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Multan con 8 000 pesos a panaderos en La Habana “por ilegalidades”

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MADRID, España.- El régimen cubano impuso multas de hasta 8 000 pesos a trabajadores de panaderías en el municipio capitalino La Lisa por ilegalidades.

Según informó esta semana el Gobierno Provincial del Poder Popular de La Habana, se realizó un operativo el pasado 23 de octubre en las panaderías La Milanesa, La Pionera, Nueva Lisa, La Elena, Plaza de Mayo y Nueva Joya.

De acuerdo a la nota oficial estas panaderías tenían mercancías retenidas no expuestas en áreas de venta; violaban la norma en el producto pan normado de 80 gr y la totalidad de las pesadas resultaron muy por debajo de las normas; e incumplían los planes de producción sin justificación.

En el caso de La Milanesa, las autoridades cubanas dijeron que tenían retenido en almacén el producto salsa condimentada y un sobrante de 92 litros de petróleo.

En La Pionera “se detectó la violación de norma de pan normado de 80 gr. Se realizaron 13 pesadas, todas por debajo del rango establecido, oscilando su peso entre 40 y 48 gr por unidad”, indica el documento.

Según documentación primaria, se dejaron de elaborar 2 606 unidades de pan de 80 gr, equivalente a 154.37 Kg de harina de trigo, no encontrándose el producto terminado, ni la materia prima en la unidad; y se comprobó en la caja fuerte de la oficina del administrador, un efectivo ascendente a  3 395 pesos sin respaldo documental de venta.

En La Elena se encontraron faltantes y sobrantes en almacén tales como, harina de trigo (-44,8 kg), levadura (-2 kg), aceite (+ 11.6 kg) y sal (+12.3 kg) y se comprobó un efectivo ascendente a 2000 pesos sin respaldo documental de venta.

Tras el operativo las autoridades decidieron solicitar medidas administrativas y cambios inmediatos de administradores de las panaderías.

La mayoría de los cubanos accede al pan a través de la libreta de abastecimiento, que garantiza uno diario por consumidor. Históricamente, la calidad de este producto ha sido cuestionada debido a la falta de los ingredientes esenciales para su fabricación.

La escasez de pan para la población contrasta con su abundancia en las llamadas tiendas en moneda libremente convertible, en hoteles y otros centros turísticos.

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Elevadas multas a cubanos por colocar carteles antigubernamentales en Baracoa

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MADRID, España.- Un grupo de cubanos residentes en Baracoa, provincia de Guantánamo, denunciaron a CubaNet que el régimen les ha impuesto elevadas multas tras acusarlos de colocar carteles antigubernamentales en esta localidad.

El activista Yoel Acosta Games, uno de los entrevistados por este medio, precisó que en el año 2021 pagó 48 500 pesos de multas y en lo que va de este ya ha pagado 9 000 pesos de multa. 

“El año pasado fui advertido, citado, amenazado y multado en varias ocasiones injustamente. Dicen que yo soy el promotor de poner carteles y que les pago e incito a otros para que los pongan”, relató Acosta Games. 

Por su parte, Alejandro Jiménez Blanco, de 41 años, esta semana, llegando a su casa, fue interceptado por un agente de la Seguridad del Estado, por “un tema de unos carteles que aparecieron hace seis meses en los Bomberos”.

Según le dijeron, había dado positivo en una prueba letrada realizada en laboratorio. 

Jiménez Blanco fue multado con 150 pesos, acusado de “manifestación y propaganda enemiga”. 

“En el momento de citarme, el agente de la Seguridad del Estado me dijo que lo que tenían eran ganas de buscarme y arrastrarme hasta la delegación”, denunció. 

Mientras que Luis Alfredo Pérez Paján, también residente en Baracoa, aseguró que en los últimos cinco años ha pagado más de 50 000 pesos de multas. 

“Me chantajean y me han puesto numerosas multas porque yo pongo carteles en contra del régimen y de esta dictadura y por manifestarme en la calle”, expresó el entrevistado.

La imposición de multas es uno de los tantos métodos empleados por el Gobierno cubano para reprimir a los activistas y coaccionar a quienes exijan libertad de expresión. 

Por otro lado, esta semana trabajadores del sector privado en el municipio Habana Vieja, denunciaron ante las cámaras de CubaNet estar sufriendo “asedio y hostigamiento” por parte de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

El chofer de bicitaxi Antonio Font Carreño, quien fue multado con 500 pesos por parar a saludar a una persona, cuestionó: “¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo estas cosas en este país, con la situación tan crítica que hay, con los problemas tan grandes que tiene este pueblo? Están trabajando para que este Gobierno se caiga porque cada día irritan más al pueblo”.

Así como consideró “injusta y arbitraria” la imposición de la multa por parte de una funcionaria de la Dirección Integral de Supervisión del municipio Habana Vieja, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley para prevenir indisciplinas e ilegalidades.

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Régimen recrudece ley agropecuaria: Multará con 20 000 pesos a quienes la incumplan

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MADRID, España.- El Gobierno cubano podrá multar con hasta 20 000 pesos a los campesinos que incumplan las recientes “regulaciones para el control y registro del ganado mayor y de las razas puras”. 

La nueva normativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 89 Ordinaria del 24 de agosto de 2022, también establece el decomiso de su ganado. 

Según el documento, el recrudecimiento de la ley se debe a que “las cuantías de las sanciones pecuniarias no cumplen los fines para las que están previstas y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria en el país”.

Serán sancionados con multas de 20 000 pesos los propietarios que “no concurran ante el Registro Pecuario correspondiente, dentro del término establecido, a actualizar los datos relacionados con el ganado mayor”.

Lo mismo ocurrirá a los ganaderos que “posean ganado mayor no declarado, ni oportunamente inscrito en el Registro Pecuario” y “permitan la presencia de ganado mayor o menor de su pertenencia o bajo su custodia en cualquiera de las vías de circulación”. 

Con montos de 5 000 pesos, por cada animal, serán multados quienes trasladen ganado mayor de una finca a otra ubicadas en la jurisdicción de distintos Registros Pecuarios, sin el documento que autorice el traslado.

Mientras que aquellos que compren, reciban, vendan o traspasen ganado mayor sin la autorización correspondiente serán multados con 10 000 pesos por cada animal. 

La nueva legislación precisa que los registradores e inspectores pecuarios y funcionarios del Ministerio de la Agricultura serán los encargados de aplicar estas multas. 

Los ganadores que sean sancionados y deseen apelar tendrán que presentar la apelación ante los delegados municipales y provinciales de agricultura.  

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Multas, confiscaciones y amenazas contra activistas del Partido Autónomo Pinero

Óscar Boicey, Oreidis O. Escalona y David Gómez Sánchez, Partido Autónomo Pinero

LA HABANA, Cuba. — En los últimos días varios miembros del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP) han sido multados, citados o arrestados en la vía pública como parte de operativos de la Seguridad del Estado cubana para hostigarlos por su activismo.

Este 21 de marzo, Oscar Boicey Potrille, vicepresidente del PAP, y Oreidis Oscar Escalona Demar fueron detenidos luego de una reunión ordinaria de la organización y conducidos a la estación de la policía del territorio, donde fueron interrogados sobre las actividades del PAP.

A Boicey unos supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones le impusieron una multa de 3 000 pesos por el Decreto-Ley 370, en virtud del cual le confiscaron igualmente su teléfono celular, una laptop y un disco duro.

De esta forma, Boicey se convirtió en el tercer multado por la también conocida como “ley azote” en la Isla de la Juventud, de un total de 49 multados en todo el país, algunos de ellos sancionados en dos ocasiones, para un total de 54 multas, según la documentación del Proyecto Inventario.

El pasado mes de noviembre, previo a la Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre (15N), otros dos activistas del PAP fueron multados por esta misma disposición legal: Hayro Laborí Pelegrín y David Gómez Sánchez.

Desde su entrada en vigor, el  4 de julio de 2019, la norma es utilizada fundamentalmente contra opositores, activistas y periodistas independientes que divulgan “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad del las personas” (Artículo 68, inciso i), Decreto-Ley 370), o sea, opiniones e informaciones que el gobierno cubano considera negativas o demasiado críticas.

Multa contra Oscar Boicey Potrille, víctima del Decreto-Ley 370
Multa contra Oscar Boicey Potrille, víctima del Decreto-Ley 370 (Foto: Cortesía de la autora)

Aunque Boicey no participó en las protestas antigubernamentales del 11J, el 12 de julio de 2021 le realizaron un registro en su vivienda y le confiscaron una computadora y un televisor.

En el caso de Oreidis Oscar Escalona Demar, denuncia que el asedio en su contra ha aumentado en las últimas semanas. El pasado mes de febrero supo que se encontraba regulado (impedido de viajar al exterior) cuando solicitó la emisión de pasaporte. Las autoridades no le dieron explicación alguna al respecto. El 19 de marzo último le impusieron una multa de 50 pesos cubanos (CUP) por llegar 15 minutos tarde a una citación policial.

Multa contra Oreidis Escalona (Foto: Cortesía de la autora)

Otro de los activistas del PAP, David Gómez Sánchez, fue detenido y amenazado por su activismo durante un viaje a Santiago de Cuba a principios de marzo. En esa ciudad, según declaró el joven a CubaNet, fue interrogado por posibles vínculos con la UNPACU y multado por supuesta actividad económica ilícita. Asegura igualmente que le obligaron a grabar un video como condición para ser liberado:

El oficial de la Seguridad del Estado me “ofreció ayudarme a salir de esta situación a cambio de traicionar mis principios y a mis hermanos de ideas en Isla de Pinos, a lo cual me negué.Me pidió que hiciese un vídeo comprometiéndome a colaborar con ellos. Me negué también. Aquel oficial quería algo de mí y me pidió hacer un vídeo al cual accedí porque si no le daba algo no se iba a ir, ni yo podría salir de aquel sitio, por tanto hice un vídeo donde agradecía a la Seguridad del Estado por ayudarme a salir libre del supuesto delito que cometí. Honestamente, accedí a realizar aquel vídeo porque verdaderamente sentía ganas de llegar a mi destino, había pasado dos días de viaje y otro más en una celda. Me sentí acorralado en una ciudad desconocida y sin familia. Terminé con una multa de 2 000 pesos también”.

A su regreso a la Isla, fue detenido al bajar de la embarcación, esposado y dirigido a la estación de la PNR en donde lo interrogaron nuevamente por su filiación al PAP, una organización que, según le dijeron, está “vinculada a organizaciones terroristas como CADAL”.

“Nuevamente me pidieron que que me alejara del PAP. Les expliqué que en este partido encontré una Familia. Amenazaron a toda mi familia con prisión. Amenazaron con quitarnos a mi niño. Al final me preguntaron qué iba a hacer. Solo les respondí que no podía ser deshonestos con ellos, que seguiría siendo quien soy y que los perdonaba por todo el mal que me hacen. Como no cometí ningún delito, cuando estaba desempacando los maletines, el nasobuco se me bajó y me llamaron la atención, me lo subí y pedí una disculpa, pero al final de esa fue la única justificación que encontraron para imponerme una multa de 2 000 pesos más”, relató.

Multas impuestas a David Gómez Sánchez (Fotos: Cortesía de la autora)

Gómez Sánchez fue de los activistas del Partido Autónomo Pinero más asediados por su apoyo al 15N. Por esos días le realizaron un acto de repudio frente a su vivienda y lo mantuvieron con vigilancia policial y bajo prisión domiciliaria.

Al menos una quincena de activistas del PAP resultaron detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del pasado año, tres de ellos resultaron absueltos en el juicio, incluido su presidente, Ramón Salazar. En cambio, Juan Luis Sánchez González fue sentenciado a tres años de privación de libertad por el supuesto delito de “atentado”.

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Liberan a Saily González y a familia de Andy García, fueron multados y les confiscaron los celulares

Andy García

LA HABANA, Cuba.- La activista cubana Saily González Velázquez, Roxana García Lorenzo, su pareja, Jonatan López Alonso, y sus suegros, Pedro López y Yania Alonso, familiares del preso político Andy García Lorenzo, fueron liberados esta tarde luego de varias horas en paradero desconocido.

Tanto a González Velázquez como a Roxana García Lorenzo, Jonatan López Alonso y su padre, Pedro López, inspectores del Ministerio de Comunicaciones orientados por la Seguridad del Estado le impusieron a cada uno 3 000 CUP de multa en virtud del Decreto-Ley 370, también conocido como “Ley Azote”. Además, a los tres primeros les confiscaron los teléfonos celulares. En el caso de Pedro López le devolvieron su teléfono celular bloqueado.

La familia de Andy García fue detenida en la mañana cuando se dirigían al Tribunal Provincial de Villa Clara, conocido como La Audiencia, para apoyar a Andy García en el último día del juicio. Un oficial de la Seguridad del Estado vestido de civil y en moto paró el transporte en el que se desplazaban y llamó a las patrullas policiales que los detuvieron.

Saily González Velázquez, por su parte, fue arrestada poco después, cuando se dirigía a La Audiencia a entregar los recursos de Habeas Corpus de ellos. “A una cuadra de mi casa vino un carro a toda velocidad, manejaba un hombre, vino también un hombre y una mujer en una moto y otras tres mujeres corriendo, todos vestidos de civil y sin identificarse, me metieron para el carro”, contó a CubaNet vía telefónica.

La joven fue trasladada hacia la prisión La Pendiente, de la misma ciudad. Allí le fue impuesta una acusación por los delitos de “desorden público” y “desacato”, este último por publicar en sus redes sociales “Díaz-Canel singao”. La ex integrante del grupo Archipiélago tiene además abiertas otras dos acusaciones por “actividad económica ilícita” y “receptación”, las cuales les fueron aplicadas como forma de coacción por estar entre los convocantes a la Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre de 2021. De igual forma, le decomisaron un disco duro y los audífonos inalámbricos.

En el caso de Roxana García, Jonatan López, Pedro López y Yania Alonso, fueron trasladados hacia la unidad de Instrucción Penal de Santa Clara; allí fueros separados e interrogados, los requisaron y ocuparon, además, un cartel en donde se leía “Libertad para Andy”, y dos mangas que decían “Cuba. Patria y Vida”.

“La multa nos la puso un agente de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba), y fue porque el Ministerio del Interior nos hizo una denuncia diciendo que se sienten intimidados por nosotros”, relató a CubaNet Roxana García. Asimismo, les ocuparon las líneas telefónicas; la joven denunció igualmente que a sus padres y familiares cercanos les cortaron el servicio telefónico y de internet. “Estamos incomunicados”, añadió.

Entre el 10 y 14 de enero tuvo lugar en Santa Clara el juicio contra Andy García Lorenzo y otros 15 manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 en la ciudad. Aunque solo han permitido la entrada a La Audiencia de un familiar por cada acusado, familiares y amigos apoyaron de manera presencial a las afueras de la edificación, entre ellos Roxana García, su pareja, suegros y Saily González; esta última, además, estuvo reportado el suceso para CubaNet.

Andy García reiteró hace apenas una semana su “confirmación y compromiso ante esta causa, sigo estando puesto y los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar. Y para esta dictadura digo como mismo lo hice el 11 de julio: acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa Isla”.

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Tiendas MLC: los nuevos centros de control para el pago de multas

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LA HABANA, Cuba. — “Te puedo dar un chance para que vayas y la pagues. De lo contrario tengo que llamar a la patrulla, y se están llevando a todo el mundo preso”, fueron las palabras de una funcionaria del Ministerio del Interior (MININT) que, según contó a CubaNet el ciudadano Duniel Orta, escanea el carnet de identidad a los cientos de clientes que pasan diariamente por la tienda Harris Brothers (HB), de la Habana Vieja.

En la puerta de ese Centro Comercial, ubicado en la céntrica calle O’Farrill de la Habana Vieja, un grupo de trabajadores encargados de ordenar las colas que dan acceso a los diferentes departamentos confirman que a lo largo de la semana otras personas no han tenido la misma suerte de Orta, quien pudo saldar la deuda en la Oficina Municipal de Cobro de Multas (OMCCM) y retornar a comprar. Cada jornada, aseguran, “algún que otro cliente sale por la puerta de atrás, con las esposas puestas”.

Hace dos años que las autoridades escanean la identificación de las personas que acuden a los comercios en Moneda Libremente Convertible (MLC) con el propósito de detectar a coleros y revendedores. Desde noviembre pasado, el mecanismo de control también incluye la búsqueda de personas con multas pendientes de pago. Los deudores con multas duplicadas son arrestados mediante la “vía de apremio administrativo”, obligándolos a pagar o comparecer ante los tribunales.

En la Comandancia General de la Brigada Especializada de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), conocida en la ciudad como la estación de Cuba y Chacón, miembros de ese cuerpo represivo dieron a conocer que los detenidos cuentan con 72 horas hábiles para efectuar el pago de la multa. De no traer consigo el dinero requerido, el pago puede ser efectuado por un familiar. Vencido el plazo se formula la denuncia que da inicio al proceso penal.

“Si tienen dinero para comprar en MLC, tienen que tener para pagar la multa. No se justifica que no lo hagan. Si realmente existe algún motivo para no haber pagado, no tienen de qué preocuparse, porque en el juicio se van a poder defender”, explicó un Sargento de Segunda en la unidad de Cuba y Chacón.

Cuba y Chacón, estación policial que acoge a los detenidos en la Habana Vieja (Foto del autor)

Nora Hierrezuelo, trabajadora de la OMCCM en Regla, explicó que el impago de una multa impuesta por infringir las normas de higiene comunal y sanitaria durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 redunda en un presunto delito de Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Comisión de Contravenciones dispuestas en el artículo 170 del Código Penal.

“Pasarían —los infractores— a disposición de un proceso penal, de competencia de los Tribunales Municipales”, dijo Hierrezuelo, quien aclaró que el procedimiento no aplica de la misma manera para los deudores de multas por decretos no derivados de la pandemia.

“Con estas personas se omite el paso de notificación, la advertencia de que si no pagan van a quedar en manos de los tribunales. No es lo mismo que los multados por contravenciones, donde la autoridad competente puede usar el modo de compensación que estime. O sea, actuar de manera profiláctica o aplicar la ley al extremo“, destacó Hierrezuelo.

No obstante, la “vía de apremio administrativo“ se aplica a todos por igual. Ángel Ramos, quien fuera arrestado de manera violenta mientras aguardaba para entrar al mercado de la tienda Rosseland, narra haber tenido que pasar la noche del 21 de noviembre en la estación policial de la calle Zanja —municipio de Centro Habana— por deber una multa —de tránsito— cuyo monto duplicado era de 40 pesos.

Cada jornada, varios clientes son detenidos en las colas de las tiendas en MLC por tener alguna multa pendiente de pago (Foto del autor)

“El carnet saltó —se detectó la multa impaga— y no quisieron devolvérmelo para que me fuera, a pesar que lo imploré. Llamaron a la policía y en menos de quince minutos ya estaba esposado, dentro del patrullero -comentó Ramos-. En las horas que estuve -preso- en Zanja conocí a otro muchacho que habían cogido en La Época, por una multa de 150 pesos. Es una cacería ilógica, abusiva, y sin derecho a réplica”.

La multa pendiente de Ramos correspondía a un Decreto-Ley aplicado en septiembre, por transitar en una motorina sin licencia de conducción. Durante la detención, atendiendo a sus reclamos, los agentes del orden le reiteraron que “sin importar el motivo” -de la multa- “la orientación es que todo el que deba va directo al calabozo, hasta que pague lo que debe”.

En la Plaza Carlos III, un oficial de la PNR -que se identificó como el Capitán Raudel- explicó que “no existen motivos para la morosidad” en los pagos, pues, “para mayor facilidad”, en las unidades municipales de la PNR se habilitaron espacios para que gestores designados por la OMCCM puedan cobrar las multas.

Impagos por rebeldía… y por necesidad

En la OMCCM de la Habana Vieja, Duniel Orta pudo conversar con la gestora de cobro que tramitó el pago de su multa. Según la funcionaria, las detenciones y la coerción sobre los deudores es el resultado de una cadena de impagos que, reconoce, va en ascenso debido a la agresividad de las autoridades a la hora de aplicar la ley.

Aún así, Orta destaca que la mujer recalcó la necesidad de recaudar dinero para el país: “Es mucho el billete que anda regado en la calle, de alguna forma tenemos que recogerlo. Son millones que nuestra oficina puede aportar a los planes del Estado”.

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El pago de las multas constituye una importante entrada económica para el Estado, según han dicho los funcionarios de la Oficina de Control y Cobro de Multas (Foto del autor)

Más de un año pasó desde la aparición de la COVID-19 en la Isla y la creación de un primer paquete de contravenciones -contenidas en el Decreto 14 específicamente para la capital-, en agosto de 2020, estableciendo sanciones administrativas -multas de entre 150 y 500 pesos- que sustituyeron la utilización del delito de propagación de epidemia como método preferencial de sanción.

“Fue un período donde lo importante era crear conciencia, primero educar y luego poner la multa de ser necesario”, resaltó un agente del orden con identidad resguardada. “Muchos hicimos resistencia -a poner multas-, por las necesidades que pasa la mayoría de la gente”.

La aprobación del Decreto 31, en enero de 20121, además de ampliar las contravenciones y extenderlas al resto del país, incrementó el monto de las multas de 2 000 a 3 000 pesos. Como plus, la nueva regulación trajo un cambio de perspectiva en la interpretación de la norma y la severidad con que se comenzó a aplicar. La mayoría de contravenciones impuestas están relacionadas al uso de la mascarilla.

En medio de la severa escasez de alimentos que sufre la población, y el incremento del costo de servicios públicos como la electricidad y el transporte, a muchos sancionados les resulta imposible pagar una multa -de 3 000 pesos- que significa poco más del salario mínimo -2100 pesos- que devenga un obrero.

Oficina de Control y Cobro de Multas (Foto del autor)

A tenor de las consecuencias, no pagar termina siendo la única forma de defensa que tienen una parte de los multados, confiesa Ofelia Cardoso, una exmaestra de 42 años que jubilada por peritaje médico tiene que aprovechar cada centavo de su chequera para cubrir sus gastos básicos y los de su hijo, un estudiante de segundo año de preuniversitario.

“En cualquier momento me tocan a la puerta, sabes, para pasarme la cuenta. Pero tengo que aguantar, somos muchos en la misma situación. Además, es demasiado dinero, 6 000 pesos por una multa -duplicada- que me pusieron arbitrariamente, a la fuerza, por bajarme el nasobuco unos segundos para tomar agua después de cinco horas parada en una cola para comprar pollo”, confesó Cardoso.

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En las tiendas, los funcionarios del Ministerio del Interior denuncian a los clientes con multas pendientes de pago (Foto del autor)

Por su parte, Rubén Rodriguez recordó que el gobierno había anunciado que las multas se podrían pagar por plazos, establecidos en dependencia de las posibilidades económicas de cada deudor. Sin embargo, en la práctica, la supuesta facilidad de pago jamás fue reconocida por las OMCCM.

“Fue una mentira, un engaño para calmar un poco los reclamos de la gente. Saben que lo que hicieron fue masacrar al pueblo. Párate en la calle y pregunta, para que veas, como yo todo el que tiene multas de estas, calientes –altas-, te va a decir lo mismo: Que me metan preso, pero no voy a pagar”, comentó Rodríguez.

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“Multas y más multas”: Denuncian ofensiva estatal contra cuentapropistas en Baracoa

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MIAMI, Estados Unidos. –  Cuentapropistas y pobladores del municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, han denunciado la ofensiva de las autoridades del territorio contra quienes se ganan la vida en la reventa de productos agrícolas.

Las severas multas por supuestas irregularidades en la documentación para ejercer la compra y venta de esos bienes ha provocado que muchos de esos trabajadores hayan perdido sus empleos.

“Nos ponen cuatro y cinco multas al mes. Nosotros no podemos pagarlas porque apenas ganamos un peso en las reventas y para ello tenemos que caminar la ciudad completa. Ni siquiera tenemos un lugar fijo donde revender. Y así hablamos de revolución”, dijo a CubaNet un vendedor baracoense.

Entre los más afectados se encuentran los llamados carretilleros, comerciantes ambulantes que viven de revender sus productos a los productores, una actividad de la que apenas obtienen dividendos.

“En el tema de las carretillas se nos ha maltratado mucho con lo de la documentación. Entendemos que, a los efectos de lo que hacemos, trabajamos como particulares. Le pagamos al estado todo lo necesario, pero los inspectores nos tienen locos con la documentación”, declaró a este diario un carretillero del territorio.

Los vendedores sostienen que es imposible exigir documentación a quienes les facilitan la mercancía, por lo que se convierten en presas fáciles de los inspectores.

“Tenemos que mostrar documentos de lo que se nos vende, pero a nosotros nadie nos da esos documentos. Somos cuentapropistas y le compramos mercancía al que sea. Nos meten multas bien grandes, entre 150 y 1 500 pesos. Ellos están buscando la forma de eliminar todo esto. Y cuando pasan los inspectores lo que hacen es botarnos de donde estemos”, añadió el carretillero.

En ese sentido, los maltratos de los inspectores estatales contra los revendedores de productos agrícolas ha provocado que muchos de ellos dejen de ejercer esa labor.

“Yo era trabajador por cuenta propia aquí, de la agricultura urbana. Tenía un punto muy bonito aquí, de eso vivía”, declaró a CubaNet Miguel Arce, un cuentapropista a quien le cerraron el punto de venta por causa de una multa.

“La patente nos la quitaron a todos y no nos la quieren dar. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Yo llevo como diez años en esto, soy de los más viejos. Son multas y más multas”, cuestionó otro cuentapropista.

Los propios baracoenses han denunciado la situación. Temen que la ofensiva contra los carretilleros termine por dejarlos sin opciones para la compra de alimentos.

“Si nos quitan los carretones estos que nos están resolviendo la vida, nos vamos a morir de hambre”, sostuvo un poblador del municipio.

Otros aseguran que sin carretilleros solo les quedaría ir directamente al campo ha comprarles los alimentos directamente a los productores, con la dificultad añadida de conseguir medios de transporte para moverse hacia zonas intrincadas e intentar transportar las mercancías.

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Joven cubano: “Tendré que ir a pescar al río y comer lo que aparezca”

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MIAMI, Estados Unidos.- El pasado 25 de septiembre agentes de la policía cubana y una inspectora estatal detuvieron al cubano Lenier Matos y lo multaron con 2 000 pesos por vender mercancía para la que no tenía la patente correspondiente, sin embargo, el joven asegura que las autoridades le han negado en varias ocasiones la posibilidad de trabajar.

Según contó Matos a las cámaras de Palenque Visión, además de la multa los funcionarios del régimen le decomisaron todos los artículos de aseo personal que estaba vendiendo.

“Me dijeron que era venta ilícita y que tenían que decomisarme la mercancía. Les dije que entonces me estaban mandado a robar, y yo no quiero ir preso de nuevo, porque yo estoy sancionado, cumpliendo. Salí de la prisión, pero tengo que defenderme poco a poco, salir adelante, tengo un niño, una mujer”.

Cuando fue multado, Lenier Matos estaba vendiendo artículos que el gobierno dice que no tiene porque no sacan en las tiendas. “Champú, desodorante, maquinitas de afeitar, detergente, cepillos, pasta de dientes”.

Según el hombre, “lo que pasa es que quieren vivir a costilla de la gente, porque no se conformaron con la multa, me decomisaron la mercancía”. Además, lamentó, “tengo que pagar un dinero que no tengo y no sé de dónde voy a sacar. Tendré que ir a pescar al río y comer lo que aparezca”.

Hace unos meses “fui al Ministerio del Trabajo a sacar una patente y me dieron la explicación de la COVID-19. Lo entendí, pero estoy cansado de buscar trabajo y nada. Me dijeron que en comunales había una plaza, fui y me dijeron que no”.

Lenier se siente devastado porque si no paga la multa será revocado a la prisión. “No nos dan libertad, esto es violación de derechos, deberían dejarnos vender, menos robar. Te tronchan el futuro. Si yo estoy vendiendo un producto que no es robado, que fue comprado en la tienda, por qué tienen que quitármelo y meterme una multa”, sentenció.

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La Habana: más de 1 700 multas a bañistas por violar restricciones en zonas de playa

MIAMI, Estados Unidos. – Las autoridades de La Habana revelaron este lunes que entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre del año en curso se impusieron en la capital 1 731 multas de 2 000 y 3 000 pesos contra ciudadanos que se bañaron en zonas del litoral.

Durante el último chequeo de rigor el Grupo Temporal de Trabajo (GTT) para el enfrentamiento a la COVID-19 se dio a conocer que los violadores no solo incumplieron las restricciones para enfrentar la pandemia, sino que también pusieron en riesgo a la ciudadanía en momentos en que la provincia exhibe un leve decrecimiento en los índices de transmisión.

El reporte del diario Tribuna de La Habana refiere que las personas multadas fueron sancionadas en virtud del Decreto Ley 31, una de las normativas que regula los protocolos contra el coronavirus en el país.

Las autoridades de la capital señalaron que las violaciones continuaron el pasado fin de semana, con un total de 178 infracciones detectadas. Las zonas de mayor incidencia se ubicaron en los municipios de Habana del Este (63 multas) y Playa (51).

Según el medio oficialista, el Grupo Temporal de Trabajo (GTT) hizo numerosos señalamientos a las autoridades de Playa “por el resquebrajamiento de la disciplina y el orden”.

En ese municipio, las zonas de mayor afluencia de bañistas han sido los tramos de costa cercanos a Primera y 70, La Puntilla, la playita de 16 y La Concha.

Precisa Tribuna de La Habana que tanto Luis Antonio Torres Iríbar, Primer Secretario del Partido en la capital, como el Gobernador, Reinaldo García Zapata, “exigieron mayor rigor tanto a los representantes de los municipios costeros, como a los órganos de inspección y autoridades del orden, e hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas y normas sanitarias, que es la única forma de vencer a la COVID-19”.

Este domingo La Habana confirmó 602 casos de coronavirus y siete muerte por complicaciones asociadas a la enfermedad. Los municipios con mayor transmisión fueron La Lisa (59), Habana del Este (58), Arroyo Naranjo (55), Boyeros (55) y Diez de Octubre (54).

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La Habana: autoridades multarán a quienes jueguen en parques y hagan ejercicios en la vía pública

LA HABANA, Cuba. ─ Las autoridades de La Habana advirtieron sobre el reforzamiento de los controles sanitarios para controlar la COVID-19, una medida que incluirá el endurecimiento de las multas a los ciudadanos que infrinjan los protocolos establecidos.

Durante el Consejo de Defensa Provincial (CDP) de este martes, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, aseguró que “se reforzarán las inspecciones e imposición de multas por violaciones de lo establecido, por ejemplo, juegos y estancia en parques y zona de playa y ejercicios en la vía pública”, reseña el diario Tribuna.

Orestes Llanes Mestre, coordinador del programa de Fiscalización y Control del Gobierno provincial, informó en la reunión que se impusieron 1 472 multas, 74 por violaciones de precios y 807 por el Decreto 31, que establece las medidas higiénico-sanitarias, de las cuales 284 se aplicaron entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

“Deberían preocuparse por abastecer las tiendas en CUC como prometió y no ha cumplido nuestro presidente. Las mayores concentraciones y el mayor peligro está en las colas, no en los parques ni en las personas que hacen ejercicios”, comentó a CubaNet Yadira León, una joven cubana que reside en La Habana.

Este lunes, la capital registró 570 casos confirmados de 8 465 muestras analizadas, para una positividad de 6,73%, según el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP).

Hasta el momento, la provincia acumula 1 641 controles de foco en los 15 municipios. Permanecen ingresados 6 394 pacientes, de ellos 3 843 en hospitales y 1 463 en centros para sospechosos y confirmados.

De los ingresados, 3 019 son casos activos, 3099 con residencia en La Habana. Asimismo, fueron egresados 667 pacientes recuperados.

Desde la entrada en vigor del Decreto 31, las multas de entre 2 000 y 3 000 pesos cubanos han sido utilizadas con frecuencia. Durante 2020, se utilizó la vía penal para sancionar a los ciudadanos, aplicándose el delito de propagación de epidemias a los “infractores”.

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