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LA HABANA, Cuba.- Si nos atenemos a las explicaciones brindadas por Marino Murillo, el zar de la actualización del modelo económico cubano, con motivo de la próxima implementación de la unificación monetaria y cambiaria en el país, no parece muy transparente el futuro de los trabajadores por cuenta propia. El campo de acción de los cuentapropistas, al igual que el de los cooperativistas y otras formas de gestión no estatal, constituyen los espacios de mercado en nuestra economía, reconocidos en la Constitución de la República y otros documentos como la Conceptualización del Modelo Económico y Social, y los Lineamientos del Partido Comunista. Por tal motivo, la intromisión del Estado en las relaciones comerciales de esos actores debía de ser la mínima, y en la fijación de los precios de sus producciones y servicios debía prevalecer el mecanismo de oferta y demanda. Un principio que, como indica la realidad, cada vez se ha ido cumpliendo menos. Ahora el señor Murillo admite que la devaluación del peso cubano traerá consigo una subida de los precios mayoristas, que son los que pagan los cuentapropistas para adquirir sus insumos y materias primas. Lo anterior, lógicamente, redundará en un incremento de sus costos de producción, y al final en una elevación de sus precios y tarifas. En este sentido el funcionario aseveró que “habría que ver si el mercado les permite que los precios crezcan de manera indiscriminada”. Hasta aquí no hay muchas objeciones al análisis de Murillo. Porque pensar que sea el mercado el que impida la sobredimensión de un precio, en este caso el aplicado por un cuentapropista, es una señal de que otros actores económicos, que pudiera ser incluso una empresa estatal, están participando en una sana competencia. Además, sería una muestra de la aplicación de un mecanismo indirecto para la regulación del mercado, tal y como lo solicitó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, como parte de los principios de la estrategia gubernamental ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Murillo no tardó en desdecirse al expresar que “en la legislación que se está diseñando se les da la facultad a los gobiernos municipales de concertar acuerdos con los trabajadores por cuenta propia en cuanto a los precios que fijan por sus servicios” (Ordenamiento monetario: una medida para mantener una senda ascendente en el desarrollo del país, periódico Granma, edición del 15 de octubre). Semejante razonamiento califica como un giro de ciento ochenta grados con respecto al planteamiento anterior. Porque en esta circunstancia hay injerencia gubernamental, se ignora el espacio del mercado, y por último el mecanismo indirecto de regulación se sustituye por otro de franco carácter administrativo. Como parte de su explicación, el señor Murillo enumeró otras medidas que se estudian, y que podrían hacer que los costos de producción de los cuentapropistas fueran más bajos, y en consecuencia también sus precios. Entre esas disposiciones estarían una rebaja en las cargas tributarias, así como reconocerles un mayor nivel de gastos, que a la postre significaría también un menor impuesto a pagar. Pero el señor Murillo nada dijo acerca de los vales y facturas que se les exigen a los cuentapropistas para reconocerles la totalidad de los gastos en que incurren en la adquisición de sus insumos y materias primas. De continuar el desabastecimiento en los mercados formales del país, los cuentapropistas deberán acudir cada vez más a la economía sumergida para acceder a esos insumos. Y, por supuesto, la economía sumergida no emite vales ni facturas. Como vemos, los argumentos de Marino Murillo no son claros con respecto a la actitud gubernamental hacia un asunto de suma importancia, como lo es el precio de los productos y servicios que apliquen los trabajadores por cuenta propia. Nuevamente la incertidumbre se abre paso. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

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Crece la incertidumbre para los cuentapropistas