidos por más de 60 años en extrema miseria y violando todos nuestros derechos humanos?”, se cuestionó García Caso.

A inicios de 2022, el preso político holguinero también mantuvo una huelga de hambre por nueve días para denunciar las injusticias cometidas por las autoridades en torno a su caso.

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MIAMI, Estados Unidos. — Las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores registradas en Cuba desde 1959, desataron una persecución feroz del régimen de la Isla contra los cubanos que protagonizaron aquella histórica jornada.

A lo largo de los últimos 12 meses, varias organizaciones independientes han documentado las detenciones y encarcelamientos de miles de personas, en su mayoría manifestantes pacíficos que salieron a las calles a exigir libertad y derechos y que pasaron del anonimato a convertirse en enemigos públicos de la maquinaria represiva del castrismo.

En el informe Un año sin justicia Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J —presentado el pasado jueves —, la ONG Cubalex y el grupo de trabajo Justicia 11J dan cuenta del número total de manifestantes que fueron detenidos. Se trata de la investigación más profunda realizada en la Isla sobre las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021, contrastada, además, con el testimonio de los presos y sus familiares.

El reporte también compara las cifras documentadas con las estadísticas y declaraciones oficiales del régimen cubano, que desde entonces ha intentado reducir las multitudinarias protestas a simples disturbios cuyos protagonistas atentaron contra la integridad del Estado y la Revolución.

Detenciones del 11J: ¿Cuál es la cifra exacta?

El informe de Cubalex y Justicia 11J señala que unas 1 484 personas fueron detenidas a raíz de las protestas de julio de 2021. La persecución de las autoridades cubanos no solo se limitó a encarcelar a muchos de los manifestantes que tomaron las calles, sino también a personas que apenas se limitaron a grabar lo sucedido a través de las redes sociales.

Cabe señalar que de las 1 484 detenciones registradas ambas organizaciones pudieron verificar 1 297, un trabajo entorpecido en muchos casos por la presión de las autoridades sobre cientos de manifestantes y sus familiares.

El documento especifica que 1 259 personas detenidas se reconocen como hombres y 218 como mujeres. La identidad de género de otros siete es desconocida o no binaria.

Destacan entre las cifras del 11J la detención de al menos 57 menores de edad, así como el carácter eminentemente popular de las protestas, pues el 93% de las personas que fueron detenidas (1 381) no pertenecía a ninguna organización política.

Llama la atención, además, la masividad de la represión, que no distinguió entre adultos y menores de edad a la hora de ajustar cuentas a los manifestantes. Las cifras indican que los jóvenes llevaron la voz cantante en las protestas, con al menos 556 detenidos entre los 21 y 35 años. Se calcula, además, que 166 manifestantes tenían entre 12 y 20 años cuando fueron conducidos por las autoridades, mientras que otros 356 fueron ubicados en el grupo entre 36 y 75 años.

Con relación al color de la piel, el informe de Cubalex y Justicia 11J indica que se ha logrado documentar la información relativa a 964 detenidos: 553 de piel blanca y 411 de piel negra o mestiza.

Esas organizaciones especifican que la mayor parte de las detenciones ocurrieron el propio domingo 11 de julio, con un total de 542. El resto de los manifestantes fueron detenidos con posterioridad, luego de ser identificados en los interrogatorios realizados a otras personas detenidas o a través de videos y fotografías.

Un estallido nacional

Aunque el régimen cubano ha intentado mostrar ante la opinión pública que las protestas del 11J no fueron más que disturbios aislados en algunos territorios, las cifras de detenidos por provincias indican todo lo contrario.

La mayor cantidad de personas detenidas se registró en La Habana (502). A la capital le siguieron Santiago de Cuba (187), Matanzas (154), Artemisa (126) y Mayabeque (110).

La mayor cantidad de detenciones de menores de 18 años también se registró en La Habana (23), con réplicas en Matanzas (7), Holguín (6), Granma (4), Santiago de Cuba (4), Artemisa (4), Camagüey (3), Mayabeque (2), Guantánamo (2), Sancti Spíritus (1) y Villa Clara (1).

El cerco constante de la policía política contra integrantes de diferentes organizaciones políticas no impidió que activistas y opositores también resultaran detenidos durante y después de las protestas. Entre las organizaciones con integrantes detenidos figuran la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuba Decide, ambas con 15, el Partido Autónomo Pinero (12), el Movimiento de Opositores por una Nueva República (9), las Damas de Blanco (6) y el 27N (5).

Presos del 11J

Si elevada es la cifra de personas que resultaron detenidas durante las protestas del pasado año, también lo es la de manifestantes continúan privados de libertad.

El informe de Cubalex y Justicia 11J reseña que permanecen detenidos 701 personas y que han sido verificados 658 de esos casos.

De los 701 detenidos, 505 cumplen sanciones de privación de libertad o trabajo correccional con internamiento, mientras que continúan en prisión provisional 196 manifestantes.

Del total de personas detenidos cuyos casos han sido verificados, 632 son hombres, 64 son mujeres y se reportan cinco casos con identidad de género desconocida o no binaria.

Entre los presos verificados hay 231 personas de piel blanca, 208 personas negras o mestizas y otras 262 cuyo perfil racial se desconoce.

El documento añade que las edades de las personas aún detenidas oscilan entre los 12 y los 68 años.

Todo el peso de la injusticia

La investigación de Cubalex y Justicia 11J también hace un aparte para los 622 detenidos que ya han sido procesados. De esa cifra se han logrado documentar 584 sentencias correspondientes a casos de personas de entre 16 y 18 años de edad.

El informe especifica que los cargos más presentados por la fiscalía contra los manifestantes han sido desórdenes públicos (626), desacato (369), atentado (345), sedición (169) e instigación a delinquir (119).

El pasado 13 de junio, la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que los tribunales de la Isla han emitido un total de 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas del 11J. La nota señalaba que 297 sancionados (78%) recibieron penas de hasta 25 años de prisión.

Según la FGR, desde enero se han procesado a 790 personas, de las cuales 55 tenían entre 16 y 17 años. Mientras, el Tribunal Supremo de Cuba asegura que ha primado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas.

La información difundida por el régimen cubano sobre los procesos penales contra los procesados ha sido cuestionada por organizaciones independientes, así como por familiares y personas allegadas a los condenados, quienes han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.

Excarcelados, liberados y absueltos

Hasta el 1ro de julio de 2022, se conocía la situación procesal de 703 manifestantes, incluidos algunos que en su momento fueron detenidos y cuyos casos fueron resueltos o archivados.

De acuerdo con Cubalex y Justicia 11J, hasta esa fecha 43 personas cumplían sentencias de trabajo correccional sin internamiento, 36 se encontraban bajo reclusión domiciliaria, 90 se encontraban en libertad bajo fianza, tres se encontraban con obligación contraída en acta, 99 estaban sin medida de aseguramiento, tres habían sido absueltos y 125 habían recibido multas.

 

Nota: Para la realización de este trabajo se utilizaron cifras recogidas, verificadas y contrastadas en el informe Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J, publicado por Cubalex y Justicia 11J.

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LA HABANA, Cuba. — En el centro penitenciario de máximo rigor Kilo 5 ½, ubicado en la autopista Este-Oeste, en la occidental provincia Pinar del Río, se encuentra prisionero el manifestante del 11J Yeremin Salsines Janes.

Salsines Janes tiene 32 años y reside en la cabecera provincial de Artemisa. A través de su esposa, hemos podido conocer que mientras participaba en las masivas protestas populares del 11 de julio de 2021 fue golpeado, le partieron la cabeza, y, aunque sangraba profusamente, no le ofrecieron asistencia médica hasta el día siguiente.

La joven indica que tras ser arrestado violentamente, el manifestante fue conducido inicialmente a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Artemisa. En horas de la noche lo trasladaron para el centro de detención conocido como el Técnico de Cuatro Caminos, en Guanajay. Enfatiza también que durante más de 30 días no le permitieron verlo. Solamente después de que presentó un habeas corpus exigiendo fe de vida la dejaron entrevistarse con él durante apenas cinco minutos. Recalca que en ese encuentro pudo observar que Yeremin presentaba señales de haber sido golpeado.

Del Técnico de Cuatro Caminos fue trasladado para la cárcel de máximo rigor de Guanajay, donde junto con un grupo de otros manifestantes participó en una huelga de hambre en apoyo a la marcha convocada para el 15 de noviembre de 2021. Como represalia, los huelguistas fueron esposados y luego golpeados.

Yeremin Salsines Janes estuvo cautivo en esa instalación carcelaria hasta principios de julio, cuando, junto con otros tres manifestantes, fue trasladado sin previo aviso para la cárcel de Kilo 5 ½, lo cual viola el Reglamento de Cárceles y Prisiones. Fue acusado de atentado, desacato y desórdenes públicos y condenado a 14 años de cárcel.

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MIAMI, Estados Unidos. — La cárcel de Valle Grande, ubicada en el oeste de La Habana, sigue siendo objeto de críticas por parte de numerosos reclusos, entre ellos manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 (11J).

Uno de los denunciantes es José Eduardo Jardines Rodríguez, condenado a siete años de cárcel por su participación en el estallido popular del verano pasado.

Jardines Rodríguez, de 39 años, es carpintero y reside en el barrio El Palenque, en el municipio de La Lisa. Señala que fue arrestado el 15 de julio de 2021 mientras se encontraba en el domicilio de su esposa en Marianao. Según su relato, los represores entraron a la vivienda por la fuerza por el patio y también lo empujaron y lo golpearon para meterlo en el auto patrulla.

Tras ser arrestado, fue conducido a la Unidad de Policía de San Agustín. Luego fue trasladado a la 5ª Unidad de Policía de Playa, donde lo mantuvieron por dos semanas hasta que, finalmente, lo encerraron en la cárcel de Valle Grande.

El juicio contra Jardines Rodríguez fue celebrado el 18 de abril del presente año en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre. La petición fiscal en su contra era de 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y asociación para delinquir. Finalmente, recibió una condena conjunta de siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.

Tanto Jardines Rodríguez como el preso político Walfrido Rodríguez Piloto protagonizaron a mediados de mayo una huelga de hambre en protesta por las excesivas e inmerecidas condenas recibidas como represalia por su participación en el estallido popular del 11J.

Ambos reclusos han denunciado las precarias condiciones de la prisión, la pésima calidad de los alimentos, la ausencia de higiene y la falta de atención médica.

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