LA HABANA, Cuba, septiembre, 173.203.82.38 -Quienes viven o vivieron cerca del reparto Kholy, en el municipio habanero de Playa, recordarán aún cómo refulgía -igual que un cocuyo en el monte oscuro- el llamado Edificio de los Generales, durante las insufribles noches del Período Especial.

Era un espectáculo sumamente ofensivo para la población, sobre el cual llovían los comentarios, bien en tono sarcástico o de repulsión o de vergüenza ajena. Sin embargo, ni los generales u otros magnates que ostentaban aquel privilegio tan burdo, ni tampoco los ideólogos del régimen, quisieron darse jamás por enterados.

Ya sabemos que los militares (cualquiera diría que está previsto en sus reglamentos) son dados a las vertientes más desvergonzadas del privilegio, y además lo hacen de la manera más fresca, como quien cumple un mandato divino. Según la jerarquía y el grado, se distribuyen las prerrogativas, sin el menor escrúpulo por parte de los de arriba, ni el más mínimo disgusto de los de abajo.

Ni siquiera porque son los soldados quienes engrosan las listas de muertos en las guerras, se salvan de ser tratados por sus jefes como meras cucarachas. Es algo que parece haber sido siempre así, desde que existen los ejércitos, y quizá por eso ya casi nadie tiende a verlo como lo que es: una bochornosa anomalía.

Claro que más anormal y bochornoso se torna el asunto cuando los militares intentan imponer sus prácticas y rangos de privilegio en la vida civil. Pues, en tales casos, le aplican a toda la ciudadanía el mismo tratamiento que a sus soldados.

Entre un país dominado completamente por los militares y ese engendro malévolo al que llaman un Estado Mafioso, existen muy pocas diferencias, si es que hay alguna. De hecho, el militarismo es el más común sustento de un Estado Mafioso, cuyas características, como se conoce, son el control absoluto de la economía, por élites corruptas y criminales, que disponen de toda la fuerza para imponer leyes y para promover y defender sus intereses particulares.

Huelga aclarar que es justo lo que está ocurriendo en Cuba en este momento. Siempre existió aquí esa tendencia, pero nunca antes fue tan visible ni atropelladora. Tampoco habíamos podido notar tan claramente, en años atrás, esa especie de repartición del poder que hoy apreciamos entre las élites del régimen. Y ante tal repartición, nadie que tenga ojos en la cara puede pasar por el alto que a los cogotudos de las FAR y del Ministerio del Interior les ha tocado el monopolio de las riquezas, tal vez porque también les toca el trabajo sucio de la represión.

Si hace unos veinte años era motivo de escándalo público que un edificio de magnates permaneciera iluminado en medio de las oscuras noches de La Habana, ¿qué podría decirse hoy de la manera insolente en que los militares, luego de haberse apoderado de las más jugosas fuentes de ingreso en el turismo, luego de copar en absoluto el polo turísitco de Varadero, prohíben a los trabajadores por cuenta propia de la zona que ni siquiera se arrimen por aquellos lares con los menudos servicios que les permiten dar de comer a la familia?

Si hace ya dos décadas, el edificio de los (iluminados) generales de Playa restallaba como un látigo en los ánimos de nuestra gente de a pie, ¿cómo no estarán restallando los hermosos y sofisticados edificios que hoy se construyen en diferentes zonas de La Habana, para entregar, gratis y totalmente amueblados, a coroneles y otros oficiales de las fuerzas armadas, mientras las casas en ruinas de los ciudadanos comunes se derrumban sobre sus cabezas, o mientras tienen que inventarla en el aire buscando los materiales imprescindibles para remendar sus tugurios, sin disponer de dinero ni de dónde sacarlo?

Ahora mismo, frente a La Macumba, la más famosa discoteca habanera, ubicada en el municipio de La Lisa, acaban de inaugurar uno de esos edificios (calle 222 y avenida 37). Muy cerca están los humildes, feos y descarados edificios del que llaman Reparto de los Científicos, pues allí viven muchos especialistas y empleados del Polo Científico. Y ocurre que esos profesionales se quejaron durante años por el escándalo procedente de la discoteca, que permanecía abierta durante toda noche. Ellos pedían que al menos redujeran sus horarios de funcionamiento. Pero nunca consiguieron que las demandas prosperasen. Sin embargo, apenas los coroneles tomaron posesión de la zona, a La Macumba le fue impuesto silencio y paz, la paz de los sepulcros. Ya está clausurada.

Es lo dicho: Lo que más sobrecoge del modo en que los militares ejercen su poder sobre la vida civil, no es sólo que lo ejerzan a la brava, no es sólo que hagan uso y abuso de ese poder para enriquecerse y ostentar sus privilegios con la mayor naturalidad. También (y quizá mucho más) sobrecoge ver que tratan a todos los ciudadanos del país como si fuéramos reclutas de la quinta fila.

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LA HABANA, Cuba, mayo, 173.203.82.38 – Talía González , periodista de la Televisión Cubana presentó el pasado día 8 de mayo un nuevo capítulo de su serie de ataques contra los trabajadores por cuenta propia, a quienes tilda de oportunistas revendedores. Como en este país muy poco de lo que dice la prensa es casual, me inclino a pensar que la reportera está cumpliendo una encomienda del gobierno, para justificar la ola represiva que se ha iniciado contra estos comerciantes.

En su trabajo, Talía entrevista a una persona a quien le han revendido un artículo, y cuenta: “Llegué y había mucha cola para comprarlo, regresé al siguiente día y se había acabado en la tienda, alguien por fuera me lo vendió a mayor precio”. Entrevistó también a otra persona, a quien pretendió adjudicar el mismo título sin corresponderle: “Fui a la Comisionista (comercio del Estado que vende artículos de producción nacional en moneda nacional) y no había brochas de pintura, acudí a las tiendas shopping, y los precios eran excesivamente caros –entonces, concluyó, sugerido por la periodista-, tendré que acudir a los cuentapropistas”.

Revendedores hay, sin duda, sobre todo en sectores de mucha demanda y deficiente oferta, como la de materiales de construcción, pero éstos no son la esencia del problema.

Si todo el problema fueran los revendedores, bastaba con someter los precios de los productos a las leyes del mercado de oferta–demanda, y asunto concluido. Pero el problema es mucho mayor y más complejo. Ha sido sembrado durante años de falta de voluntad política, a la que se añadió una mezcla de mala intención y veleidad administrativa, por parte del gobierno.

Las tiendas estatales, que supuestamente venden a precios más bajos, son las conocidas en la población por su antiguo nombre de Comisionistas. Pero sus precios son draconianos. Por ejemplo: las brochas en cuestión suelen oscilar entre 30 y 125 pesos, según su tamaño, equivalente a la paga de quince días de labor de un trabajador. Y las tiendas shopping, que venden en dólares, son el doble de caras, a pesar de que los productos no tienen mejor calidad.

A los cuentapropistas, por su parte, no se les abastece al por mayor ni se les ofrece otras posibilidades de abastecimiento, como es usual en el mundo. En su lugar, les obligan a adquirir los insumos en las tiendas anteriores, y a elaborar los productos y luego venderlos a sus colegas, para el expendio al detalle, lo cual les sitúa en una posición muy desventajosa. Los gerentes y empleados de las fábricas se apropian de una parte de la producción, que desvían a cuentapropistas, convirtiéndose en la práctica en su almacén mayorista.

De tal manera, los vendedores particulares hacen posible y rentable su función. Y su espíritu emprendedor los convierte en más eficientes: están más cerca del consumidor, tienen mejor surtido y a precios mejores (más altos en los momentos en que el producto referente escasea en esas tiendas, pero no porque los haya acaparado para revender). Ellos representan una especie de rectificación al desastre estatal.

El origen del problema está en el abuso extremo con la paga de los trabajadores por parte del gobierno. Éstos ganan, como promedio, la décima parte de lo que precisan para cubrir sus necesidades básicas, y se ven compulsados a robar como único modo de subsistir. La malversación se ha convertido en el principal incentivo para los trabajadores en Cuba. Donde no se pueda robar no tiene sentido trabajar.

El asunto ha tomado tal relieve, y hay tanta gente involucrada, que cuando se compra un producto en una tienda estatal nunca se sabe si es realmente del establecimiento o de cualquiera de sus empleados en particular; si es de fabricación industrial o hecho artesanalmente con materiales robados.

Este marasmo de ilegalidad suele servir al gobierno de cierta manera, por paradójico que parezca, ya que, al delinquir, los cuentapropistas se hacen vulnerables y, por tanto, se saben en las manos de las autoridades, que pueden acabar con ellos cuando quieran. Si el gobierno quiere eliminar un cuentapropista, le basta con pararse frente a su tarima e indagar por la procedencia de su mercancía.