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LA HABANA, Cuba.- Una vez más, los señores Lenier González Mederos y Roberto Veiga González se las han arreglado para sorprendernos. El pasado 12 de julio suscribieron de manera conjunta un documento de título inesperado: “¿Tenemos derecho a trabajar por Cuba?” La insólita pregunta podrá sorprender a quienes no conozcan la trayectoria de ese dúo de compatriotas. Aunque ella ha estado todo el tiempo a la vista pública: hasta 2014, en la revista católica Espacio Laical; a partir de ese año (cuando el discutido cardenal Jaime Ortega dejó de arroparlos), en Cuba Posible. Quien acceda a este último sitio web, podrá informarse sobre las exóticas creaciones intelectuales de esos personajes y sus amigos. Entre ellas, en mi opinión, descuella el concepto de “oposición leal”. Contra lo que podría esperar cualquier persona razonable, esa idea no fue concebida para ―digamos― Inglaterra o la fraterna Costa Rica, sino para la Cuba de los hermanos Castro. Con antecedentes doctrinales como ese, no debe llamarnos la atención que el binomio Veiga-González, para laborar por su país, le pida permiso al régimen de firme vocación totalitaria que impera en nuestra Patria (al cual ambos, en castiza neolengua castrista, siguen llamando “Revolución”). Los dos integrantes de esta especie de yunta reservaron lo más creativo de su nuevo escrito para el final. Allí ellos solicitan a “la Fiscalía General de la República que inicie un proceso de instrucción” contra ambos. Como si les pareciera poco, piden también “a todas las personas de buena voluntad que exijan a la Fiscalía la apertura inmediata de dicho proceso”. Truculencias aparte, el solo enunciado de esa petición demuestra de modo irrefutable lo mal que andan las cosas por estos lares: En Cuba, dos súbditos “leales” (de quienes ni siquiera está bien claro que se autocalifiquen como “opositores”) tienen que lamentarse de “la ausencia de mecanismos, instituciones y autoridades establecidas para dirimir definitivamente la legitimidad de posiciones ciudadanas no oficiales”. Ambos parten de una base: Cuando alguien asume posturas que no son las del gobierno, es necesario que alguna “institución” o “autoridad” dictamine si su actitud es o no legítima. Veiga y González ―pues― están conscientes de no vivir en un país libre. En los que sí lo son, sólo a un loco se le ocurriría que un burócrata defina si una persona tiene o no derecho a discrepar (o a decir “pero”, que es lo que a veces hacen ellos dos). Paso a otra faceta de la cuestión: Se supone que los medios de represión criminal sean el último recurso de un Estado para enfrentar conductas contrarias a derecho. No ha sido así en los países de marxismo-leninismo y partido único. En éstos, los procesos penales, las cárceles, y aun los paredones de fusilamiento, han constituido medios habituales para lidiar con quien disiente. Y a veces hasta para enfrentar infracciones leves y muy distantes de la política. En los tiempos de apogeo del castrismo, el flamante “Gobierno Revolucionario” creó la figura delictiva de la “prestación deficiente de servicios”. O sea: que si en un restaurante italiano le servían a usted una pizza quemada, el curso de acción correcto era dirigirse a la estación de policía más cercana, a fin de formular la correspondiente denuncia… Con esa exacerbación de la represión criminal, no deben causar asombro la actual petición de Veiga-González, ni la gran difusión alcanzada por la chivatería. Como en otros países del “socialismo real”, en Cuba la delación del prójimo adquirió ribetes de deporte nacional. En ese contexto, Roberto y Lenier han alcanzado el cénit. Cada uno de ellos puede ahora decir: “He formulado una denuncia contra mí mismo”. Conozco de manera directa la actividad de los órganos represivos del castrismo. Primero, por mis lustros de ejercicio como abogado defensor; después, como “no persona” enjuiciada y encarcelada. Así que puedo informar a los autodenunciantes algo que quizás no esté bien claro para ellos. Pensar que un fiscal cubano de hoy pueda actuar con estricto apego a la ciencia del derecho, es tener la cabeza en las nubes. Lo que prima en su actuación es la política. La misma Constitución establece que la Fiscalía esté “subordinada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”. Y los funcionarios de aquel órgano cumplen gustosamente ese mandato supremo. Del mismo modo que un perro de presa muerde, sacude o suelta según las voces de mando de su amo, así también los fiscales cubanos incoan expedientes, acusan de modo formal y piden años de prisión (o, por el contrario, archivan la denuncia recibida) de estricta conformidad con las órdenes emanadas de los centros de poder. Son estos últimos ―pues―, y no los fiscales, los que determinarán qué hacer con los “leales” Roberto y Lenier. No creo que en este caso la sangre llegue al río. Pero aunque me considero una “persona de buena voluntad”, que no cuenten conmigo para que actúe como chivato, ni para que solicite a la Fiscalía castrista que los enjuicie. Mejor es que le pidan eso a los porristas que, por sus leves desviaciones del discurso oficial, los acusan públicamente de ser “subversivos”, “plattistas” y “traidores”.

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